La ley estipula que las bases mínimas de cotización a la Seguridad Social deben subir lo mismo que lo que aumente cada año el salario mínimo interprofesional (SMI). Esto supondrá que, si salen adelante los Presupuestos Generales del Estado diseñados por el Gobierno socialista y Podemos, las bases mínimas de cotización de todos los grupos se elevarán el próximo año un 22,3%, lo mismo que subirá el salario mínimo que pasará de 735,9 a 900 euros al mes en 14 pagas, o lo que es lo mismo 12.600 euros anuales o 1.050 euros en 12 pagas.

Las bases mínimas de cotización son aquellas cuantías (similares al salario bruto del trabajador) sobre las que se aplican un porcentaje denominado tipos de cotización. La cantidad que resulta de aplicar este porcentaje a la base de cotización determina la cuantía de las aportaciones que hacen mensualmente los empresarios y los trabajadores a la caja de la Seguridad Social para pagar las pensiones.

Así, cuanto más amplia sea esa base de cotización, –la mínima en este caso– mayor será la aportación que tendrán que hacer los empresarios por sus empleados y, en menor medida, los trabajadores. Esto es así porque el tipo que pagan los empresarios por un trabajador a tiempo completo es del 23,60% de la base de cotización en la que esté encuadrado el empleado en función de su sueldo y su titulación, mientras que el trabajador aporta un 4,70% de su base. En total, el tipo de cotización por contingencias comunes es ahora del 28,30% de la base del trabajador.

Las bases mínimas y máximas están divididas en varios grupos de cotización que van del 1 al 11. Si bien la mayoría de los asalariados del Régimen General [...]

A falta de medidas legislativas que aborden con determinación el abuso de la temporalidad en la contratación laboral, son los tribunales quienes han asumido el papel de ariete contra uno de los principales lastres del mercado de trabajo. Una nueva muestra de ello son tres recientes sentencias del Tribunal Supremo que abordan la problemática de la prórroga de los contratos de obra y servicios vinculados a una contrata, cuando esta se prolonga más allá de los límites inicialmente previstos.

La jurisprudencia ha admitido que el contrato por obra o servicio es una modalidad válida para cubrir las necesidades de trabajo derivadas de una contrata. De hecho, considera ajustado a la ley que se asocie la duración del vínculo laboral al tiempo que perdura la relación mercantil entre empresas.

Ahora bien, el alto tribunal en las resoluciones se plantea si ese encaje legal justifica que estos contratos temporales puedan alargarse junto con cada renovación o renegociación de la contrata, sin que ello lleve asociada una mejora en la protección de estos trabajadores frente al despido (fijado en 12 días de salario por año trabajado).

En este sentido, los magistrados concluyen que un contrato temporal puede entenderse transformado en indefinido «cuando la expectativa de finalización del mismo se torna especialmente remota, dado el mantenimiento inusual y particularmente largo» de sus funciones, por las «sucesivas modificaciones» de la contrata inicial. La resolución precisa que no se refiere a «meras prórrogas» de la misma, sino a situaciones en las que la continuidad de la relación laboral «desnaturaliza» la contratación temporal y «pervierte su objeto y finalidad».

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Pedro Sánchez y Pablo Iglesias firman esta mañana un acuerdo presupuestario que alcanzaron los equipos negociadores de PSOE y Podemos pasadas las dos de la madrugada y que incluye la subida del Salario Mínimo, la cesión a los ayuntamientos de la regulación de alquileres en las zonas de alta inflación de precios y aumentar el presupuesto de los planes de vivienda pública, entre otras medidas.

El acuerdo, alcanzado tras dos jornadas maratonianas en las que Sánchez e Iglesias se han reunido en Moncloa hasta en dos ocasiones, y en el que han sido muy activos tanto la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, como el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, y su número dos en el Congreso, Ione Belarra, incluye subir el Salario Mínimo Interprofesional a 900 euros, legislar bajas de paternidad iguales e intransferibles para padres y madres, así como una subida de un punto en el impuesto de patrimonio a las grandes fortunas (por encima de 10 millones de euros).

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El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ha decidido paralizar temporalmente durante aproximadamente 15 días los pagos de las prestaciones de maternidad y paternidad que se están abonando en la actualidad. El motivo no es otro que la necesidad de desarrollar la herramienta informática que permita reanudar el pago de estas prestaciones sin aplicarles la retención por IRPF, después de que la semana pasada el Tribunal Supremo determinara que estas ayudas quedan exentas del impuesto sobre la Renta.

Así lo ha avanzado hoy de manera informal el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, tras su comparecencia en el Congreso de los Diputados para hablar sobre el estado del fondo de reserva de las pensiones. Además de esta suspensión temporal de los pagos, que se reanudarán en 15 días sin retenciones, Granado ha explicado que esta misma mañana ha envidado al Ministerio de Hacienda los datos de todas las prestaciones de maternidad y paternidad abonadas en los últimos cuatro años, que será el periodo que los beneficiarios podrán reclamar a la Agencia Tributaria.

Según los cálculos de Trabajo, podrían producirse unas 900.000 reclamaciones a Hacienda para la devolución de estas retenciones practicadas en las prestaciones de maternidad y paternidad desde el ejercicio fiscal de 2014. Si bien la Administración aún no ha determinado si esas reclamaciones tendrán que ser presentadas a través de declaraciones de la Renta complementarias ante la Agencia Tributaria por cada uno de los afectados o Hacienda realizará las devoluciones de oficio. Según fuentes de Trabajo, el temor de Hacienda es que si son los afectados quienes tengan que reclamar, se produzca un colapso en la Agencia Tributaria.

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El permiso parental, es decir, la excedencia de la que pueden disfrutar cualquiera de los dos progenitores para el cuidado de sus hijos, no se equipara a tiempo de trabajo efectivo ni a una baja por enfermedad o maternidad a efectos del cálculo de la duración de las vacaciones anuales retribuidas a las que tiene derecho el trabajador. Así, se ha pronunciado el Tribunal de Justicia de la Unión europea respecto a la cuestión planteada por un tribunal rumano sobre si el Derecho de la Unión se opone a una disposición nacional que no considera periodo de trabajo efectivo, a efectos de fijar sus días de vacaciones, aquel en el que el trabajador disfrutó del permiso parental.

Según se recoge en la sentencia europea el derecho de la Unión establece como uno de sus principios de derecho social que los trabajadores dispondrán del derecho a un período de al menos cuatro semanas de vacaciones anuales retribuidas, cuya finalidad consiste en permitir que los trabajadores descansen, se basa en la premisa de que el trabajador ha trabajado efectivamente durante el período de referencia.

Asimismo, el tribunal de Luxemburgo precisa que, en determinadas situaciones concretas en las que el trabajador no puede cumplir sus cometidos, debido, en particular, a una ausencia por enfermedad debidamente justificada o a un permiso de maternidad, los Estados miembros no pueden supeditar el derecho a vacaciones anuales retribuidas al requisito de haber trabajado efectivamente.

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