La secretaria de Estado de Empleo, Engracia Hidalgo, ha indicado este jueves que el Gobierno no descarta «en absoluto» poder ampliar el contrato para la formación y el aprendizaje al ámbito universitario.
«No cerraría en absoluto la puerta a poder implantarlo también en el ámbito universitario», ha indicado Hidalgo durante su participación en el 28 Encuentro de Telecomunicaciones y Economía Digital.
Hidalgo ha indicado que el contrato de formación y aprendizaje, que se está aplicando en la formación profesional, está teniendo una «implantación importante», con más de 200.000 contratos que cuando pasen 2 o 3 años tendrán un certificado de profesionalidad.
El contrato para la formación y el aprendizaje, que tiene por objeto la cualificación profesional de los trabajadores en un régimen de alternancia de actividad laboral retribuida, contempla una duración mínima de un año y máxima de tres.
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Subidas salariales en torno al 1% para 2015. Esa es, en principio, la propuesta que planteará la patronal CEOE a los sindicatos en la negociación del nuevo acuerdo general de convenios, que sustituya al actual Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), que caduca este año.
 
La organización que preside Juan Rosell mantuvo ayer reuniones preliminares con los sindicatos, por la mañana, y con la secretaria de Estado de Empleo, Engracia Hidalgo, por la tarde, en las que se ratificó la voluntad de mantener las líneas del acuerdo firmado el pasado 29 de julio, tras la reunión que los agentes sociales mantuvieron con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y la ministra Fátima Báñez, en el Palacio de la Moncloa.
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El Ministerio de Empleo ha abierto la puerta a volver a flexibilizar las condiciones de algunas jubilaciones anticipadas a los 61 años, después de que un cambio de criterio administrativo retrasara, desde mediados de junio, el retiro de algunos trabajadores que fueron despedidos antes del 1 de abril de 2013 y que cotizan individualmente a la Seguridad Social hasta los 63 años.
Así lo ha barajado hoy el secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, quien ha informado que mañana mantendrá una reunión con los sindicatos y los empresarios para analizar los efectos de este cambio de criterio que dictó la Dirección de Ordenación de la Tesorería del organismo que dirige. Según los cálculos de Empleo, esta nueva interpretación de la normativa de pensiones, más estricta, podía llegar a afectar a unos 7.000 trabajadores al año, hasta el 1 de enero de 2019, lo que suma una cantidad de 35.000 posibles perjudicados.
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Ser autónomo y acceder a la prestación por cese de actividad –el equivalente a la prestación por desempleo de los asalariados– era poco más que imposible. Los trabajadores por cuenta propia cotizan para recibir esta ayuda si su negocio va mal desde noviembre de 2010, y pueden cobrarla desde ese mismo mes de 2011.
Sin embargo, hasta la fecha, de los 600.000 autónomos que cotizan por esta contingencia, tan solo el 1% ha solicitado la prestación, es decir unoz 6.000. Y de éstos, más del 80% recibieron un no por respuesta al no cumplir los requisitos y no pudieron cobrar la ayuda.
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La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha mantenido la decisión de un juzgado de rechazar la concesión de la pensión de viudedad solicitada por una mujer que había convivido con el fallecido desde 1964 y con el que había tenido seis hijos, porque no estaba inscrita como pareja de hecho en ningún registro específico.
Esta sentencia se suma a otras dos recientes de mayo de la misma sala, donde se explica que la aplicación de la doctrina jurisprudencial y los precedentes que obran en este caso, obligan a desestimar estas pretensiones al no existir inscripción registral de la pareja de hecho constituida –la Ley autonómica 5/2012, de uniones de hecho formalizadas en la Comunidad Valenciana– establece cuando menos dos años antes al hecho causante– y por tener esa inscripción carácter constitutivo, de acuerdo con la ley que regula las uniones de hecho en la Comunitat.

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