Según el borrador de la propuesta de Empleo, pasaría de los cuatro años actuales (tres más uno de prórroga, si así lo establece el convenio colectivo) a tres años (dos más uno).
Gobierno y agentes sociales analizan recortar un año la duración máxima de los contratos por obra y servicio para que no puedan extenderse más de tres años (frente a los cuatro actuales), dentro de las medidas que tratan de acordar en el marco del diálogo social para reducir la temporalidad laboral.

El secretario de Estado de Empleo, Juan Pablo Riesgo, y los responsables de los sindicatos UGT y CCOO y las patronales CEOE y Cepyme se volverán a sentar esta semana a la mesa de calidad en el empleo para hablar de limitar la utilización y la duración de los contratos eventuales e incrementar su indemnización al término del mismo.

Según el borrador de la propuesta de Empleo, la duración del contrato temporal por obra y servicio se reduciría en un año, al pasar de los cuatro actuales (tres más uno de prórroga, si así lo establece el convenio colectivo) a tres años (dos más uno).

De esta forma se restringiría aún más la duración máxima permitida en estos contratos temporales, que fue fijada en los tres años prorrogables por uno más en la reforma laboral de 2010, ya que hasta ese momento no existía límite.

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Las compañías de más de 250 trabajadores tendrán que hacer auditorías para corregir la desigualdad salarial que pueda haber entre hombres y mujeres.

El Gobierno quiere obligar a las empresas a hacer un importante ejercicio de transparencia sobre la igualdad laboral entre ambos sexos. Se trata de garantizar la equiparación salarial y de derechos entre los hombres y las mujeres que tienen la misma responsabilidad y las mismas funciones dentro de la compañía. Así se desprende de las propuestas que ha realizado el Gobierno a la patronal y a los sindicatos en la mesa de calidad en el empleo, a las que ha tenido acceso EXPANSIÓN.

Hay que tener en cuenta que la desigualdad laboral entre ambos sexos es uno de los problemas que más afectan al mercado de trabajo. Incluso, la mayoría de los estudios apuntan que la diferencia media retributiva entre los hombres y las mujeres, para un mismo puesto de trabajo y responsabilidad, pueden alcanzar hasta el 30% a favor de los varones.

Por lo tanto, en primer lugar, el Ejecutivo quiere que las empresas informen a los trabajadores sobre estos aspectos. Así, añadirá un nuevo punto en el artículo 28 del Estatuto de los Trabajadores que diga lo siguiente: «Los trabajadores tienen derecho a solicitar información escrita sobre los componentes y la cuantía de la retribución». En particular, «sobre los componentes salariales variables, así como los pagos en especie, correspondientes a trabajos de igual valor, [con la información] desglosada por sexos».

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Una trabajadora, con el cargo de directora de fábrica, acumula diversas bajas médicas por estrés en los años 2000 y 2006, debido a la gran cantidad de trabajo asignado. Posteriormente, solicita la declaración de que los procesos de incapacidad temporal iniciados en 2010 y 2011, así como la prestación de incapacidad permanente total posteriormente reconocida, derivan de enfermedad profesional o, subsidiariamente, de accidente de trabajo.

La sentencia de 1 de junio del TSJ de Andalucía ( EDJ 161920) considera que la trayectoria de la trabajadora, con una situación permanente de autoexigencia y responsabilidad aprovechados por la empresa para mantener una adecuada gestión de sus servicios, conduce a una situación como la denominada «burn out»- síndrome de agotamiento físico y mental intenso, resultado de un estado de estrés laboral crónico o frustración prolongado-.

Por ello, concluye que el proceso de incapacidad temporal iniciado el 24-6-2010 al que se acumuló el de 15-3-2011 y la situación de incapacidad permanente total reconocida deben considerarse derivadas de contingencia profesional. No de enfermedad profesional, dado que no se encuentra la enfermedad listada en el RD 1995/1978 de 12 de mayo (art. 116 LGSS Texto de 1994), pero sí accidente de trabajo de conformidad con la previsión contenida en el art. 115.2 e) LGSS.

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El Gobierno hará público la próxima semana el decreto que incrementará las pensiones de viudedad para las personas mayores de 65 años y con menor nivel de ingresos y que no cobren más de una pensión. El Gobierno cumpliría de esta forma con el mandato incluido en la reforma de pensiones de 2011, que en una disposición adicional, exigía el aumento de la base reguladora del 52% al 60% antes de 2019 .

Así lo ha asegurado hoy la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, en una respuesta dada en la sesión de control del Congreso de los Diputados. Precisó que Ejecutivo “va a tramitar de manera inminente el decreto” y que la próxima semana cumplirá con el trámite de audiencia e información pública, con el fin de que los agentes sociales y económicos puedan hacer “sugerencias y aportaciones a ese nuevo reglamento de desarrollo de la ley”.

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