Las patronales CEOE y Cepyme han emitido este jueves un duro comunicado en el que tildaron de “inaceptable” el borrador para la reforma del mercado laboral que plantea el Gobierno. “Durante la reunión de la mesa tripartita de diálogo social de este jueves, las organizaciones empresariales hemos trasladado la necesidad, para poder seguir negociando, de contar con un planteamiento nuevo por parte del Gobierno, alineado con las necesidades de las empresas y de las personas trabajadoras y de acuerdo con las recomendaciones de país de Bruselas”, indicaron.

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Gobierno y agentes sociales alcanzaron este lunes un esperado acuerdo sobre la reforma de las pensiones, que supondrá el endurecimiento de las penalizaciones a la jubilación anticipada y un aumento (del doble, del 2% al 4%) de las bonificaciones por cada año que el trabajador continúe en activo. De esta forma, según indican fuentes del Ejecutivo, para 2050 el Gobierno busca retrasar en dos años la edad efectiva de jubilación, que actualmente ronda los 64 años y medio. La legal, que ronda los 66 y llegará a 67 en 2027, no se altera. El pacto aún debe ser ratificado por los órganos de CEOE, que lo votarán este martes.

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Este lunes se producirá la esperada reunión entre el Ejecutivo y los agentes sociales en la que las partes aspiran a sellar un pacto sobre el primer paquete de reforma de las pensiones comprometido con Bruselas. En él, tal y como adelantó este medio, se incluye la derogación del factor de sostenibilidad y su sustitución por un “mecanismo de equidad intergeneracional”, aún por determinar, que entraría en vigor en 2027. Inicialmente, las partes iban a darse un año para aprobar el nuevo mecanismo, pero finalmente ese plazo se ha reducido a cinco meses para así incluir la nueva herramienta en el proyecto de ley que el Ejecutivo prevé firmar antes de que termine 2021.

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A partir del próximo 1 de julio entran en vigor las nuevas medidas que regularán el comercio electrónico en el seno de la Unión Europea (UE). El real decreto ley 7/2021, que traspone diversas directivas europeas, cambia el régimen de tributación de las ventas de bienes a través internet en las que los consumidores finales son comunitarios y los vendedores son empresarios o profesionales de otros Estados miembros o de terceros países.

Una de sus principales novedades es que se refuerza la tributación en destino, es decir, que se aplica el IVA del Estado miembro del consumidor final. Algo, que según señala Luis Ernesto Guerrero, abogado fiscalista en Broseta, “obligará a los empresarios a revisar el tipo de gravamen aplicable atendiendo al status IVA del cliente, así como su impacto en el precio y en el beneficio”.

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