Los cambios introducidos por la Ley General Tributaria y la Ley de Procedimiento Administrativo buscan agilizar la lucha contra el fraude fiscal, la recaudación tributaria y la adaptación al ámbito online.
Las modificaciones, además de afectar a los reglamentos de gestión e inspección, recaudación, revisión y procedimiento sancionador, cambian materias relativas a las ayudas de Estado, liquidaciones vinculadas al delito contra la Hacienda Pública y subasta electrónica.

Entre otras nuevas obligaciones, las consultas tributarias deberán presentarse siempre por medios electrónicos, y en el caso de intercambio de datos con otros países, tendrá que ampliarse la información relativa al grupo al que se pertenece y la descripción de la actividad.

Además, para obtener el certificado de encontrarse al corriente de obligaciones tributarias se añade el requisito de no tener multas pendientes derivadas de un delito contra la Hacienda Pública.

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