Tumbar los acuerdos salariales es el principal objetivo de las empresas que negocian con sus empleados la inaplicación de algún apartado de los convenios colectivos. El 94% de las compañías catalanas que consiguió uno de estos pactos este año lo hizo para modificar los sueldos, según ha denunciado este martes CC OO.

Un total de 9.139 trabajadores se vieron perjudicados entre enero y septiembre de 2014 en Cataluña por 220 expedientes de inaplicaciones, según los datos del Registro de convenios y acuerdos colectivos (Regcon). De estos, 206 abrieron la puerta a que se dejara de respetar las cuantías salariales pactadas, una medida que afectó a 7.806 empleados. El sistema de remuneración fue la segunda condición que más se dejó de cumplir: 75 expedientes (34%) y 1.232 trabajadores (14%). Le siguieron las jornadas laborales: 19 expedientes (9%) y 2.125 asalariados (23%).

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La Seguridad Social pretende utilizar la aplicación del nuevo sistema de liquidación de cuotas sociales, por el que las sociedades recibirán una factura con el cargo de las cotizaciones a pagar en lugar de proceder a su autoliquidación, para evitar que las empresas hinchen el número de días de baja por enfermedad de los trabajadores y así reducirse el pago de cotizaciones que se compensan.
Según señaló este martes en un acto en el Colegio de Economistas el Secretario de Estado, Tomás Burgos, la Tesorería diseña un nuevo protocolo para controlar las situaciones de incapacidad temporal (IT) que absorben al año un gasto de casi 1.200 millones. De esta forma, se sigue las recomendaciones del Tribunal de Cuentas que hace unos meses denunció que entre octubre de 2010 y diciembre de 2012 se habían producido 1,9 millones de bajas laborales (el 64% del total) sin control por «la falta de comprobación». El coste estimado para el sistema público fue al menos de 1.185 millones.
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La AP A Coruña ha dictado una sentencia, de fecha 6 de junio de 2014 (recurso número 333/2011) por la que desestima la pretensión de declaración de nulidad de un contrato de permuta financiera de tipos de interés con base en un pretendido error en el consentimiento, pues no estima acreditado un error invencible por parte del administrador de la empresa que los suscribió.
Según la sala, el hecho de que el contraso indicase clara y destacadamente en su encabezamiento un «Aviso importante sobre el riesgo de la operación», se efectuase un test de idoneidad y hubiese firmado el contrato en todas las páginas, solo deja como posibilidad de que desconociese dichos avisos y condiciones es que lo hubiese firmado sin leerlas, lo que supondría una omisión de la diligencia mínima exigible a un empresario.
La sentencia de la AP A Coruña
Los argumentos de la Sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado señor Brañas Santamaría, se contienen principalmente en los siguientes fundamentos de derecho:
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Un tercio de las ofertas de empleo especifican la edad que debe tener el candidato para optar a ese puesto. De estas ofertas solo un 6% van dirigidas a mayores de 45 años y el 7,7% a menores de 24 años, según los datos de un estudio de Adecco e Infoempleo con datos del Ministerio de Empleo y el análisis de más de 765.000 ofertas de empleo publicadas en España.
Llama la atención que precisamente los mayores de 45 años representan el 42% de los desmpleados y sin embargo son el grupo de edad menos demandado. Solo lo superan los mayores de 55 años, cuyo caso es aún más llamativo ya que apenas el 0,5% de las ofertas que especifican una edad reclaman a este colectivo de trabajadores.
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El abogado general del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), Yves Bot, ha dictaminado este jueves que el método de cálculo de las pensiones de incapacidad previsto en la legislación española vulnera la normativa comunitaria porque penaliza a los trabajadores a tiempo parcial y discrimina así indirectamente a las mujeres.
El dictamen del abogado general responde a un litigio contra la seguridad social iniciado por una trabajadora española que en 2010 solicitó una pensión de incapacidad. Había cotizado 39 años, de los que sólo durante 3 años y 10 meses trabajó a tiempo parcial y durante tres no ejerció ninguna actividad profesional. Su pensión por incapacidad permanente se fijó en el 55% de la base reguladora mensual, que ascendía a 347 euros. La interesada recurrió alegando que la base reguladora de su pensión debía ser de 763 euros. El litigio ha acabado ante el Tribunal de Justicia de la UE.
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