Desde la perspectiva de la práctica jurídica, se acoge con satisfacción este pronunciamiento del Tribunal Supremo que define como unidad de cómputo el centro de trabajo.

A vueltas con las cuestiones prejudiciales resueltas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que en la mayor parte de los casos generan un contexto de incertidumbre e inseguridad jurídica latente en el país del que deriva el caso enjuiciado, a la vez que un alud de demandas que los Tribunales resuelven atendiendo a que las interpretaciones del TJUE a las directivas comunitarias son vinculantes, tenemos la llegada a la «meta» de una de tales con la serenidad que ello supone.

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La justicia europea acaba de dar un tirón de orejas a España porque considera que discrimina a los trabajadores temporales frente a los fijos. El lunes se conoció una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en que el que pide a los tribunales españoles y, por ende a sus legisladores, que equiparen las indemnizaciones por despido de los asalariados eventuales –interinos en el caso concreto del citado fallo judicial– y los que tienen un contrato indefinido.
Esta sentencia ha abierto caja de los truenos entre los distintos agentes del mercado laboral y el propio Gobierno. Los sindicatos preparan una batería de demandas para reclamar mayores indemnizaciones para los temporales que acaben sus contratos o los hayan terminado en el último año;al tiempo que la mayoría de los expertos laboralistas creen que el próximo Gobierno debería adecuar la legislación a los dicho por Bruselas.

Por su parte desde el Ministerio de Empleo hacen una primera interpretación restrictiva de la sentencia, al considerar que solo deberían equipararse las indemnizaciones de los interinos. Además aseguran que la sentencia “deja claro” que pueden existir y existen distintas modalidades contractuales en las regulaciones laborales de la UE. Esta es la distinta casuística de las actuales indemnizaciones por despido en la ley española:

45 días

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El Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha revolucionado el mercado laboral español con una sentencia que obliga a indemnizar a un trabajador interino por finalización de contrato como si fuera el despido objetivo procedente de un trabajador indefinido, esto es con 20 días de salario por año trabajado y un máximo de 12 mensualidades.

En la actualidad, los trabajadores interinos –ya sean en la administración, ocupando plazas fijas, o en las empresas, los puestos de sustitución por maternidad, por ejemplo– no son indemnizados al finalizar su contrato y el TJUE ha considerado que esta situación va en contra del acuerdo marco europeo sobre empleo temporal, que impide la discriminación de los trabajadores eventuales respecto a los fijos.

¿Qué ocurre ahora? ¿debe el Estado español adecuar su legislación a lo dicho por el TJUE? ¿deberán indemnizarse con 20 días no solo los interinos sino también el resto de trabajadores temporales cuando les finalice su contrato? ¿abre la puerta esta sentencia a la creación de un nuevo contrato único que no diferencie entre las indemnizaciones de fijos y temporales?

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Según una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de fecha 14 de septiembre de 2016 se ha resuelto la cuestión prejudicial formulada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, sobre la conformidad de la legislación española en el tratamiento de la indemnización por la extinción del contrato de los trabajadores temporales, según un artículo colgado por Comisiones Obreras en su página web

Según la interpretación del sindicato «en esencia, el TJUE considera que es discriminatoria la legislación española con los trabajadores y trabajadoras temporales, pues no reconoce una indemnización equivalente a la de los trabajadores fijos por la extinción de su relación laboral». Por tanto, exige a los Tribunales españoles que a la hora de resolver los procesos, reconozcan una indemnización a los trabajadores temporales equivalente a la establecida para el despido por causas objetivas, es decir, de 20 días por año de servicio.

El artículo asegura que «se trata de un pronunciamiento que tiene enormes repercusiones en nuestro sistema de relaciones laborales, y genera efectos directos sobre los trabajadores y trabajadoras sujetos a un contrato temporal, al posibilitar el que puedan ver reconocida una indemnización ante la terminación de su contrato de trabajo»

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