La Agencia Tributaria ha iniciado una campaña para informar de las ventajas del régimen de IVA de caja, que permite que autónomos y pymes paguen el impuesto al cobrar la factura y no cuando la emiten. Se trata de una reclamación histórica de las empresas. La ofensiva informativa de Hacienda se produce después de que el departamento de Cristóbal Montoro prorrogara hasta el 31 de marzo el plazo para acogerse al IVA de caja que, en un primer momento, finalizaba el 31 de diciembre de 2013.

Según ha podido saber Cinco Días, entre febrero y marzo, la Agencia Tributaria organizará más de 70 sesiones informativas en todas las comunidades, salvo Canarias y los territorios forales de País Vasco, Navarra. Además, la semana pasada empezó a remitir cartas informativas a más de 300.000 contribuyentes que, por sus características, les resulta especialmente interesante el nuevo régimen.

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El Ministerio de Hacienda no eliminará la deducción por compra de vivienda en el IRPF de manera retroactiva, a pesar de que el comité de expertos previsiblemente sí lo incluirá en la propuesta de reforma fiscal que está a punto de concluir, según confirmaron fuentes del Gobierno.

La deducción en cuota por adquisición de vivienda en el IRPF está suprimida para las compras realizadas a partir del 1 de enero de 2013, pero aún son muchos los españoles que adquirieron su vivienda antes de esta fecha que siguen disfrutando de dicha desgravación, que fija un máximo deducible de 1.350 euros por contribuyente sobre una base máxima de 9.015 euros anuales.

En concreto, los Presupuestos Generales del Estado de este año estiman una pérdida de ingresos de 1.785,43 millones de euros por esta deducción que aún se aplican unos 5 millones de españoles. Esta partida es un 5,5% inferior a la de un año antes (1.889 millones de euros), dado que cada ejercicio que pase el número de beneficiarios de esta desgravación irá descendiendo al ritmo que los contribuyentes vayan cancelando sus hipotecas.

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El Gobierno está preocupado por la situación en la que se encuentran un sinfín de empresas en nuestro país por su elevado endeudamiento. Muchas de ellas de especial relevancia por tamaño y por el número de trabajadores, como Pescanova, Eroski o Codere.

El ministro de Economía, Luis de Guindos, tiene previsto modificar la legislación para intentar salvar este tipo de compañías y facilitar la negociación con los acreedores, principalmente la banca. Anunció que incluirá la modificación en la ley financiera que el Ejecutivo tiene previsto aprobar en las próximas semanas.

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La zona única de pagos en euros (SEPA, por sus siglas en inglés), que cambia el tradicional código de 20 dígitos de las cuentas corrientes españolas (CCC) por un estándar europeo (IBAN), entró en vigor el pasado 1 de febrero. Sin embargo, las autoridades comunitarias se han visto obligadas a conceder a última hora una prórroga de seis meses para completar la transición entre uno y otro sistema. El motivo es que la sociedad no se ha preparado para ello. El 34% de las empresas europeas no han tomado las medidas necesarias, porcentaje que en España se incrementa hasta el 47%, casi la mitad de las compañías, según un estudio elaborado por la plataforma tecnológica de cambio de divisas Kantox.
El cambio más básico que supone la SEPA, y que todas esas empresas no han abordado, es pedir a sus proveedores su código IBAN para poder realizar los pagos. Esto implica que, de entrar en vigor de forma definitiva ahora, este mes ya no podrían realizar esos pagos en las cuentas de esos proveedores a tiempo. Y en el caso de que las cuentas que no se hayan actualizado sean las de los empleados, estas rechazarían el ingreso de sus nóminas. Del mismo modo, aquellas empresas que no han facilitado su nuevo código a otras que se lo hayan reclamado, no cobrarán, lo que supone un riesgo de tesorería de empresa, pues su liquidez se vería reducida.
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El Ministerio de Industria soltó ayer la bomba al enviar a la CNMC la propuesta de orden por la que se establecen los parámetros retributivos de las energías del régimen especial que sustituyen al actual sistema de primas a la producción que afecta a empresas renovables, cogeneración y residuos. El texto corrió como la pólvora después de que el organismo supervisor lo enviara a los miembros del consejo consultivo de la electricidad en el que participan las empresas del sector, las asociaciones de consumidores y las comunidades autónomas, que tienen 20 días para presentar alegaciones.

A falta de un análisis sosegado de los textos remitidos a la CNMC (la orden y su memoria económica suman 265 páginas y los anexos otras 1.273), la citada memoria confirma lo que era un rumor: que los parques eólicos que comenzaron a funcionar antes de 2004 “no percibirán retribución específica, por haber superado la rentabilidad razonable establecida por la ley” (el 7,503% en estos momentos), por tanto, solo recibirán desde ahora el precio del mercado.

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