Cataluña es la comunidad autónoma donde las rentas hasta 30.000 euros pagan más por el IRPF. El motivo reside en que esta comunidad tiene fijado el tipo mínimo en el 12%, muy por encima del 9,5% que poseen las 17 de media. Además, todas las autonomías que han puesto el tipo mínimo por encima del promedio lo han dejado en el 10% salvo Cataluña. Estas son Andalucía, Aragón, Asturias, Murcia y la Comunidad Valenciana. Y eso deja a las rentas bajas catalanas como las que mayor presión fiscal sufren por este impuesto, según el Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral 2018, publicado este lunes por el Registro de Asesores Fiscales del Consejo General de Economistas. Las comunidades tienen capacidad legislativa sobre la mitad del impuesto de la Renta, y pueden modificar tarifas, algunos mínimos exentos, deducciones y bonificaciones.
El caso catalán se antoja claramente llamativo porque se desmarca de todas las demás. Mientras que la mayoría ha ido adaptando los tipos a la rebaja del impuesto que hizo el Estado central, la Generalitat los ha dejado igual que antes. Para una renta de 16.000 euros de un contribuyente soltero sin deducciones ni hijos ni discapacidad, en Cataluña abona 1.611 euros frente a los 1.439 que pagaría con la normativa exclusivamente estatal y los 1.492 que tributa en la siguiente que más presión ejerce en ese nivel de ingresos, Baleares. Le siguen por orden de mayor presión fiscal Murcia, Aragón y Andalucía. Por el contrario, la comunidad donde consistentemente se tributa menos en cualquier tramo de renta es Madrid. En este ejemplo, por 16.000 euros se pagan 1.434 euros.

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Bajar los impuestos que gravan las herencias y subir la fiscalidad sobre la compraventa de inmuebles. Esta es la tendencia que se observa cuando se analizan los cambios tributarios aprobados por las comunidades autónomas. El informe anual Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral que elabora el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) refleja que las comunidades han aprobado 732 tipos, reducciones, deducciones o bonificaciones. Ello refleja, en opinión del REAF, un órgano especializado del Colegio de Economistas, un uso «exagerado» de las capacidades normativas.

El REAF señala que hasta cinco autonomías han rebajado el impuesto sobre sucesiones para las herencias entre familiares directos en 2018. Son Andalucía, Asturias, Castilla y León, Extremadura y Murcia. Solo han optado por subirlo Cantabria y Navarra. El REAF divide en dos a las comunidades autónomas en función del impuesto sobre sucesiones. Para las herencias del grupo I (hijos menores de 21 años), se pagan importes simbólicos en Asturias, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Galicia, Extremadura, Madrid, Murcia, La Rioja, Navarra y País Vasco. En el resto de comunidades, no se tributa si se cumplen ciertas condiciones. Por ejemplo, en Andalucía se ha fijado un límite de un millón de euros.

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El Tribunal Supremo ha aclarado las dudas existentes en torno al plazo para emitir la factura rectificativa que minora la base imponible del IVA (el importe al que se aplica el tipo de gravamen para determinar la cuota) y la cuota inicialmente repercutida. En una reciente sentencia (que puede consultar aquí) de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, el alto tribunal resuelve el litigio suscitado por dos entidades que firmaron una venta de parcelas con previsión de modificación del precio, al alza o a la baja, en función del futuro de los planes urbanísticos que las regían.

Al cumplirse la eventualidad prevista en el contrato que permitía la reducción de la base imponible y de la cuota de IVA repercutida, el vendedor emitió una factura rectificativa. El debate, sin embargo, se sitúa en torno a si lo hizo válidamente en plazo o no.
Dos términos sucesivos
La normativa del IVA contempla la posibilidad de modificar la base imponible, entre otros supuestos, cuando quedan sin efecto las operaciones gravadas o cuando se altera el precio después de haberse efectuado la operación.

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Que todos los testamentos que se otorguen en los dominios de la Monarquía española contengan una cláusula de manda forzosa de doce reales de vellón en las provincias de la península é islas adyacentes, y tres pesos en las de América y Asia (…)”. Así rezaba el decreto de 3 de mayo de 1811 que aprobaron lasCortes de Cádiz y que establecían la Manda Pía Forzosa, el antecedente del impuesto sobre sucesiones y donaciones actual.

Gravar las herencias sigue siendo una práctica habitual en la mayoría de Estados modernos y se ha justificado para fomentar la igualdad de oportunidades. Establecer impuestos sobre lo que uno ha recibido sin esfuerzo personal ha sido defendido, por ejemplo, por teóricos del liberalismo como John Stuart Mill.

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La AP de Cantabria ha confirmado la condena a siete meses de prisión y 350.000 euros de multa al administrador único de dos empresas por no declarar unas ventas y dejar de abonar así la cuota del impuesto de sociedades.

De esta forma, el tribunal de apelación confirma la sentencia del Juzgado de lo Penal nº 2 de Santander, que le consideró autor de un delito contra la hacienda pública pero le absolvió de otros tres delitos de los le venían acusando tanto la Fiscalía como la Agencia Tributaria.

Según el relato de hechos, el acusado era el administrador único de dos empresas: una dedicada a la construcción de grúas y otra encargada de su montaje.

Así, en el ejercicio 2004, la segunda declaró haber vendido a terceros 60 unidades por un importe de 1,14 millones de euros, mientras que la primera, la que se encargaba de fabricarlas y que tenía a aquélla como único proveedor, sólo declaró la venta de treinta y dos.

La empresa no declaró la venta de 28 grúas valoradas en un millón de euros, por lo que la cuota que dejó de ingresar en concepto de impuesto de sociedades asciende a 350.000 euros.

Contra la sentencia presentaron recurso el condenado y también el ministerio fiscal y la Agencia Tributaria, quienes reclamaban que fuera también considerado autor de otros tres delitos fiscales: dos por impago del IVA y un tercero por impago de impuesto de sociedades de 2005.

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