Establecer una cotización obligatoria para el cese de actividad de los profesionales autónomos. Si no en su totalidad, al menos de forma parcial. Esto es los que propone el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado.

El objetivo de esta obligatoriedad trae también un cambio de concepto en esta prestación. Se trataría de una aportación para que los trabajadores por cuenta propia que se encuentren en un momento de inactividad estén exentos de pagar la cuota mensual de autónomos. «Lo razonable es que el sistema también les abonara sus cuotas. Tenemos que buscar una forma. Pero cubrir esa contingencia significa que una cotización que ahora es voluntaria, tiene que convertirse en obligatoria en una cuantía mínima para permitir mutualizar esa contingencia», según ha declarado Granado a la agencia de noticias Europa Press.

Leer la noticia completa – click aquí 

La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, ha anunciado hoy los primeros resultados del plan de choque de la Inspección de Trabajo contra el uso fraudulento de contratos temporales: en agosto, se enviaron cartas a empresas advirtiéndoles de la existencia de 80.529 trabajadores eventuales que ya habían superado el tiempo de su contrato. El resultado de esta advertencia ha sido que 46.554 han sido convertidos en trabajadores indefinidos. Esto supone haber transformado en fijos el 58% del total de detectados.

Parte de esta conversión de temporales en fijos está incluida en los datos de contratación de agosto que reflejaron el mayor número de contratos indefinidos en ese mes en la serie histórica: 154.000, un 33% que un año antes.

Leer la noticia completa – click aquí 

El sistema de cotización por ingresos reales para autónomos, como el acordado entre el Gobierno y Podemos, podría provocar una subida de cuotas para 440.818 trabajadores por cuenta propia, según cálculos de Upta a partir de su propuesta para aplicar este sistema.

En concreto, la subida de cuotas afectaría al 14% del colectivo, que tributa por estimación directa y objetiva no agraria, y que tiene ingresos netos reducidos por encima de los 30.000 euros anuales, según Eduardo Abad, presidente de Upta. Estos autónomos

pasarían a tener una base mínima de cotización de 357 euros al mes, según el análisis de la situación sobre los rendimientos netos de los autónomos que han realizado una actividad económica en el año 2016.

De esta forma, pasarían a pagar 79 euros más a la Seguridad Social de forma obligatoria si cotizan por la base mínima, según la propuesta realizada por la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (Upta) y la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) a la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio el pasado mes de julio. La propuesta establecía cinco tramos de cotización diferentes para evitar la sobrecotización de los trabajadores por cuenta propia que tienen ingresos inferiores al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y, al mismo tiempo, conseguir un mayor esfuerzo contributivo a los que ganan más de 30.000 euros al año.

Leer la noticia completa – click aquí 

Esta norma, que entró en vigor el 1 de agosto, beneficiará a los trabajadores por cuenta propia que se hayan dado de alta después de esta fecha, ya que no es una medida retroactiva, según ha recordado ATA en un comunicado.

Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018 recogían esta modificación de la tarifa plana por la que se amplía la bonificación a dos años para los beneficiarios que inicien una actividad en municipios de menos de 5.000 habitantes.

Según el presidente de ATA, Lorenzo Amor, esta ayuda fomentará el relevo generacional y ayudará a paliar la despoblación de las zonas rurales.

En la actualidad, uno de cada cinco autónomos que se da de alta lo hace en el ámbito rural. «Hay muchos sectores que están sufriendo en los últimos años en el ámbito rural como es el comercio y con esta medida esperamos que remonte y se produzcan menos cierres y más relevos», ha resaltado Amor.

En concreto, se podrán beneficiar de la tarifa plana los trabajadores por cuenta propia que causen alta inicial y que no hubieran estado en situación de alta en los dos últimos años.

Los beneficiaros de esta medida contarán con los mismos incentivos tanto en el primer año como en el siguiente. Así, para beneficiarse de esta medida, los autónomos deberán estar empadronados en un municipio de menos de 5.000 habitantes.

Además, deberán estar dados de alta en el censo de obligados tributarios de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o de las Haciendas Forales, correspondiendo el lugar de desarrollo de la actividad declarada a un municipio cuyo padrón sea inferior a 5.000 habitantes.

También será obligatorio mantener el alta en la actividad autónoma o por cuenta propia en el municipio en los [...]

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) establece que los empleados desplazados están sujetos al régimen de la seguridad social del país donde trabajan, y no al del Estado donde está domiciliada la empresa. La sentencia, dictada hoy, asegura que se aplica esta norma también para los trabajadores movilizados como sustitutos de otro trabajador desplazado, aun cuando dichos empleados no hayan sido enviados por el mismo empresario.

«Por norma general, los trabajadores quedan sujetos al régimen de Seguridad Social del Estado miembro en que trabajan, especialmente para garantizar del modo más eficaz posible la igualdad de trato de todas las personas que trabajen en el territorio de ese Estado miembro», explica el Tribunal europeo. «El legislador de la Unión únicamente contempla la posibilidad de que un trabajador desplazado siga sujeto al régimen de Seguridad Social del Estado miembro en que su empleador ejerza normalmente sus actividades cuando se cumplan determinados requisitos», añade.

Por otra parte, aclara el alcance de los certificados A1 -antiguos E 101-, emitidos por la seguridad social del Estado donde radica la empresa ante desplazamientos internacionales de los trabajadores. Según el TJUE, vinculan tanto a las instituciones de Seguridad Social como a los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en el que se lleve a cabo el trabajo, mientras dichos certificados no sean retirados ni invalidados por el Estado miembro en que fueron expedidos.

«Lo mismo se aplica cuando, como sucede en el presente asunto, las autoridades competentes de los dos Estados miembros hayan sometido la cuestión a la Comisión Administrativa de Coordinación de los Sistemas de Seguridad Social y ésta haya concluido que los certificados habían sido expedidos indebidamente y debían retirarse», subraya el magistrado Re-gan, ponente del fallo. El Tribunal europeo [...]