El Congreso dejó ayer en el aire la admisión a trámite del Proyecto de Ley que establece que la remuneración mínima para los becarios universitarios será el salario mínimo interprofesional -o su parte proporcional, en función del número de horas que realice el estudiante-, a lo que habría que sumar el gasto en transporte y manutención.
La norma, presentada por Podemos, pretende blindar en un texto con rango de ley la situación de los estudiantes universitarios en prácticas, actualmente regulada por Reales Decretos, y configurar un auténtico Estatuto del becario.

De cara a la votación de mañana, la formación morada recibió el apoyo del PSOE, ERC, PDeCat y gran parte del Grupo Mixto -aunque no todos expresaron su posición-. Votarán en contra PP y PNV. Queda la incógnita de Ciudadanos, que no quiso desvelar su voto.

Además de la remuneración mínima, el texto fija que las prácticas tendrán una duración máxima de 500 horas, no pudiendo realizarse más de 5 horas diarias o 25 semanales durante el periodo lectivo. En periodo no lectivo, los máximos serán de 7 horas diarias o 35 horas semanales. Además, se prohíbe que el estudiante realice su formación de noche, debiéndose hacer entre las 8 de la mañana a 22 horas. Y se contempla un descanso obligatorio de 48 horas ininterrumpidas semanales.

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El futuro del trabajo pende de varios hilos, de cómo las empresas están adoptando la inteligencia artificial, la robótica y automatización, así como del impacto de esas tecnologías en el personal; también influye el empleo de trabajadores eventuales (incluidos aquellos profesionales de agencias, contratistas, consultores, trabajadores de cero horas…; la escasez de habilidades digitales de los profesionales, y sobre todo cómo están cambiando las prácticas de trabajo como resultado de la incorporación al mercado laboral de la generación milenial y posmilenial. De hecho, varios estudios sugieren que los trabajadores temporales supondrán el 25% de la fuerza laboral de las compañías en 2020. Sin embargo, las empresas temen que esto derive en un problema de seguridad, ya que puede comprometer información sensible y deberá reforzar las medidas, en este sentido, según advierte el estudio The future of work, elaborado por la firma de abogados Osborne Clarke, en el que han colaborado directivos de firmas comoAccenture, Siemens, Dyson y MetaPack. En cuanto a la robótica, se pone de manifiesto que será imposible proteger a ciertos puestos de trabajos de la automatización, por lo que la clave, en muchos casos, radica en la formación de los trabajadores afectados para que adquieran nuevas habilidades.

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La privacidad de la información sobre clientes y empleados es un factor que las empresas han de cuidar para asegurar la confianza y evitar ataques informáticos que puedan secuestrar o filtrar esa información. Con la entrada en vigor del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) en mayo de 2018, la necesidad de mantener la privacidad se convertirá en una obligación y cualquier infracción podría ser multada con hasta 20 millones de euros o el 4% de la facturación anual del negocio.
Pero la realidad revela que estas sanciones no son suficientes para promover la adaptación, ya que un 70% de compañías europeas asegura que no logrará cumplir a tiempo con la normativa, según un informe de la entidad especializada en almacenamiento y procesamiento de datos NetApp Iberia.
Esta normativa también se aplica a la pequeña y mediana empresa que, ante el nuevo cambio de paradigma, se ha de adecuar con cierta rapidez a las nuevas exigencias. Entre ellas, destacan la obligación de informar sobre posibles infracciones o ataques y el nombramiento de un delegado de protección de datos en aquellas compañías que manejen datos sensibles o bases de información periódicas.

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El TSJ de Asturias ha avalado el despido de un comercial que fue sorprendido cobrando dietas cuando, en realidad, estaba en su casa. La empresa lo descubrió monitorizando la ubicación de su tablet.

Irse a casa a descansar en horario laboral mientras en la empresa creen que se está visitando a clientes es una falta grave, pero si además se cobran dietas para simular que se está trabajando, es motivo de despido. Una situación similar fue lo que descubrió una empresa gracias a los datos del GPS de la tablet que utilizaba en sus rutas un comercial. Y la Justicia ha avalado que se utilizaran estos datos para monitorizar la actividad del empleado y demostrar que estaba violando la buena fe contractual.

El caso se remonta a noviembre de 2015, cuando el comercial recibió una comunicación de la compañía avisando de que había detectado «un incumplimiento reiterado y sistemático de su jornada laboral», además de un «grave fraude» por pasar dietas de comida cuando en realidad estaba en su domicilio. La compañía cedió pasar por alto estos hechos, confiando en que el trabajador modificaría su actitud y sólo le obligó a devolver las dietas cobradas irregularmente. Sin embargo, el comercial hizo caso omiso de las advertencias y, finalmente, fue despedido.

Ahora, ha sido el TSJ de Asturias el que ha avalado la decisión de la compañía. La sentencia «establece un precedente importante para empresas con una gran fuerza de ventas dispersa geográficamente desde el punto de vista del control de los incumplimientos. En este caso, se considera válida la geolocalización vía GPS como fuente de información», explica David Díaz, socio responsable de laboral de Baker McKenzie.

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Un juez de Barcelona ha concedido la incapacidad permanente a una administrativa de 47 con esquizofrenia paranoide a la que el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) le denegó esta prestación. La incapacidad permanente se otorga a las personas que, debido a un proceso patológico o traumático derivado de una enfermedad o accidente, ve reducida o anulada su capacidad laboral de forma presumiblemente definitiva.

El Instituto Catalán de Evaluaciones Sanitarias (ICAM) le denegó la incapacidad permanente a la mujer tras diagnosticarle un “trastorno distímico y de la personalidad no especificado, déficits cognitivos moderados y afectación atencional y cognitiva”. La mujer impugnó el alta médica pero el juzgado de lo social número 1 de Barcelona rechazó el recurso al considerar que la paciente estaba “estabilizada” de la patología diagnosticada por el ICAM.

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