La ‘tarifa plana’ de 100 euros para contratos fijos de la que pueden hacer uso las empresas o autónomos ha beneficiado a un total de 158.107 trabajadores desde su puesta en marcha, el pasado 25 de febrero, según ha anunciado este martes la ministra de Empleo, Fátima Báñez, durante la presentación del proyecto ‘Ilunion’ de la ONCE.

Esta ‘tarifa plana’ permite a las empresas contratar nuevos trabajadores de forma estable cotizando a la Seguridad Social 100 euros al mes por contingencias comunes durante los dos primeros años.

La reducción supone un ahorro medio para el empleador de cerca del 75% de la cotización por contingencias comunes. Aplicada a un sueldo bruto anual de 20.000 euros, la ‘tarifa plana’ implica a las empresas un ahorro de 3.520 euros anuales en la cotización a la Seguridad Social por cada nuevo empleo creado.

Una vez pasados los dos primeros años, las empresas de menos de 10 trabajadores pueden beneficiarse disfrutar durante 12 meses más de una reducción del 50% en la cotización por dicha contingencia.

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A finales de 2010, los trabajadores autónomos lograron por fin una de sus demandas históricas:que el Gobierno creara un sistema de prestación por desempleo para el colectivo, que se denominó prestación por cese de actividad. Desde entonces estos trabajadores pueden cotizar por esta contingencia para cobrar una ayuda en el caso de que su negocio no vaya bien y tenga que cerrar. Sin embargo, el éxito de dicha prestación no ha sido el que se esperaba.

Desde el primer año de cobro, que fue 2012 (tienen que cotizar al menos 12 meses antes de tener derecho a cobrar, igual que los asalariados) el número de autónomos que cotizan por cese de actividad está siempre en el entorno de los 650.000 aproximadamente, poco más del 20% del total del colectivo.

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Las nóminas de los trabajadores deberán incluir desde este miércoles un importante cambio: además de recoger la base de cotización y el tipo de retención del IRPF y cotizaciones aportadas por el empleado, también reflejarán la aportación del empresario a la Seguridad Social. Así se contempla en una orden ministerial publicada el martes en el Boletín Oficial del Estado, disposición que entró el miércoles en vigor. Aún así, según el Ministerio de Empleo, las empresas tendrán un perioodo de seis meses para adaptar su sitema el nuevo modelo de nómina.
Hasta ahora, en los recibos de los salarios de los trabajadores únicamente se reflejaba la aportación del empleado: por contingencias comunes (un 4,70% para todos los trabajadores) y desempleo y formación profesional (un 1,55% en el caso de los trabajadores con contrato indefinido y un 1,% para los que tienen contrato temporal). Es decir, solo aparecía en la nómina la aportación del trabajador para financiar las pensiones, las ayudas por desempleo y las acciones de formación profesional que financia el Estado.
Ahora, además de lo que aporta el trabajador, también se deberá incluir la de la empresa, esto es, el 28,3% por contingencias comunes; el 5,5% en contratos indefinidos por desempleo ( 6,7% en caso de trabajadores temporales, independientemente de si tiene jornada completa o a tiempo parcial); la cotización para el Fondo de Garantía salarial (0,2%); y Formación Profesional (0,6%).
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El número de convenios colectivos con efectos económicos registrados hasta el 31 de octubre ascendió a 1.432, lo que supone un incremento del 2,87% respecto a octubre del pasado año, con efectos sobre 4.327.072 de trabajadores, un 2,81% más que hace un año, y 617.297 empresas, un 23% más.

La variación salarial media pactada para este año y calculada con la información disponible al final de octubre por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social es del 0,57%. En los convenios de empresa, dicha variación se sitúa en el 0,45%, mientras que para los convenios de ámbito superior asciende al 0,58%.

Del total de convenios registrados hasta octubre, el 71% son de empresa, y afectan al 6,9% del total de trabajadores (297.497). El 29% restante corresponde a convenios de ámbito superior al empresarial, e integran al 93,1% de los trabajadores (4.029.575).

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La Sala de lo Social del TS ha dictado una sentencia de fecha 23 de junio de 2014 (recurso número 1233/2013, ponente señora Calvo Ibarlucea), por la que establece, en unificación de doctrina, la aplicación de la prorrata al tiempo de convivencia, exista o no otro beneficiario, de la pensión de viudedad de la ex esposa del causante, separada legalmente y que no era beneficiaria de pensión compensatoria a su favor, entendiendo que pese a la reforma del art. 174.2 LGSS, se mantiene el mismo sistema de cálculo anterior.
La sentencia, señala que la «tesis atributiva» conforme a la cual se aplica la regla de proporcionalidad en la determinación de la cuantía de la pensión, no limita su aplicación al caso de concurrencia de beneficiarios para distribuir entre ellos el importe de la prestación, sino que opera en todos los supuestos de crisis matrimoniales como un criterio de asignación del derecho en función del tiempo convivido. De ello extrae las siguientes conclusiones en cuanto al régimen aplicable: a) las normas sobre la base reguladora y el porcentaje siguen siendo las mismas antes y después de la reforma; b) la norma sobre el tope, en función del importe de la pensión compensatoria perdida debe excluirse; la remisión solo puede operar sobre la regla relativa a la prorrata en caso de crisis matrimoniales, norma que ha sido derogada por la Ley 40/200 y sustituida por el criterio distributivo que recoge ahora el nuevo art. 174. 2 LGSS. La cuantía de la pensión calculada en función del tiempo convivido introduce una ponderación en atención a la duración de la convivencia, ya se trate de una ponderación atributiva o distributiva; afirmación ésta que para el Supremo implica entender que, tanto antes [...]