El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, avanzó este miércoles que el Gobierno llevará al Congreso de los Diputados un nuevo plan contra el fraude fiscal que endurecerá el acceso al aplazamiento del pago de impuestos, restringirá los pagos en efectivo y elevará el control sobre las liquidaciones del IVA. Aseguró que estas medidas servirán para elevar los ingresos y cumplir el objetivo de déficit público de 2017.

Uno de los efectos de la crisis económica ha sido el incremento sin precedentes de las solicitudes de aplazamiento de impuestos. El número de peticiones pasó de 501.336 en 2007 a más de dos millones en 2013. Y el importe que se pidió postergar superó los 17.000 millones, una cifra inédita. Cristóbal Montoro anunció ayer en un debate sobre la revisión de la amnistía fiscal que el Gobierno adoptará medidas para endurecer la concesión de los aplazamientos de impuestos. En este ámbito, Hacienda ha adoptado ya medidas, aunque en sentidos opuestos. Así, a finales de 2013, la Agencia Tributaria emitió una instrucción interna en la que instó a denegar con carácter general todas las solicitudes de las empresas para aplazar las retenciones del IRPF de sus empleadas. Por otro lado, en octubre del año pasado, el Ministerio de Hacienda elevó de 18.000 euros a 30.000 euros el límite para solicitar moratorias en el pago de impuestos sin necesidad de presentar aval. Ello ha permitido agilizar la concesión de prórrogas fiscales.

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El Gobierno revisará el Impuesto de Sociedades y elevará algunos impuestos especiales como el tabaco para cumplir con los ajustes de 5.500 millones de euros que la Comisión Europea ha pedido a España de cara a 2017, según trasladaron a Europa Press en fuentes del Ministerio de Hacienda, que precisaron “que no se tocará” ni el IRPF ni el IVA para no afectar al consumo y a la recuperación económica.

De esta forma, la intención del departamento que lidera Cristóbal Montoro es realizar “ajustes” en aquellas figuras tributarias “que no dañen la fortaleza de la recaudación tributaria”. Así, contempla mantener los “elementos esenciales” del Impuesto sobre Sociedades (no se modificarán los tipos actuales), pero se eliminarán algunas deducciones y otras se revisarán, “especialmente aquellas cuya reforma consolide la corrección de los desequilibrios macro”, como el desempleo o el endeudamiento.

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Si le llega estos días una carta de Hacienda no se asuste. O quizás sí debería hacerlo. La Agencia Tributaria está enviando liquidaciones y requerimientos en los que exige a beneficiarios de la deducción del IRPF por vivienda habitual que demuestren que cumplen los requisitos para beneficiarse de ella.

La reclamación corresponde al ejercicio del 2015, pero se puede extender a los cuatro años anteriores. Esta ventaja tributaria, que dejó de poder aplicarse para adquisiciones realizadas después del 2013, es la que tiene un mayor número de beneficiarios en el impuesto de la renta, con más de cinco millones de contribuyentes, según datos de las memorias de la administración tributaria. Aunque fuentes de la Agencia Tributaria aseguran que no existe una campaña concreta, admiten que la comprobación de esta deducción es habitual, ya que es la más extendida en el IRPF.

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