La avalancha de despidos temporales y de demandantes de la prestación por desempleo a causa de la pandemia ha atascado el servicio público de empleo también en Cataluña. Según los cálculos de CC OO, en esta comunidad solo el 30% de las personas que en marzo pidieron la prestación la están recibiendo ya en abril. El sindicato pide ampliar la cobertura de las prestaciones contributivas y asistenciales para paliar la presión de la pérdida de ingresos sobre las rentas más bajas. Y avisa que, si no se pone remedio, aumentará la pobreza de las personas trabajadoras, una situación que en 2018 afectaba al 14,9% del total y que no ha dejado de crecer desde 2013.

El mercado laboral, según los datos presentados este jueves por Ricard Bellera, secretario de Trabajo y Economía del sindicato, está dividido actualmente en Cataluña en un 17% de trabajadores afectados por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE); un 11% de personas que en marzo ya estaban en el paro; un 6% de baja; un 21% que trabaja en servicios esenciales (el sindicato calcula que hay 800.000 trabajadores en estos ámbitos) y un 28% que está haciendo teletrabajo o vacaciones forzadas.

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Uno de cada tres trabajadores autónomos (el 32,5 %) se están planteando cerrar su negocio por la pérdida de actividad asociada a la crisis del coronavirus, según una encuesta realizada por la federación de autónomos ATA. Si bien, solo el 4 % de este colectivo ha dado ya ese paso y se ha dado de baja en la Seguridad Social, indica este mismo sondeo (aunque las cifras que facilitaron ayer desde el Ejecutivo indican que la pérdida de cotizantes del Régimen Especial de Autónomos desde el 12 de marzo es del 2%).Los resultados de este cuestionario reflejan que el 19,3% de los trabajadores por cuenta propia se verá obligado a reducir la plantilla a su cargo y un 8,2% incluso tendrá que dejar de tener empleados. De hecho, casi la mitad de los autónomos encuestados con empleados (el 46,2 %, afirma haber hecho un ERTE y el 16,5 % reconoce que se han visto obligados a despedir, mientras que el 32,3 % está manteniendo al cien por cien de su plantilla.

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El Ingreso Mínimo Vital que está preparando el Gobierno para familias desfavorecidas ya tiene un horizonte de aprobación: esta nueva renta estará lista»en las próximas semanas», según ha asegurado hoy el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, durante su comparecencia a petición propia en el Congreso de los Diputados. Mientras que fuentes del entorno del vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, coincidían en anunciar que esta renta estaría lista ya en mayo.

En los últimos días había surgido una polémica en el seno del propio Gobierno, donde  Iglesias urgía a que esta nueva renta, que será una prestación de la Seguridad Social, se aprobara de forma inmediata, aunque fuera temporalmente, como una «ayuda puente» hasta que estuviera lista la definitiva. Mientras que el equipo de Escrivá reclamaba más tiempo para poder diseñar una prestación «que había de venir para quedarse y, por lo tanto, tiene que estar bien diseñada y debemos asegurarnos de que llega a todo el que tiene que llegar», argumentaba el ministro de Inclusión.

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El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) es el encargado de reconocer las prestaciones por desempleo que se otorgan a los trabajadores afectados por un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE). La cuantía de estas prestaciones es del 70% de la base reguladora del trabajador (durante los primeros seis meses), pero tiene unas cuantías mínimas y máximas, que varían en ambos casos en función de si el beneficiario tiene hijos o no.

Concretamente, la cuantía mínima sin hijos a cargo es de 501,98 euros mensuales y, si se tiene uno o más hijos, esa cantidad aumenta a 671,40 euros al mes. Mientras que la prestación máxima es, sin hijos, de 1.098,09 euros al mes; con un hijo a cargo, 1.254,96 euros mensuales y con dos o más hijos asciende a 1.411,83 euros.

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A pesar de que los expedientes temporales de regulación de empleo (ERTE) por fuerza mayor provocada por el coronavirus gustaron en las patronales por las ventajas que suponen, la condición de que se hayan circunscrito exclusivamente al estado de alarma y que el empleador esté obligado a recuperar a todos los trabajadores y a no poder despedir a ninguno de ellos al menos durante seis meses ya no tanto.

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