El Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social está estudiando medidas como la equiparación de la indemnización por despido de temporales e indefinidos para fomentar la contratación estable.

Así lo dijo la secretaria de Estado de Empleo, Yolanda Valdeolivas, en la rueda de prensa para valorar los datos de paro registrado y afiliación a la Seguridad Social del mes de septiembre, recoge Servimedia.

Actualmente, la indemnización de los temporales asciende a 12 días de salario, mientras que la de un empleado indefinido es de 20 días de sueldo por cada año trabajado, si existen causas objetivas para el despido, o 33 días para uno improcedente (45 días hasta la reforma laboral de 2012), y límite en 24 mensualidades (eran 42 hasta la reforma). La equiparación está siendo abordada en la mesa de diálogo social, que reúne también a empresarios y sindicatos, donde la medida ya fue planteada por el Ejecutivo anterior.

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Esto incluye la recepción, por  comparecencia en la Sede Electrónica de la Seguridad Social, de las notificaciones y comunicaciones de la Tesorería General de la Seguridad Social.

Así lo determina la Orden ministerial ESS/214/2018 de 1 de marzo de 2018, que otorgó un plazo de seis meses (entre el 1 de abril y el 1 de octubre) para que los trabajadores por cuenta propia se fuesen adaptando.

Esta medida afecta además de a los trabajadores autónomos, a los trabajadores del Sistema Especial de Trabajadores Agrarios (SETA), y a los trabajadores del grupo I del Régimen Especial de Trabajadores del Mar.

Hasta este momento, el 85% de las gestiones realizadas por autónomos ya se realizaban por medios electrónicos.

La Tesorería General de la Seguridad Social ha puesto a su disposición dos canales a través de los cuales se puede hacer efectiva esta nueva obligacion: el Sistema RED (Sistema de Remisión Electrónica de Datos), a través de un autorizado que actuará en representación del autónomo, y la Sede Electrónica de la Seguridad Social, donde el trabajador puede acceder a un amplio catálogo de servicios para la realización de sus trámites.

Para utilizar la Sede Electrónica, debe disponer de un sistema de autenticación que garantice su identidad, como un certificado electrónico admitido por la Seguridad Social, (las oficinas de la Seguridad Social facilitan la obtención del certificado personal de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, previa solicitud en la página de la entidad), el DNI electrónico y el Sistema Cl@ve.

Todos los servicios dirigidos a los trabajadores autónomos son accesibles con este medio de autenticación, incluido el servicio de consulta y firma de notificaciones telemáticas. Permite además la presentación de solicitudes a través del registro electrónico. Para cualquier consulta o dificultad con [...]

La sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en la sentencia número 504/2018, determina que aun siendo reprochable al trabajador que se negase reiteradamente a aportar la copia de su permiso de conducción en vigor, ésta no es una conducta grave que pueda fundamentar el despido disciplinario. En todo caso, debería tramitarse por los cauces del despido objetivo por ineptitud sobrevenida.
Contexto
El jefe de ventas, a quien por contrato se le había adjudicado un vehículo de empresa asociado a su puesto de trabajo a través del sistema renting, intentó ocultar que le habían retirado el carnet. Cuando se le solicitó desde Recursos Humanos que rellenase un formulario que se entregaba periódicamente a los empleados con coche para que acreditase la validez de su permiso de circulación, el empleado presentó su renuncia al vehículo pretendiendo utilizar el suyo propio. Pero la empresa se negó. Ni que decir tiene que tampoco podría haberlo utilizado por la retirada del carnet de conducir.

Tras varios requerimientos para aportar copia del permiso en vigor, insiste el trabajador en que entre sus tareas como jefe de ventas no consta que tenga que visitar a clientes, y en caso de efectuarse, que sea con vehículo de la empresa.

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Las vacaciones de navidad establecidas en el contrato laboral pueden disfrutarse en otra fecha si el trabajador se encuentra de baja en ese momento. Así lo ha dictaminado la Sala de lo Social del Tribunal Supremo en una sentencia por la que unifica doctrina y resuelve el recurso de casación interpuesto por una empleada a la que su empresa denegó aplazar los días de descanso navideños, a pesar de que ella estaba en una situación de incapacidad temporal durante este período.

La baja en cuestión se alargó desde noviembre hasta principios de enero. Tras reincorporarse, la empleada pidió a la empresa los 9 días de descanso a los que tenía derecho por contrato. Ésta se los denegó porque, a su juicio, las vacaciones que fija la empresa para días concretos (navidad, semana santa, cierre de la compañía en verano, etc.) sólo pueden disfrutarse en la fecha en la que están fijadas.

En primera instancia, el juzgado reconoció el derecho de la mujer a disfrutar del descanso laboral tras reincorporarse al trabajo. No obstante, la empresa presentó un recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del País Vasco. Éste respaldó su argumento porque diferenciaba entre dos tipos de descansos laborales. Por un lado, las “vacaciones ordinarias” (elegidas por el empleado a su gusto) y por el otro, las establecidas por la empresa en su calendario laboral. A su juicio, estas últimas no podían disfrutarse en forma o fechas distintas a lo pactado. Ante esta resolución, la empleada interpuso un recurso de casación.

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Las microempresas establecidas en un solo Estado miembro de la Unión Europea, que presten ocasionalmente servicios a consumidores finales de otros Estados miembros, que no superen los 10.000 euros anuales, podrán realizar sus declaraciones del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) en su lugar de establecimiento en lugar de en el Estado miembro del consumidor, a partir del próximo 1 de enero de 2019.

No obstante, será posible que el propio empresario o profesional, si así lo decide, pueda optar por tributar en el Estado miembro de consumo, aunque no haya superado dicho umbral.

Desde 1 de enero de 2019 será la normativa del Estado miembro de identificación para los sujetos pasivos acogidos a los regímenes especiales aplicable a los servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión o de televisión y a los prestados por vía electrónica.

La medida se regula en el proyecto de Real Decreto por el que se modifican los Reglamentos del IVA, Facturación, Actuaciones y Procedimientos de Gestión e Inspección Tributaria, Impuestos Especiales y el Real Decreto 1075/2017, de 29 de diciembre, por el que se modifican diversos reales decretos de índole tributaria.

El Reglamento viene a introducir determinados de ajustes técnicos como consecuencia de la transposición de la Directiva 2017/2455 que modifican las Directivas 2006/112/CE y 2009/132/CE sobre determinadas obligaciones respecto del IVA para las prestaciones de servicios y las ventas a distancia, transpuestas en la modificación de la Ley de este Impuesto, realizada mediante la de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.

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