La economía catalana no se resintió de la subida del
salario mínimo interprofesional (SMI) el año pasado cuando se situó en 900 euros al mes por 14 pagas. Es una de las conclusiones de un informe elaborado por la Cambra de Comerç de Barcelona que analiza diferentes variables.

La más importante es la de la evolución de la contratación en los sectores más expuestos al SMI:. agricultura, comercio, inmobiliarios, actividades administrativas, artísticas y otros servicios. En esos sectores donde hay más trabajadores con salarios bajos, el crecimiento de la afiliación fue del 1%. En cambio, en el resto de sectores no expuestos de manera tan evidente al SMI el alza fue del 2,5%. Por lo tanto la diferencia del crecimiento en la contratación fue de 1,5 puntos. Si se realiza esa mismo cálculo en el periodo 2016-2018 cuando no hubo una subida del SMI tan pronunciada, el diferencial de incremento fue del 1,7 puntos. Por lo tanto la brecha entre la contratación supuestamente más afectada por el SMI se ha reducido.

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Las conductas graves en el ámbito laboral pueden desembocar en el despido procedente del trabajador. Sin embargo, a veces no está clara la línea que separa una simple sanción del despido, que puede ser una medida excesiva aún cuando la acción del trabajador pueda parecer merecedora de castigo.

De esta forma, acudir al trabajo en estado de embriaguez, aunque el mismo consista en la conducción de un vehículo, o ausentarse del puesto de manera reiterada pueden ser consideradas como un despido improcedente. Así lo ha confirmado el Tribunal Supremo en su sentencia 757/2019 (disponible aquí), donde un profesional de limpieza ha logrado su readmisión o indemnización pese a conducir el camión de la basura bajo los efectos del alcohol.

El empleado trabajaba como profesional de peón de limpieza desde el año 2003, ejerciendo las labores de conducción de camión de recogida de residuos en la ruta fijada por la empresa, para después vaciarlos en la nave habilitada para ello. Los vehículos llevan incorporado un dispositivo GPS para la localización y registro de la ruta seguida, algo conocido por los trabajadores y que es exigido por el propio Ayuntamiento. El sistema registró como en reiteradas ocasiones el trabajador se desvió de su ruta y estacionó el camión durante largos periodos de tiempo.

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El juzgado de lo social número 8 de Málaga condenó a la empresa a seguir concediendo el disfrute de las vacaciones a los trabajadores afectados tal y como se venía haciendo antes de 2015 y el TSJA confirmó el fallo.

La sala de lo social del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que establece que las empresas no pueden imponer a los trabajadores los periodos de disfrute de sus vacaciones si con anterioridad a dicha imposición las venían eligiendo libremente de manera reiterada, adquiriendo esta situación el carácter de «condición más beneficiosa» para el trabajador.

El fallo del Supremo, fechado el pasado 7 de enero, parte de un recurso de casación para unificación de doctrina presentado por la empresa Valoriza Facilities (Sacyr) contra una sentencia anterior del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que desestimaba el recurso de la compañía y daba la razón a los representantes de los trabajadores.

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Los técnicos del Ministerio de Trabajo, la patronal CEOE-Cepyme y los sindicatos CC OO y UGT arrancaron el viernes pasado las reuniones para negociar una contrarreforma laboral que rectifique lo que el Gobierno denomina “los aspectos más lesivos” de los cambios que aprobó el Ejecutivo del PP en 2012.

Se refieren con ello a tres asuntos fundamentalmente: a la recuperación de la denominada ultraactividad de los convenios colectivos, que permiten que sean prorrogados automáticamente hasta que las partes no firmen uno nuevo; la vuelta a la prioridad aplicativa de los convenios sectoriales sobre los de empresa; y una regulación más restrictiva de la subcontratación que limite esta práctica a solo las actividades que no tengan que ver con el negocio principal de la compañía que subcontrata.

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