La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha mantenido la decisión de un juzgado de rechazar la concesión de la pensión de viudedad solicitada por una mujer que había convivido con el fallecido desde 1964 y con el que había tenido seis hijos, porque no estaba inscrita como pareja de hecho en ningún registro específico.
Esta sentencia se suma a otras dos recientes de mayo de la misma sala, donde se explica que la aplicación de la doctrina jurisprudencial y los precedentes que obran en este caso, obligan a desestimar estas pretensiones al no existir inscripción registral de la pareja de hecho constituida –la Ley autonómica 5/2012, de uniones de hecho formalizadas en la Comunidad Valenciana– establece cuando menos dos años antes al hecho causante– y por tener esa inscripción carácter constitutivo, de acuerdo con la ley que regula las uniones de hecho en la Comunitat.

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Los autónomos que pierdan su licencia administrativa por una infracción penal no tendrán derecho a acceder a la prestación por cese de actividad, aunque sí mantendrán este derecho si la anulación de su autorización se debe a otros motivos.

Así lo ha señalado el secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, durante su comparecencia ante la Comisión de Empleo del Congreso para explicar el proyecto de ley de Mutuas y el decreto ley de Incapacidad Temporal que el Consejo de Ministros aprobó el pasado 18 de julio.

La norma modifica algunos aspectos de la prestación por cese de actividad, a la que ahora es «casi imposible acceder» lo que la convierte en un instrumento «recaudatorio» del que se quejan los autónomos.

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Ya hay nueva normativa sobre las prácticas universitarias. El Gobierno ha aprobado el nuevo marco por el que los alumnos universitarios que realicen prácticas en empresas o en administraciones públicas podrán incorporarlas al sistema de créditos. El Real Decreto 592/2014 que acaba de publicar el BOE señala que regula estas prácticas académicas externas en el marco de los cambios introducidos por el Espacio Europeo de Educación Superior y por el Estatuto del Estudiante Universitario.
El texto aclara algunos aspectos como los objetivos de las prácticas, las entidades colaboradoras y destinatarios, duración y contenidos de los convenios. El objetivo es, según el Real Decreto, promover la incorporación de estudiantes en prácticas en el ámbito de las administraciones públicas y en el de las empresas privadas, impulsar “la empleabilidad de los futuros profesionales, fomentando su capacidad de emprendimiento, creatividad e innovación”. Estas son algunas claves de la nueva regulación de las prácticas.
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Cuenta atrás, ahora ya sí, para la reforma fiscal. Esperada desde hace algunas semanas, parece será el el viernes 1 de agosto cuando se apruebe en Consejo de Ministros los distintos proyectos de ley que constituyen la reforma fiscal. Aunque se habían venido barajando fechas anteriores, el ministerio de Hacienda ha pospuesto la aprobación en espera de algunos informes y otros flecos pendientes.
Desde que se anunciara la reforma fiscal el pasado 20 de junio, el Ministerio ha celebra distintas reuniones con colectivos durante el trámite de información pública y ha modificado algunas de las propuestas iniciales. Este es un recordatorio de cómo quedarán los cambios:
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El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha señalado que el proyecto de ley de reforma fiscal elevará el mínimo exento en la tributación de indemnizaciones por despido hasta los 180.000 euros, siguiendo el modelo foral navarro. Así lo ha señalado durante su intervención en Sevilla para informar de la creación del consorcio de la Zona Franca.
En el marco de la reforma fiscal que aprobará el Gobierno en breve, el Ejecutivo plantea el fin de la exención generalizada de indemnizaciones por despido. En el anteproyecto de ley el Gobierno estableció un mínimo exento de 2.000 euros por año trabajado, que en la  práctica equivalía a un salario de20.000 euros anuales. Esta medida que fue muy criticada tanto por los agentes sociales como por todo el arco parlamentario, por lo que el ministerio de Hacienda ha decidido finalmente elevar dicho mínimo.

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