La Agencia Tributaria comprobó el 72% de lasdeducciones por maternidad, pero en cambio no actuó de ninguna forma ante el 70% de las reducciones por rendimientos de capital inmobiliario declaradas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

Así se desprende de un informe del Tribunal de Cuentas que analiza los beneficios fiscales declarados ante Hacienda durante el año 2015, y en el que advierte del desigual control de estas desgravaciones, así como de la ausencia de estudios previos ni seguimiento posterior sobre las mismas.

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El pasado sábado, el último BOE del año publicó hasta siete reales decretos con medidas fiscales que suman más de 1.000 páginas con cambios tributarios. Sin embargo, no se incluyó la ya tradicional prórroga anual del impuesto sobre el patrimonio. Así, 1 de enero de 2018 desapareció virtualmente el impuesto sobre el patrimonio en España. Eso dice la legislación vigente. Los contribuyentes afectados por este tributo no deben cantar victoria. Hacienda tiene margen para rectificar. El impuesto sobre el patrimonio es un tributo que se suprimió en 2008 y que se recuperó con carácter “temporal” a partir de 2013. Desde entonces, cada año, Hacienda ha pospuesto su eliminación en los Presupuestos Generales correspondientes y, si no se aprobaban las cuentas, a través de un real decreto en diciembre. Así se hizo, por ejemplo, para el ejercicio 2017. Sin embargo, para 2018, nada de esto ha sucedido y el año ha empezado sin que se haya prorrogado el tributo. Hoy, la ley dice que desde el 1 de enero de 2018 el impuesto sobre el patrimonio está bonificado al 100% en toda España y nadie debe pagarlo.

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Nunca un plan de vivienda ha entrado plenamente en vigor el día 1 de enero del primer año de vigencia. El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, anunció que en esta ocasión con el plan 2018-2021 sí sería posible porque el Gobierno decidió prorrogar para 2017 el programa de ayudas anterior, el 2013-2016. Por primera vez había tiempo suficiente para acordar con la oposición y las comunidades autónomas las nuevas ayudas públicas a la compra o alquiler de casa. Y, sin embargo, finalmente, no podrá ser.

El Ministerio de Fomento aún confía en que los primeros trámites que restan para que el programa plurianual pueda ser efectivo se aprueben a lo largo del mes de enero, pero aun así restará celebrar una conferencia sectorial con todas las comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias en materia de vivienda. Fuentes del Departamento que dirige De la Serna explican que primero ha de aprobarse en Consejo de Ministros el real decreto, después deberán autorizarse las cuantías de las ayudas, a continuación convocar la conferencia sectorial y, por último, suscribir uno a uno los convenios con cada comunidad.

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Un juzgado de Barcelona limita la capacidad de la Administración Pública para embargar los bienes particulares de un administrador para cobrar las deudas de una sociedad en concurso de acreedores.

Cobrar la deuda de una compañía en quiebra embargando los bienes personales del empresario o administrador de una sociedad no va a ser tan fácil para Hacienda o la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), ya que un juzgado de lo contencioso administrativo de Barcelona acaba de limitar esta facultad, obligando a la institución pública de turno a que demuestre que realmente se trata de un concurso culpable antes de empezar a embargar el patrimonio particular del gestor, según explica Juan Luis Pedemonte, socio y codirector del departamento de procesal y arbitraje de RSM.

Hacienda, al igual que otros organismos de la Administración Pública, siempre han tenido la condición de acreedores preferentes cuando una empresa quiebra. Pero sus prerrogativas legales iban mucho más allá. En una interpretación amplia de la norma, estas instituciones se habían otorgado la prerrogativa de calificar como culpable un proceso de insolvencia cuando la empresa lleva varios meses sin estar al día con sus obligaciones fiscales o sin atender las cuotas de la Seguridad Social. Automáticamente, esto supone atribuir la responsabilidad patrimonial al administrador, que debe responder con sus bienes de las deudas que no logren cubrirse con la liquidación de la compañía.

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Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea han aprobado las normas que regirán los pagos y cobros del Impuesto del Valor Añadido (IVA) en las transacciones internacionales, tanto dentro del ámbito de los 28 como fuera del mismo.

El paquete de medidas persigue la unificación de portales para gestionar las transacciones, tanto entre países miembros como los extracomunitarios. Busca dos claros objetivos: evitar el fraude fiscal y facilitar la tramitación que tienen que realizar las pymes, de cara a desarrollarse en el mundo del comercio electrónico.

Una de las principales medidas es la creación de una web a modo de ventanilla única. Así, cada compañía realizará en un solo lugar todos los trámites relativos al IVA de las ventas a distancia efectuadas dentro del club comunitario, aunque sea en países diferentes.

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