El Tribunal Constitucional (TC) ha hecho pública la sentencia en la que el Pleno avala preceptos centrales de la reforma laboral, en contra del recurso presentado por el Parlamento de Navarra. En ella asegura, entre otros argumentos, que el año de prueba fijado en el contrato de apoyo a emprendedores para empresas de menos de 50 empleados, tras el que el empresario puede prescindir del trabajador sin indemnización alguna, “hace atractiva la contratación indefinida”.
Según los recurrentes, el establecimiento de un periodo de prueba de un año, frente a los seis meses de máximo fijados hasta ahora, vulnera el derecho al trabajo, a la igualdad, a la negociación colectiva y a la tutela judicial efectiva.
Ante estos requerimientos, el TC asegura que un año de prueba permite a las empresas no sólo comprobar la capacitación y aptitud del trabajador contratado, sino también “la sostenibilidad económica del nuevo puesto de trabajo”.
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Este plan se compone de un proyecto de ley por el que se modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social y el Real Decreto que regula determinados aspectos de la gestión y el control de los procesos de incapacidad temporal en el primer año de duración.
En cuanto a la gestión de las bajas laborales, la principal novedad es que los médicos de las mutuas podrán hacer propuestas de alta que resolverán los servicios públicos de salud en cinco días y, en caso de silencio o desacuerdo, los médicos de la inspección del Instituto Nacional de la Seguridad Social(INSS) deberán pronunciarse en un plazo máximo de cuatro días, tal y como adelantó CincoDías el pasado 9 de julio.
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El TSJ Cataluña reconoce el suicidio de un agente forestal como accidente laboral al considerar que la decisión de quitarse la vida fue consecuencia de la presión derivada de su trabajo.

La Sentencia del TSJ Cataluña de 11 de abril de 2014 considera acreditada la existencia de un nexo causal entre el acto del suicidio y el estado de ansiedad de la víctima –responsable del Cuerpo de Agentes Rurales de la Generalitat-, originado por el incendio de Calvinyà, en cuyas labores de extinción había participado.

La Sala sigue la línea marcada por el TSJ Cataluña sobre esta cuestión en diferentes sentencias, en todas las cuales se ha venido a reiterar el criterio de que el suicidio puede considerarse como accidente de trabajo, cuando queda probado que la situación emocional determinante de esta decisión se encuentra directamente relacionada con las condiciones laborales del trabajador que adopta tan drástica medida fruto de la angustia y tensión que su vida laboral le produce (véanse lasSentencia del TSJ Cataluña de 18 de mayo de 2007, de 3 de octubre de 2002 y de 30 de mayo de 2001).

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‘Empléate’ busca aglutinar toda la oferta laboral, la de los servicios públicos de empleo y la de todos los portales y empresas privadas que quieran sumarse a la iniciativa, de forma que, a través de esta herramienta, se podrá acceder a miles de ofertas de empleo en constante actualización y disponer de información sobre los perfiles más buscados.
Asimismo, los usuarios de ‘Empléate’ podrán incluir su currículum en la web, al que podrán acceder miles de empresas, y disponer de servicios de alerta y mensajería. Las empresas, por su parte, podrán publicar sus ofertas, ver los currículos de los aspirantes y hacer un seguimiento de los puestos ofertados.
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El Tribunal Constitucional justifica la decisión adoptada por la mayoría conservadora de avalar el nuevo contrato de la reforma laboral con un año de prueba porque se trata de una «medida legislativa coyuntural adoptada en un contexto de grave crisis económica con una elevada tasa de desempleo». Además, el Alto Tribunal considera que durante ese año de prueba, en el que el despido se gratis y sin causa, el empresario puede «comprobar la capacitación y aptitud del trabajador» así como la «sostenibilidad económica del nuevo puesto de trabajo».

Según el avance de la sentencia que ha hecho público el Tribunal Constitucional mediante un comunicado, la aprobación del nuevo contrato para emprendedores «atiende a la legítima finalidad de potenciar la iniciativa empresarial como medio para facilitar el empleo estable». «Se trata, en suma, de una medida dirigida a facilitar las decisiones de creación de empleo estable de las pequeñas y medianas empresas (que constituyen la inmensa mayoría del tejido empresarial español), reduciendo las incertidumbres propias de todo proyecto de inversión empresarial, en una coyuntura económica tan difícil y adversa como la actual”.

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