La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha hecho pública una sentencia, de fecha 26 de marzo de 2014 (recurso número 61/2013) por la que establece que los deportistas profesionales tienen derecho a la indemnización por finalización de contrato, prevista en el art. 49.1 c) del ET, cuando su contrato no se prorroga por decisión de la empresa. Y ello a pesar de la especialidad de la relación laboral deportiva y de la naturaleza esencialmente temporal de la misma.

La Sala confirma así la sentencia de la Sala de lo Social de la AN de 16 de julio de 2012, recaida en el recurso interpuesto por la Asociación de equipos de ciclismo profesional, estimando que en las relaciones laborales especiales de los deportistas profesionales, incluida la de los ciclistas profesionales, a la finalización de su contrato temporal el trabajador tiene derecho a recibir una indemnización de hasta doce días de salario por año de servicio como establece el Estatuto de los Trabajadores para las relaciones de trabajo ordinarias.

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El secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, ha asegurado este martes que el reglamento que desarrolla la obligación de cotizar por las retribuciones en especie (vales de comida, pluses de transporte, etc.) incluirá «retoques y precisiones» a la norma aprobada el pasado mes de diciembre.

Burgos, en declaraciones a los periodistas antes de intervenir en la Comisión del Pacto de Toledo del Congreso, ha afirmado que este reglamento todavía está en fase de elaboración, pues aún se sigue negociando con los agentes sociales, entre otros interlocutores.

No obstante, el secretario de Estado ha insistido en que la cotización por las retribuciones en especie es una reforma «importante» para el sistema de la Seguridad Social, y también para los trabajadores y para el conjunto del tejido productivo.

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El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), el Instituto Social de la Marina y las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social pagaron, entre el 1 de octubre de 2010 y el 30 de abril de 2013, un total de 341.350 procesos de incapacidad temporal sin contar con los partes médicos acreditativos de la baja, lo que «podría suponer la inexistencia de procesos reales de incapacidad temporal que pudieran estar siendo financiados indebidamente por la Seguridad Social».
Así lo señala el Tribunal de Cuentas en su ‘Informe de fiscalización sobre la gestión y control de la incapacidad temporal por las entidades del sistema de la Seguridad Social’.

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No cotizar por los salarios en especie pactados en los convenios en vigor al menos hasta que estos caduquen es una de las principales peticiones que la CEOE ha transmitido al Gobierno para que lo incluya en el reglamento que desarrollará el decreto que obliga a empresarios y trabajadores a cotizar por ventajas sociales hasta ahora exentas.

El malestar de los empresarios no cede por una normativa aprobada el pasado diciembre que obliga a las empresas a cotizar casi un 31% por las ventajas sociales que conceden a sus trabajadores (vales comida, aportaciones a planes de pensiones, guarderías, etc.), mientras los empleados tendrán que cotizar cerca de un 7%. La medida no afecta a los sueldos que cotizan por la base máxima, aquellos superiores a los 43.164 euros.

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En febrero los servicios públicos de empleo gastaron 2.289,6 millones de euros en prestaciones por desempleo, un 15,8% menos que en el mismo mes de 2013, según los datos publicado hoy por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

El gasto medio mensual por beneficiario, incluidas las cotizaciones a la Seguridad Social y excluyendo el subsidio agrario de Andalucía y Extremadura, se situó en 852,2 euros, lo que supone un descenso de 64,7 euros (-7,1%) sobre el mismo mes del año 2013.
La cuantía media bruta de la prestación contributiva percibida por beneficiario alcanzó en febrero los 823,3 euros, con un descenso de 37 euros sobre el mismo mes de 2013 (-4,3%).

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