La justicia rechaza que pueda denegarse una petición de reducción de jornada con el argumento de «evitar que sirva de precedente» para otras trabajadoras. Así lo determina un juzgado de Guadalajara, que ha obligado a una compañía a aceptar la solicitud de una operaria que pretendía coordinar su horario laboral con la guardería de su hijo, de tan solo unos meses de edad.

La empresa justificó su negativa alegando que la concesión de la reducción de jornada generaría grandes problemas de organización porque, si se lo concedían a la demandante, tendrían que hacer lo mismo con el resto de trabajadoras en una situación parecida.

El juez, sin embargo, asevera que dicho argumento no es válido «en modo alguno». La sentencia recuerda que el artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores (ET) reconoce el derecho a la reducción de jornada a las personas con menores de 12 años a su cuidado. Su denegación, en los términos alegados por el empresario, asevera el texto, supone una vulneración del derecho a la conciliación a la vida familiar y laboral.

Especiales dificultades

La resolución, asimismo, estima que la empresa «no ha acreditado la concurrencia de graves causas organizativas ni la ausencia de vacantes», ya que, tal y como consta en los hechos probados, en el momento en el que se produjo la petición solo había una trabajadora con jornada reducida. Una situación, además, que terminaba un mes después.

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La mejora de las pensiones de viudedad, prevista en la ley desde el año 2011 pero que no se ha aplicado hasta este mes de agosto, beneficia a 869.000 viudas y viudos –nueve de cada diez son mujeres- mayores de 65 años que viven exclusivamente de su pensión de viudedad. En concreto, la mejora consiste en ampliar la base reguladora del pensionista del 52% al 56% este año y al 60% en 2019, lo que implica un incremento medio global de las cuantías de la pensión del 15%.

Sin embargo, más de la mitad de este colectivo que se beneficiarán de esta subida no la van a notar en sus bolsillos a fin de mes. El motivo es que 478.568 de estos beneficiarios (el 55% del total) ya son titulares de la pensión mínima y reciben el denominado ‘complemento a mínimos’, que se cobra cuando al calcular la pensión a la que tiene derecho el viudo o la viuda su cuantía no llega a la prestación mínima que establece la ley cada año.

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«El bonus de carácter anual devengado durante el ejercicio anterior al despido debe incluirse en el montante de referencia para calcular la indemnización del mismo (es decir, la cantidad a partir de la cual se estiman los 45 días por año)». Así lo determina el Tribunal Supremo, en una sentencia en la que condena a una empresa a elevar la cantidad con la que debe compensar a un empleado cuyo cese es declarado improcedente (pinche En el litigio, el juzgado de primera instancia rechazó que pudiera incluirse en la indemnización del empleado, despedido en 2014, la parte correspondiente al bonus reconocido en 2013.

Un extremo que fue confirmado por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid, que argumentó que durante el año del despido el trabajador no había devengado incentivo alguno por cumplimiento de objetivos.

El Tribunal Supremo, sin embargo, admite el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el empleado, que reclamaba que el bonus aprobado el ejercicio anterior se integrara en el salario que se toma como base para la indemnización.

213.000 euros

Ante las discrepancias mostradas en algunas sentencias, el Supremo recuerda que los bonus, a pesar de ser una retribución variable que se abona en función de los objetivos, es un pago que tiene naturaleza salarial. En este sentido, subraya que cuando existen remuneraciones con una periodicidad superior a la mensual (como en este supuesto), el montante a partir del cual se calculará la indemnización por despido está constituido por el «total de las retribuciones que el trabajador percibía en el momento del despido», incluyendo las cantidades cuyo devengo se hubiera producido el año anterior.

Asimismo, el alto tribunal recuerda que la pasividad empresarial respecto de la fijación de los objetivos [...]

El Tribunal Supremo establece que a la hora de calcular la revisión salarial anual no repercute en su cálculo la existencia del IPC negativo, algo que sí ocurre cuando éste es positivo.

La sentencia, de 21 de junio de 2018, cuyo ponente es la magistrada Milagros Calvo Ibarlucea, afirma que para que «se produjera el efecto de revisión a la baja, sería preciso que así se hubiera establecido de manera clara y expresa en el pacto en virtud del cual se acordaba la revisión», es decir en el convenio colectivo.

En el ámbito de la negociación colectiva existe en el mercado laboral una larga, reiterada y uniforme práctica de convenir en la aplicación del IPC previsto, con revisión al alza de acuerdo con el que acabara siendo el IPC real al final del año. Sin embargo, en este caso «nunca se pactó una revisión a la baja, porque nunca, desde que se implantó la negociación colectiva, la inflación real a fin de año había sido inferior a la prevista», por tanto, «cambiar ese uso general y sin excepciones aceptado por los componentes de las mesas negociadoras, habría exigido que así se estableciera de manera expresa», concluye.

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El Tribunal Supremo (TS) establece que el tope cuantitativo de ingresos -el 75 por ciento del salario mínimo interprofesional- previsto como requisito para lucrar el subsidio de desempleo por responsabilidades familiares está referido en exclusiva al beneficiario solicitante, sin que el cómputo del tope quede condicionado al número de miembros que integran la unidad familiar.

La sentencia, de 13 de junio de 2018, establece que «para tener derecho al subsidio hay un primer requisito, consistente en que el solicitante carezca de rentas propias de cualquier naturaleza que superen la aludida cuantía, y solo cuando este requisito sine qua non ha sido superado, es cuando pueden acreditarse cargas familiares».

El Supremo interpreta así el apartado segundo del artículo 215.2 de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS). El precepto indica que «se entenderá por responsabilidades familiares tener a cargo del cónyuge, hijos menores de veintiséis años o menores incapacitados, o menores acogidos, cuando la renta del conjunto de la unidad familiar así constituida, incluido el solicitante, dividida por el número de miembros que la componen, no supere el 75 por ciento del salario mínimo interprofesional, excluida la parte proporcional de las pagas extraordinarias». Además, añade que «no se considerará a cargo el cónyuge, hijos o menores acogidos, con rentas de cualquier naturaleza superiores al 75 por ciento del salario mínimo interprofesional, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias».

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