El personal con régimen de alta dirección especial y consejeros están «completamente» excluidos. En cambio, sí deberá registrarse la jornada diaria de mandos intermedios, cargos de confianza o con especial responsabilidad.

El personal de alta dirección está «completamente» excluido de la obligación del registro diario de la jornada laboral que entró en vigor el domingo. Así lo aclaró ayer el Ministerio de Trabajo en una Guía que publicó con el fin de despejar las numerosas dudas que tienen las empresas sobre la aplicación de la nueva obligación. Están por lo tanto excluidas las relaciones laborales de carácter especial que regula el Estatuto de los Trabajadores en su artículo 2. 1.a). Es decir, consejeros y personal con contrato mercantil y quienes tengan contrato de alta dirección especial.

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La obligatoriedad de registrar diariamente la jornada de los trabajadores afecta a «todas las empresas, cualquiera que sea su tamaño u organización del trabajo». Así lo ha aclarado hoy el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en una guía algo farragosa de diez paginas que acaba de hacer pública para ayudar a los empresarios a implantar estos registros.

En este sentido, Trabajo insiste en que este registro también debe ejercerse sobre «los trabajadores “móviles”, comerciales, temporales, trabajadores a distancia o cualesquiera otras situaciones en las que la prestación laboral no se desenvuelve, total o parcialmente, en el centro de trabajo de la empresa.

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A partir de este domingo será obligatorio que todas las empresas del país registren la jornada laboral de sus empleados, en cumplimiento de una nueva regulación que busca atajar la precariedad laboral y el elevado número de horas extras –2,6 millones de horas semanales, según la EPA– por las que los trabajadores ni cobran ni cotizan. No obstante, los sindicatos dudan de que su implementación pueda realmente llevarse a cabo, dada la poca de concreción de la norma y la falta de control interno en muchos centros de trabajo. En un tejido empresarial compuesto en su mayoría por microempresas sin representación ni control sindical, temen además que el cumplimiento efectivo por parte de los empresarios quede en papel mojado, por mucho que se enfrenten a multas de más de 6.000 euros si no cumplen con su obligación.

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Este domingo, 12 de mayo, entra en vigor la regulación que obliga a las empresas a llevar un registro diario de los horarios de lajornada laboral de cada uno de sus empleados. La normativa pretende garantizar que se cumplan los límites legales en materia laboral y luchar contra la precariedad en el empleo. Su incumplimiento supondrá una infracción grave de la Ley del Estatuto de Trabajadores y una multa de 6.250 euros, aunque podrá escalar hasta los 187.515 euros en caso de impagos reiterados de horas extraordinarias o si se enmascaran como otros conceptos.

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Los administradores sociales deben responder por el pago de la renta periódica y otras cantidades derivadas de los contratos de arrendamiento celebrados por la sociedad antes de la existencia de la causa de disolución, un vez incurrida en ella, según establece el Tribunal Supremo, en sentencia de 10 de abril de 2019.

El ponente, el magistrado Vela Torres, estima que en estos contratos «no cabe considerar que la obligación nazca en el momento de celebración del contrato originario, sino cada vez que se realiza una prestación en el marco de la relación de que se trate».

Por ello, dictamina que en el caso del arrendamiento, las rentas devengadas tras concurrir la causa de disolución han de considerarse obligaciones posteriores y, por ello, susceptibles de generar la responsabilidad solidaria de los administradores, tal y como se establece en el artículo 367 de la Ley de Sociedades de Capital (LSC).

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