Para rizar el rizo, el RDL 18/2020 de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del empleo que entró ayer en vigor crea un nuevo tipo de Erte, el de fuerza mayor parcial, que surge como una mutación de los expedientes de fuerza mayor. Por tanto, a partir de ayer conviven tres tipos de Expedientes de Regulación de Empleo Temporal (Erte), cada uno de ellos con sus peculiaridades y sus ventajas: el Erte de fuerza mayor total, el Erte de fuerza mayor parcial y el Erte por causa económica, tecnológica, organizativa y de producción o Erte Etop. Nos centraremos en el de fuerza mayor parcial de nuevo cuño. | Este jueves abonará el Sepe el dinero a los 300.000 afectos por un Erte con atrasos.

Como es posiblemente conocido, los actuales Erte de fuerza mayor estarán en vigor hasta el 30 de junio y, a partir de ese día, se abre una doble vía: seguir como hasta ahora para determinados sectores que no puedan recuperar la normalidad porque la Administración de Sanidad continúa poniendo trabas y el resto, que deberán negociar entre empresa y trabajadores un Erte Etop.

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El Boletín Oficial del Estado publicó ayer el real decreto ley que recoge las condiciones para renovar los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) hasta el 30 de junio. Esta nueva normativa ya entró ayer mismo en vigor.

Una de las claves de esta norma es la diferenciación entre ERTE de fuerza mayor total o parcial. En los primeros, todos los trabajadores de una empresa afectados por un ERTE permanecerán con su empleo suspendido porque las restricciones sanitarias no permiten reanudar su actividad. Sin embargo, en los ERTE parciales, la empresa puede ir incorporando parcialmente a una parte de sus trabajadores a sus puestos. En estos casos, el decreto precisa que las empresas deberán “primar los ajustes en términos de reducción de jornada”.

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El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes al real decreto ley de prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) para que se mantengan por fuerza mayor hasta el 30 de junio. No obstante, el Ejecutivo se reserva el derecho a prorrogar este plazo si persisten restricciones de actividad por razones sanitarias llegada esa fecha.

En concreto, el decreto aprobado, fruto del acuerdo entre Gobierno, sindicatos y empresarios, contempla extender hasta el 30 de junio de este año los ERTE de fuerza mayor derivados de la Covid-19, ya sea por fuerza mayor total (sin reinicio de la actividad) o parcial (recuperación de una parte de la actividad). En este último caso, se señala que, a la hora de reincorporar trabajadores a la actividad, se primarán los ajustes vía reducción de jornada.

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La negativa de un trabajador en ERTE a reincorporarse a su puesto cuando el empresario se había reservado la opción de ir recuperando anticipadamente a la plantilla es causa de despido disciplinario. Así lo establece una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid, que estos días cobra plena actualidad teniendo en cuenta que muchas empresas en ERTE por fuerza mayor por la Covid-19 están entrando en fase de desescalada.

El fallo (cuyo texto puede consultar aquí), confirma el cese de un empleado, afectado por un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE), que rechazó volver al trabajo cuando su empresa le notificó su decisión de reincorporarle antes del tiempo estipulado. La sala concluye que su comportamiento es constitutivo de una falta muy grave, y, por tanto, merecedor de despido disciplinario.

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Las tres principales asociaciones de trabajadores autónomos ATA, UPTA y Uatae, tuvieron ayer la primera reunión interministerial con los responsables de Economía, Nadia Calviño; Trabajo, Yolanda Díaz; e Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá para evaluar el impacto de la crisis en el colectivo.

Una de las principales conclusiones que sacaron los representantes de los autónomos de este encuentro es que “el Gobierno tiene claro que las ayudas a determinados colectivos deben ir más allá del 30 de junio”, dijo ayer el presidente de ATA, Lorenzo Amor tras el encuentro. Aunque no precisaron cuáles serán estos trabajadores que mantendrían los beneficios que tienen actualmente, acordaron con el Ejecutivo monitorizar las actividades para decidir conjuntamente quienes seguirán bajo protección.

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