La privacidad de la información sobre clientes y empleados es un factor que las empresas han de cuidar para asegurar la confianza y evitar ataques informáticos que puedan secuestrar o filtrar esa información. Con la entrada en vigor del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) en mayo de 2018, la necesidad de mantener la privacidad se convertirá en una obligación y cualquier infracción podría ser multada con hasta 20 millones de euros o el 4% de la facturación anual del negocio.
Pero la realidad revela que estas sanciones no son suficientes para promover la adaptación, ya que un 70% de compañías europeas asegura que no logrará cumplir a tiempo con la normativa, según un informe de la entidad especializada en almacenamiento y procesamiento de datos NetApp Iberia.
Esta normativa también se aplica a la pequeña y mediana empresa que, ante el nuevo cambio de paradigma, se ha de adecuar con cierta rapidez a las nuevas exigencias. Entre ellas, destacan la obligación de informar sobre posibles infracciones o ataques y el nombramiento de un delegado de protección de datos en aquellas compañías que manejen datos sensibles o bases de información periódicas.

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Una reciente sentencia del Tribunal Supremoha establecido que el despido de un empleado que ha rechazado reincorporarse a un puesto en una localidad distinta, tras una excedencia voluntaria, es improcedente. En consecuencia, si la empresa decide extinguir su contrato deberá pagarle la indemnización correspondiente al despido improcedente, pero no tendrá que abonarle los salarios de tramitación puesto que el empleado había rechazado la propuesta de la empresa por lo que no se había reincorporado a la empresa.

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La entidad considera procedente la aplicación del 2,2% y propone ampliar el periodo que se tiene en cuenta para calcular el tipo de cotización a medio plazo.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) cree que es correcto aplicar el tipo mínimo de cotización (2,2%) que establece la ley para calcular la cotización por cese de actividad de los autónomos, porque si se aplica la fórmula que establecen los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2017 el tipo de cotización es inferior a este mínimo.

La prestación por cese de actividad de los autónomos (el paro de los autónomos) se financia de forma exclusiva con la recaudación que el sistema obtiene con la cotización que, de forma voluntaria, realizan los trabajadores por cuenta propia que apuestan por cotizar por cese de actividad.

Anualmente, para garantizar la sostenibilidad financiera del paro de los autónomos, en la Ley de PGE cada año se revisa esta cotización por cese de actividad teniendo en cuenta la evolución de los ingresos y gastos del sistema. Además, en los Presupuestos se establece un tope máximo y mínimo de cotización.

Según la AIReF, no hay riesgos de la sostenibilidad financiera del paro de autónomos «a medio plazo», a pesar de la reducción del número de cotizantes, que ha estado motivada por la entrada en vigor de la voluntariedad en esta cotización y por la mejora de la actividad económica.

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En muchas ocasiones lostrabajadores por cuenta propia viven con el miedo de ponerse enfermos y causar baja porque esos días no generarán ingresos. Sin embargo, la incapacidad temporal es una prestación contributiva de la Seguridad Social y está pensada para dotar a los trabajadores de una retribución durante una baja por enfermedad común o por un accidente laboral. ¿Es una remuneración suficiente? ¿De qué cantidades estamos hablando? ¿Qué papeles o gestiones debo realizar para acceder a esta cobertura?

En caso de caer enfermo por una gripe u otro tipo de enfermedad común, se cobrará un subsidio que asciende al 60% de la base reguladora entre el cuarto y el vigésimo día de baja y del 75% a partir del vigésimo primero. Si la baja es por accidente laboral, la prestación asciende al 75% de la base reguladora desde el primer día.

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Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha condenado con un año y once meses de prisión y dos años de inhabilitación a un funcionario de la Tesorería General de la Seguridad Social por un delito de revelación de secretos. La sentencia, de 27 de septiembre, confirma la resolución de la Audiencia Provincial de Barcelona y considera probado que este funcionario en activo facilitó gratuitamente a un amigo determinados datos personales sobre la vida laboral o la afiliación que obraban en las bases informáticas a las que tenía acceso.

Utilizando su fuente de información en la Administración Pública el coacusado conseguía, con la venta de los datos que este le facilitaba, recibir diversas cantidades, entre ellas las entregadas por una mujer que trabajaba como detective privado, que también resultó condenada. Se trataba sobre todo de datos relativos a la situación de afiliación o el histórico de la vida laboral del afectado, por los que se embolsaba diversas cantidades, de 50 a 150 euros. Si los datos a obtener eran la relación de trabajadores dados de alta en una empresa el precio era de 300 euros cada diez trabajadores.

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