Los salarios de tramitación debidos a un trabajador con jornada reducida se calculan a jornada completa. Así lo ha determinado el Tribunal Supremo en una sentencia (pinche aquí para acceder al texto) en la que atribuye a este concepto el carácter de indemnización, porque se trata de la retribución que debe pagar la empresa al trabajador, cuyo despido es declarado nulo o improcedente, por lo que ha dejado de cobrar durante el procedimiento judicial en el que se decide sobre la validez del cese. En otras palabras, con este pago se pretende compensar al empleado cesado por la pérdida del sueldo que hubiera percibido de no haber sido objeto de un despido que después se resuelve como nulo.

De tal manera que, al ser los salarios de tramitación una indemnización que recibe el trabajador, no importa que éste disfrutara de jornada reducida en el momento del despido a efectos de su cálculo ya que se rige por el criterio establecido en la Disposición Adicional 18ª del Estatuto de los Trabajadores referida al cálculo de indemnizaciones en determinados supuestos de jornada reducida.

Este precepto introducido para dar cumplimiento a la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, cuyo objetivo es la corrección de la desigualdad en el ámbito de las relaciones laborales, dispone que el cálculo de dichas indemnizaciones se hará según hubiera correspondido al trabajador sin considerar la reducción de jornada efectuada, siempre y cuando no hubiera transcurrido el plazo máximo legalmente establecido para el disfrute de este derecho.

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El Gobierno tiene previsto aprobar en un Consejo de Ministros del mes de septiembre los cambios en la normativa que regula el subsidio para mayores de 52 años, permitiendo así que más personas puedan beneficiarse del mismo.
En la rueda de prensa para presentar los datos de paro y afiliación a la Seguridad Social, la secretaria de Estado de Empleo, Yolanda Valdeolivas, ha explicado que el Gobierno quiere permitir el acceso a la ayuda a mayores de 52 años, ya que en la actualidad, tras la reforma del anterior Gobierno, solo pueden mayores de 55 años.

Asimismo, quiere recuperar como requisito para su acceso las rentas personales, y no las familiares, dando cumplimiento también así a una sentencia del Tribunal Constitucional.

Estos cambios han sido fruto de un preacuerdo en la mesa de Diálogo Social con patronal y sindicatos, que han encargado al Gobierno que elabore un texto normativo, con los datos sobre el impacto económico y potenciales beneficiarios.

«Estamos en condiciones de avanzar que será una realidad la recuperación del subsidio para mayores de 52 años con rentas personales a la vuelta del verano», ha dicho la secretaria de Estado, para ser aprobado en Consejo de Ministros «a no mucho tardar».

Lo que sí que aprobará mañana el Consejo de Ministros será una modificación del reglamento del extinto Plan de Activación para el Empleo (PAE), que permita a un colectivo de hasta 42.000 desempleados puedan recuperar esta renta.

Valdeolivas ha explicado que este colectivo, tras finalizar la vigencia del PAE, el pasado 30 de abril, no podía retomar esta prestación que había dejado en suspenso (por encontrar un empleo, por ejemplo) y tampoco acceder al nuevo subsidio extraordinario que se aprobó en los Presupuestos por incompatibilidad.

La secretaria de [...]

La Inspección de Trabajo y la Tesorería General de la Seguridad Social han reanudado formalmente su colaboración para luchar contra el fraude laboral. Para ello han firmado un convenio de colaboración que presentaron ayer los máximos responsables de ambos organismos y que incluye 7.500 actuaciones extraordinarias este año en empresas para luchar contra tres formas de fraude a la Seguridad Social fundamentalmente. Estas actuaciones, que tendrán un presupuesto de 960.000 euros, se sumarán a las 8.000 ya previstas para los cinco próximos meses.

La primera de estas campañas antifraude pondrá la lupa sobre la práctica empresarial de dar de baja a los trabajadores en la Seguridad Social durante el periodo vacacional y volver a contratarlos después para ahorrarse las cotizaciones del verano. Así la primera campaña se lanzará en septiembre y estará focalizada en el colectivo de profesores y en empresas del sector educativo, cuando se puedan comprobar las altas y las bajas de los meses de julio y agosto. El Tribunal Supremo acaba de fallar en contra de esta práctica en los docentes, extendida también en la construcción, entre otros.

Las otras dos formas de fraudes habituales a la Seguridad Social que combatirán la Inspección y la Tesorería conjuntamente serán las anomalías de las empresas en la declaración de horas extraordinarias y el abuso en la contratación temporal y a tiempo parcial sin justificación del tipo de actividad. Para ello, la Inspección verificará la situación de las empresas con mayores tasas de temporalidad que la media de su sector, entre otras actuaciones.

En paralelo, el Ministerio de Trabajo comenzó ayer a enviar cartas a las empresas que presuntamente incumplen la normativa en materia de contratación temporal y a tiempo parcial, con el objetivo de que regularicen [...]

Los autónomos y pequeñas empresas disponen todavía de una serie de ayudas y bonificaciones para contratar. Pero no por mucho tiempo. La norma establece que las ayudas que desgranamos a continuación desaparecerán en el momento en el que el paro se sitúe por debajo del 15%. Límite que está a punto de superarse. Dicho de otro modo, si tienes pensando ampliar tu equipo, hazlo cuanto antes, o perderás las siguientes bonificaciones.

Ayudas a la contratación que van a desaparecer

La primera de ellas será el contrato de apoyo a los emprendedores. Éste permite en la actualidad contratar a mayores de 45 años que estén inscritos como demandantes de empleo. A esta ayuda sólo pueden acogerse empresas de menos de 50 trabajadores. La ayuda será de 1.300 euros al año durante tres años. O de 1.500 euros al año si se contratan mujeres en ocupaciones en las que este colectivo esté menos representado.

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Se trata de dos planes de choque contra el fraude en la contratación temporal y en la contratación a tiempo parcial, con especial atención en grandes empresas del sector servicios, hostelería, comercio y la educación.

Ambos están recogidos en el Plan Director contra la Explotación Laboral 2018-2020, que previsiblemente aprobará el próximo Consejo de Ministros y que incluye 75 medidas a desarrollar por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para hacer frente al deterioro de las condiciones laborales en la salida de la crisis, según consta en el borrador del plan.

El documento señala también las reformas legales necesarias para atacar «la raíz del problema» desde el diálogo social y político, entre las que destaca el endurecimiento de las sanciones de orden social para que el empresario que contrate en fraude de ley sea penalizado por cada uno de los trabajadores afectados y no por el total.

El plan subraya que en la actualidad la mayoría de las veces ni siquiera se pone una sanción y solo se procede a la conversión de los contratos temporales en indefinidos, lo que desincentiva que se hagan contratos fijos desde un principio para cubrir las necesidades permanentes de las empresas.

Lograr un efecto disuasorio entre aquellos que promueven el fraude y las situaciones de explotación laboral es uno de los objetivos de los planes de choque que pretenden ponerse en marcha con carácter inmediato y que tendrán una primera fase de rastreo informático a través de la Herramienta de Lucha contra el Fraude.

Esta es la herramienta con la que cuenta la Inspección para cruzar datos de diferentes administraciones y detectar infracciones a través de la creación de ciertos perfiles de fraude.

Las empresas con posibles situaciones de fraude serán instadas a [...]