El Juzgado de lo Social número 33 de Madrid ha reconocido la antigüedad de un trabajador laboral fijo de la Comunidad de Madrid, al que la Administración no le reconocía todos los trienios porque entre algunos de los diversos contratos que tuvo como empleado laboral de la sanidad madrileña habían pasado más de tres meses.

El convenio colectivo del personal laboral de la Comunidad de Madrid establece en su artículo 37 que «si hay una solución de continuidad entre contratos de personal laboral superior a tres meses no se acumula la antigüedad del trabajador». Pero las reclamaciones por este asunto habían llegado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que dictaminó en una sentencia que el periodo que haya entre contratos debe ser indiferente para reconoce la antigüedad de un trabajador.

A raíz de esta resolución de la justicia comunitaria cerca de medio millar de empleados públicos de la Comunidad de Madrid afectados por esta situación interpusieron centenares de reclamaciones individuales. Al mismo tiempo, se abrió un proceso de conflicto colectivo contra este convenio del personal laboral madrileño, que los sindicatos ganaron.

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El Tribunal Superior de Justicia de Madrid cambia su doctrina y dice ahora que los pluses del puesto anterior no se cobrarán.

Una trabajadora embarazada a la que se cambió de puesto para prevenir riesgos laborales no podrá seguir disfrutando de los pluses que tenía. Así lo establece el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en una sentencia que estipula que debe distinguirse entre los complementos inherentes a la condición, cualificación y categoría profesional de la empleada, que deben ser abonados en todo caso aunque se adapte su puesto de trabajo, de aquellos otros que remuneran el ejercicio de funciones específicas en condiciones singulares, como trabajar en horario nocturno o en días festivos, porque éstos van dirigidos a compensar el gravamen que conllevan; gravamen que no se produce cuando el trabajo no tiene lugar en ningún caso en jornada nocturna, ni en día festivo.

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El consejero de Justicia, Carles Mundó, y el presidente del Colegio de Graduados Sociales de Barcelona, Carlos Berruezo, han firmado un convenio según el cual se pondrá en marcha el primer servicio gratuito de orientación jurídica a los ciudadanos con el objetivo de dar información y asesoramiento técnico especializado a los ciudadanos sobre materia laboral y de la Seguridad Social, como despidos, horarios de trabajo, reclamación de salarios, indemnizaciones, pensiones, jubilaciones, paro, bajas laborales, etc.

La nueva Oficina informará además a los ciudadanos de la posibilidad de recurrir a los servicios de mediación u otros sistemas alternativos de resolución de conflictos, como la conciliación y arbitraje. Este es un servicio de asesoramiento que no implica el beneficio de asistencia jurídica gratuita, a los que se derivarán debidamente si así lo solicitan.

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