A la vuelta de las vacaciones de Navidad, los alumnos del instituto catalán Joan Brudieu, de La Seu d’Urgell (Lérida), estuvieron muy cerca de encontrarse con cámaras de videovigilancia grabando en algunas de sus aulas. La iniciativa, finalmente tumbada, fue justificada por el centro por la conflictividad de varias clases. Estos casos, poco habituales a la par que polémicos, también ocurren en el mundo de la empresa, en el que ha tenido que entrar la legislación para determinar cuáles son las ocasiones en las que una compañía puede grabar a sus empleados en horario de trabajo.

Se parte de la base de que es legal que la empresa filme a sus profesionales durante la jornada. Incluso sin el consentimiento de los empleados y sin una explicación dada. Sin embargo, tal y como explica Marisa López Villalba, socia del departamento Laboral de Garrigues, “es algo que se admite únicamente bajo determinadas circunstancias”. No hay que olvidar que en estas situaciones chocan dos códigos: “Por un lado el derecho a la intimidad del profesional; por otro, el derecho del empresario, amparado por el Artículo 20 del Estatuto de los Trabajadores, que permite adoptar las medidas oportunas de vigilancia y de control. Cuando estos confrontan, hay que adaptarse a un triple principio”, prosigue.

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El ministerio de Empleo y Seguridad Social prevé volver a retrasar la posibilidad de que los trabajadores autónomos coticen a tiempo parcial, según informaron ayer fuentes de la Administración.

Esta medida se incorporó, a propuesta de la entonces Convergencia i Unió (CiU), en la ley de 2011 sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social.

Aunque esta ley modificó el Estatuto del Trabajo Autónomo, para permitir al colectivo la cotización a tiempo parcial, a partir del 1 de enero de 2014, desde entonces la medida se ha ido aplazando por las sucesivas leyes de presupuestos anuales del Estado.

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Esta medida forma parte del acuerdo de investidura que alcanzaron el PP y Ciudadanos y fue anunciada esta semana por la ministra de Empleo, Fátima Báñez, durante su intervención en la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo, y confirmada el viernes por el portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo. “Puedo anunciarles que el permiso se ampliará a partir del próximo 1 de enero de 2 a 4 semanas, una medida que va en esa necesaria conciliación entre la vida profesional y la vida familiar”, apuntó.

En los nueve primeros meses del año, 184.093 padres han disfrutado de su correspondiente permiso de paternidad (un 2,5 % más que en el mismo periodo de 2015). Este beneficio supone el cobro durante un periodo de 15 días de una cuantía equivalente al cien por cien de la base reguladora de la prestación de incapacidad temporal, derivada de contingencias comunes.

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