La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado hoy que los técnicos de su departamento van a estudiar si la directiva europea que regula el tiempo de trabajo permite que la normativa española establezca que las pausas que hacen los trabajadores para fumar o tomar café puedan ser computadas como parte del tiempo efectivamente trabajado.

Este anuncio llega después de que la Audiencia Nacional haya avalado que, en aplicación del registro diario de la jornada, las empresas puedan determinar el tiempo de este tipo de pautas para fumar o desayunar con el fin de descontarlas del tiempo de trabajo realizado, tal y como adelantó ayer Cinco Días.

Leer la noticia completa – click aquí

Incluir la maternidad y la incapacidad por riesgo de embarazo al calcular el absentismo no es discriminatorio para las mujeres. Así lo ha determinado el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Cataluña en una sentencia en la que avala el convenio colectivo de una compañía cervecera que tenía en cuenta estas bajas, así como los periodos de incapacidad temporal por accidente de trabajo o enfermedad profesional y otros permisos reconocidos en el artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores (como matrimonio, mudanza fallecimiento u hospitalización de familiares, entre otros) para calcular el índice de ausencia de toda la plantilla.

La Sala rechaza que esta redacción suponga una vulneración del artículo 14 de la Constitución, que recoge el principio de igualdad y no discriminación por razón de género, «pues el porcentaje se refiere al absentismo en general de toda la empresa», y no exclusivamente al colectivo femenino o al de una trabajadora en concreto. 

Leer la noticia completa – click aquí

Los autónomos o empresas que vayan a prestar servicio en el sector de la construcción se tienen que dar de alta en el Registro de Empresas Acreditadas (REA). Se trata de un proceso que trata de asegurar que quienes participen en obras estén adscritos a un control más exhaustivo. Deben inscribirse tanto las empresas que vayan a subcontratar, como aquellas que vayan a ser contratadas.

El REA sirve para dar garantías sobre la empresa que se contrata, algo esencial en el ámbito de la construcción. De hecho, cuando una empresa está dada de alta en el REA asegura a otros que cumple con una serie de requisitos, como infraestructuras y medios necesarios para el trabajo que van a realizar, aparte de que tiene un control sobre el personal laboral y que estos tienen conocimientos para la prevención de riesgos laborales y también que la organización empresarial es buena. Todos estos objetivos están recogidos en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción,

Leer la noticia completa – click aquí

La Universidad Complutense de Madrid tendrá que indemnizar a una técnico de laboratorio con 11.558,40 euros, y reconocerla como trabajadora indefinida no fija. La razón: concatenar más de ocho años de contratos fraudulentos.

Así lo ha establecido la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en una reciente sentencia, disponible aquí. El fallo ha confirmado la resolución del juzgado, que estimó la reclamación de una empleada en un Centro Veterinario de la Universidad Complutense para ser reconocida como indefinida. La técnico pasó cuatro años y nueve meses como becaria, pero realizando tareas propias de cualquier trabajador. También concatenó otros cuatro años de contratación fraudulenta por falsa temporalidad. En total, llegó a firmar un total doce contratos fraudulentos entre 2009 y 2018. 

Según los hechos recogidos en la resolución, la empleada firmó su primer contrato de prácticas en 2009. La beca formativa que escogió otorgaba la posibilidad de ingresar en un centro asociado a la Facultad de Veterinaria, y allí poder participar en una investigación sobre la tuberculosis en un programa preventivo. La facultad pagaba una ayuda de 1.000 euros mensuales, en una duración máxima de seis meses. 

leer la noticia completa – click aquí

El titular del juzgado de lo social número 28 de Barcelona obliga a la empresa a readmitir a la trabajadora y a indemnizarla con 6.521 euros por vulneración de derechos fundamentales.

Un juez de Barcelona ha anulado el despido de una trabajadora cuando llevaba meses de baja debido a que sufría lupus, una enfermedad autoinmune que se le detectó en 2015 y que, en los últimos años, le había impedido trabajar en distintas ocasiones.

En su sentencia, el titular del juzgado de lo social número 28 de Barcelona estima la demanda presentada por la trabajadora contra la empresa que la despidió y obliga a ésta a readmitirla y a indemnizarla con 6.521 euros por vulneración de derechos fundamentales.

La mujer, que trabajaba de teleoperadora, fue despedida en mayo del año pasado, por razones disciplinarias, apenas tres meses después de que le dieran la baja debido a las afectaciones que le había provocado el lupus que padecía desde septiembre de 2015, patología que puede llegar a provocar daños graves en distintos órganos del cuerpo.

Leer la noticia completa – click aquí