Recibir una notificación de la Agencia Tributaria siempre genera inquietud, pero hay un escenario peor: Recibir una carta de Hacienda, no enterarse de ello y perder el plazo para presentar las correspondientes alegaciones y recursos o no acceder a la posibilidad de la rebaja de una sanción por pronto pago. Cuando el cartero lleva un aviso de Hacienda y no encuentra al contribuyente, debe volver al cabo de tres días y en una hora distinta. Si el intento también resulta infructuoso, la notificación se realizará por medio de un anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE). No haber recibido la carta en mano no impide sus efectos o la imposición de sanciones.

Para tener una mayor certeza sobre el envío de comunicaciones fiscales, la Agencia Tributaria publicará a partir de hoy en su página web www.agenciatributaria.es una nueva aplicación para que los contribuyentes puedan dejar su número de teléfono móvil o un correo electrónico con el fin de recibir alertas de Hacienda. Así, la Agencia Tributaria avisará al móvil o al correo electrónico de los contribuyentes inscritos en el sistema cuando les remita una notificación. Es decir, las comunicaciones se seguirán realizando por vía postal, la diferencia es que ahora el ciudadano tiene la posibilidad de saber que recibirá una notificación de Hacienda en su vivienda.

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Una resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) publicada en septiembre ha determinado que la declaración anual del IVA no tiene efectos sobre el plazo de prescripción de las liquidaciones mensuales o trimestrales del impuesto. La decisión contradice un polémico criterio mantenido por el Supremo desde 2009 e implica que el plazo de Hacienda para investigar el impuesto se reduce.

Para los expertos, la resolución del TEAC supone un regreso a la normalidad. La Ley General Tributaria fija en cuatro años los plazos de prescripción y el derecho de la Administración a exigir deudas fiscales, realizar comprobaciones e imponer sanciones. En materia de IVA, el criterio tradicional sostenía que el cómputo de los cuatro años se iniciaba en el momento en que se exigía la presentación de la declaración mensual o trimestral. Sin embargo, diversas sentencias del Supremo cambiaron esa interpretación a partir de 2009 al señalar que la declaración anual del IVA –en la que las empresas presentan en enero los datos del ejercicio anterior– interrumpía la prescripción de las liquidaciones mensuales o trimestrales. José María Salcedo, socio del despacho Ático Jurídico, recuerda que la decisión del Supremo supuso que Hacienda obtuviera prácticamente un año adicional para investigar a los contribuyentes

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La sorpresa ha sido generalizada. Las empresas conocían desde hace meses la intención del Gobierno de recuperar un tipo mínimo en los pagos fraccionados del impuesto sobre sociedades que se movería entre el 20% y el 25%. Sin embargo, no estaba previsto que se rebajara el umbral a partir del cual entra en acción la subida fiscal. Durante su vigente entre 2012 y 2015, el tipo mínimo afectaba a empresas con una cifra de negocio superior a 20 millones. Ahora, el Consejo de Ministros aprobará hoy un tipo mínimo del 23% que se aplicará a compañías que facturan más de 10 millones. Ello significa que la medida recaerá sobre unas 9.000 sociedades, más del doble de las inicialmente previstas. Para la banca, el gravamen mínimo será del 25%.

Establecer un tipo predeterminado en los pagos fraccionados implica que las empresas deben adelantar a Hacienda en el año en curso el pago del impuesto sobre sociedades que se liquida el ejercicio siguiente. Así, cuando se presente la declaración anual, a las empresas les saldrá una cuota a pagar menor o tendrán derecho a devolución. La decisión de Hacienda implica que el sector privado pierde liquidez a favor de la Administración.

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El Gobierno tiene previsto aprobar este viernes la reforma del pago fraccionado del Impuesto sobre Sociedades, con el fin de aumentar la recaudación y poder cumplir con el objetivo de déficit público comprometido con Bruselas para 2016, fijado en el 4,6% del PIB.

Fuentes de Hacienda han confirmado que el próximo Consejo de Ministros previsiblemente dará luz verde a esta reforma, que se hará mediante decreto ley, lo que permitirá que se aplique en el pago fraccionado que las grandes empresas tienen que liquidar en octubre.

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