El Tribunal Supremo ha aclarado las dudas existentes en torno al plazo para emitir la factura rectificativa que minora la base imponible del IVA (el importe al que se aplica el tipo de gravamen para determinar la cuota) y la cuota inicialmente repercutida. En una reciente sentencia (que puede consultar aquí) de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, el alto tribunal resuelve el litigio suscitado por dos entidades que firmaron una venta de parcelas con previsión de modificación del precio, al alza o a la baja, en función del futuro de los planes urbanísticos que las regían.

Al cumplirse la eventualidad prevista en el contrato que permitía la reducción de la base imponible y de la cuota de IVA repercutida, el vendedor emitió una factura rectificativa. El debate, sin embargo, se sitúa en torno a si lo hizo válidamente en plazo o no.
Dos términos sucesivos
La normativa del IVA contempla la posibilidad de modificar la base imponible, entre otros supuestos, cuando quedan sin efecto las operaciones gravadas o cuando se altera el precio después de haberse efectuado la operación.

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Que todos los testamentos que se otorguen en los dominios de la Monarquía española contengan una cláusula de manda forzosa de doce reales de vellón en las provincias de la península é islas adyacentes, y tres pesos en las de América y Asia (…)”. Así rezaba el decreto de 3 de mayo de 1811 que aprobaron lasCortes de Cádiz y que establecían la Manda Pía Forzosa, el antecedente del impuesto sobre sucesiones y donaciones actual.

Gravar las herencias sigue siendo una práctica habitual en la mayoría de Estados modernos y se ha justificado para fomentar la igualdad de oportunidades. Establecer impuestos sobre lo que uno ha recibido sin esfuerzo personal ha sido defendido, por ejemplo, por teóricos del liberalismo como John Stuart Mill.

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La AP de Cantabria ha confirmado la condena a siete meses de prisión y 350.000 euros de multa al administrador único de dos empresas por no declarar unas ventas y dejar de abonar así la cuota del impuesto de sociedades.

De esta forma, el tribunal de apelación confirma la sentencia del Juzgado de lo Penal nº 2 de Santander, que le consideró autor de un delito contra la hacienda pública pero le absolvió de otros tres delitos de los le venían acusando tanto la Fiscalía como la Agencia Tributaria.

Según el relato de hechos, el acusado era el administrador único de dos empresas: una dedicada a la construcción de grúas y otra encargada de su montaje.

Así, en el ejercicio 2004, la segunda declaró haber vendido a terceros 60 unidades por un importe de 1,14 millones de euros, mientras que la primera, la que se encargaba de fabricarlas y que tenía a aquélla como único proveedor, sólo declaró la venta de treinta y dos.

La empresa no declaró la venta de 28 grúas valoradas en un millón de euros, por lo que la cuota que dejó de ingresar en concepto de impuesto de sociedades asciende a 350.000 euros.

Contra la sentencia presentaron recurso el condenado y también el ministerio fiscal y la Agencia Tributaria, quienes reclamaban que fuera también considerado autor de otros tres delitos fiscales: dos por impago del IVA y un tercero por impago de impuesto de sociedades de 2005.

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Hacienda mira con recelo el bitcoin y las monedas electrónicas. La facilidad para escapar al fisco llevará a la Agencia Tributaria (AEAT) a centrar parte de la lucha contra el fraude en las divisas digitales apoyadas en la blockchain, descentralizadas y más difíciles de rastrear.

En el Plan de Control Tributario 2018, la ‘guía maestra’ que marcará las acciones del año, en uno de los apartados, el de “Prevención y represión del contrabando, narcotráfico y blanqueo de capitales”, afirma que “la utilización por el crimen organizado de la internet profunda, o deep web, para el tráfico y comercio de todo tipo de bienes ilícitos, así como el empleo de criptomonedas tipo bitcoin o similar como medios de pago, es uno de los desafíos más exigentes en la actualidad”.

¿Cómo afrontarlo? Más control. “Se potenciará el uso por las unidades de investigación de la Agencia Tributaria de las nuevas tecnologías de recopilación y análisis de información en todo tipo de redes”, sigue el Plan, publicado en el BOE este martes.

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El Real Decreto 1071/2017, de 29 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento General de Recaudación, introduce para facilitar el embargo de depósitos y cuentas en las entidades de crédito, extiende el prodedimiento a todos los bienes y derechos existentes en la entidad y no sólo a los que consten en la oficina a la cual iba dirigido el embargo de la Administración Tributaria, tal y como venía ocurriendo.

También, se establece una medida equivalente para el embargo de valores depositados. En este caso, se habilita que las diligencias de embargo de créditos a corto plazo y de sueldos y salarios puedan ser objeto de presentación telemática cuando así se convenga con el destinatario, en términos similares a la ya existente para el embargo de cuentas y depósitos bancarios.

Por otra parte, la prohibición legal de disposición de determinados bienes inmuebles por las sociedades en aquellos casos en que se haya embargado determinadas acciones o participaciones de las mismas, implica el establecimiento de un mecanismo de inscripción registral de dicha prohibición, a cuyos efectos se introduce la posibilidad de realizar una anotación preventiva de dicha prohibición en el Registro de la Propiedad correspondiente.

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