El complemento de ayuda para la infancia (CAPI) es un extra que perciben todos aquellos beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV) con hijos menores a su cargo sin necesidad de solicitarlo aparte, pero al que también pueden tener acceso otros ciudadanos con bajos ingresos. Eso sí, se deben cumplir ciertos requisitos.

El complemento, incluido dentro de un plan de lucha contra la pobreza infantil, varía según el número de menores de edad que forman parte de la unidad familiar de bajos ingresos y de sus correspondientes edades. Así, por niño de hasta tres años se otorga 115 euros mensuales; 80,5 euros por cada pequeño de entre 3 y 6 años y 57,5 euros al mes por cada hijo de entre 6 y 18 años.

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El Tribunal Supremo ha avalado que los bares y restaurantes que tuvieron que parar su actividad con motivo de la declaración del estado de alarma por la crisis sanitaria de la covid-19 paguen menos impuestos. Así lo ha acordado la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal en dos recientes sentencias en las que establece jurisprudencia al determinar que las empresas de restauración y hostelería que tuvieron que echar el cierre temporal por el confinamiento se deben beneficiar de una reducción de la cuota del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), que exigen los ayuntamientos, proporcional al tiempo que vio su negocio paralizado.

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El Tribunal Superior de Justicia de Illes Balears ha declarado nulo el despido de un marmolista que enfermó por exposición al polvo de sílice, y que meses antes había exigido la adaptación de su puesto de trabajo a su condición médica. La justicia revoca el despido por considerarlo un ataque a su derecho fundamental de exigir una tutela judicial efectiva. En consecuencia, la empresa tendrá que readmitir al empleado y abonar a su favor los salarios de trámite.

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La aparición de su nombre y DNI en el acta liquidación que la Agencia Tributaria dirigió contra su cuñada es lo que ha llevado a una particular a pedir al Tribunal Supremo que aclare si Hacienda vulnera la protección de datos con este tipo de prácticas. La confidencialidad de la información personal es una obligación que deben cumplir todas las personas físicas y jurídicas, así como administraciones públicas desde que se aprobó la ley de protección de datos en 2018, que además contempla matices.

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