La empresa, para la que llevaba trabajando más de cinco años encadenando contratos, no había dado de alta en la seguridad social al accidentado.

Mientras realizaba una complicada maniobra en un espectáculo infantil, un trabajador sufrió un infarto que lo mandó directo al hospital. A lo grotesco de la imagen sufrida por el pequeño público de este hombre se sumó el resultado del accidente: un coma que lo dejó en estado vegetativo de por vida.

Pero aún había más. La empresa, para la que llevaba trabajando más de cinco años encadenando contratos, no había dado de alta en la seguridad social al accidentado. Esta circunstancia llevó a la familia del trabajador, a la compañía y a la aseguradora que tenía contratada la empresa a enfrentarse en los tribunales por la indemnización que había que pagar por el accidente.

Antes del incidente, que se produjo el 8 de junio de 2013, la compañía había contratado una póliza de responsabilidad civil que cubría, entre otros, los daños que sufrieran los trabajadores por un accidente laboral. Eso sí, para que el seguro fuera efectivo se debía notificar a la aseguradora cualquier suceso durante el ejercicio que cubría la póliza o hasta un año después de su vencimiento.

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Es conocido que una baja no incapacita a un trabajador para realizar actividades fuera de casa. Sin embargo, los tribunales han admitido que es causa de despido que el empleado en situación de contingencia sea visto realizando tareas que, en vista de las circunstancias, puedan retrasar su curación o empeorar su situación de cara a a reincorporación. 

En este marco, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha establecido en un reciente fallo que estar de baja por diagnóstico de ansiedad y trastorno adaptativo, y en este estado, ayudar a un familiar en su negocio, son situaciones incompatibles, y además, un comportamiento que legitima a la empresa a despedir disciplinariamente al empleado, por transgresión de la buena fe. 

El tribunal gallego ha avalado así el despido disciplinario de una teleoperadora de Contact Center, de baja por ansiedad y trastorno adaptativo, que ayudó durante tres días a su hermana en su negocio, una agencia de viajes sita en el pueblo donde se suponía que debía descansar para recuperarse con la familia. Un detective constató que la trabajadora realizaba tareas que el tribunal considera incompatible con una baja por ansiedad, como cargar cajas, organizar archivos o puntualmente abrir y cerrar el negocio, en una de las ocasiones incluso en solitario. 

La resolución, de 9 de octubre de 2019, está disponible en este enlace. 

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El Boletín Oficial del Estado ha publicado una resolución en la que se constata la creación de una Reserva de Asistencia Social. Dicha acción tiene como finalidad financiar acciones que tenga que llevar a cabo el autónomo a causa de una consecuencia de una contingencia profesional. Es decir, a causa de un accidente laboral que genere algún tipo de inconveniente que le impida continuar con su labor profesional tras el accidente. Dentro de las medidas, se encuentran algunas específicas para los trabajadores autónomos.

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El Supremo explica que para apreciar que la cesta de Navidad es una condición más beneficiosa del contrato deben darse dos condiciones: una sucesión de los actos sobre los que se apoya y una voluntad inequívoca de la empresa como origen de la citada condición, que mejora el marco legal o convencional aplicable. La consecuencia es la incorporación de la misma al paquete obligacional del contrato de trabajo.

Y eso es independiente del hecho de que un año se suprimiera por causa excepcional, como ocurrió en 2013, por un plan de reducción de costes, que se entendió como un sacrificio puntual, por lo que no fue recurrido por los sindicatos, pero ello no como la pérdida de un derecho.

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Un minero solicitó una prestación por incapacidad causada por una dolencia pulmonar.

Juan trabajaba en la mina desde 1999, hasta que una afección en los pulmones por inhalar polvo le causó, primero, incapacidad temporal y finalmente, permanente. Esta dolencia provocada por su actividad le llevó a solicitar una prestación derivada de esta enfermedad profesional, cuestión que ha llegado hasta el Tribunal Supremo, teniendo que aclarar quién tiene que responder de esta asistencia. La sentencia dicta que «la imputación de las responsabilidades corresponde a todas las entidades que han intervenido en el aseguramiento, en proporción al tiempo de exposición del trabajador a los riesgos».

La cuestión de la que partía el Supremo para aclarar este pleito es que el operario venía prestando sus servicios para dos empresas dedicadas a la actividad minera en distintos periodos de tiempo, entre los años 2007 y 2015. Cada una de ellas tenía cubiertas las contingencias profesionales con dos mutuas distintas.

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