El desempeño del cargo de administrador en una sociedad de capital es gratuito, salvo que los estatutos sociales establezcan otra cosa, según señala el artículo 217 de la Ley de Sociedades de Capital.

Esta gratuidad sólo impide que el administrador perciba una retribución en su carácter de tal, es decir, como consecuencia del mero ejercicio de su cargo. No excluye, por tanto, la retribución por otro tipo de relaciones jurídicas con la sociedad, distintas de las inherentes a la gestión social, como señaló la Dirección General de los Registros y del Notariado en su Resolución de 19 de febrero de 1998.

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Un guiño al sector de la cultura. Así ha justificado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, la rebaja del 21% al 10% el IVA a las entregas de obras de arte aprobado hoy por el Consejo de Ministros. En septiembre de 2012, cuando el Gobierno de Mariano Rajoy elevó el IVA, las obras de arte pasaron del tipo reducido (8%) al general (21%).

Ahora, vuelven al punto de partida y aplicarán un gravamen del 10%, que es el tipo vigente para los bienes y servicios que disfrutan de un gravamen reducido. En cualquier caso, las entradas de cine o teatro mantienen el tipo del 21%. “Es un primer paso”, se defendió Sáenz de Santamaría, que justifica la reducción fiscal a las obras de arte para equiparar la tributación a otros países como Francia, Italia o Alemania.

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La reforma fiscal que prepara el Gobierno de Mariano Rajoy centrará la bajada impositiva en las rentas del trabajo. Según fuentes de Hacienda, el IRPF será menos oneroso para las percepciones de carácter laboral cuando se introduzca la modificación tributaria en la que aún trabaja el grupo de expertos, y cuyo informe definitivo todavía está pendiente.

La bajada de la fiscalidad de las rentas del trabajo en el IRPF se trata de un primer paso en la intención de aligerar la carga tributaria, generando incrementos de la demanda interna que alienten la actividad. ¿Qué problemas traería bajar IRPF y subir el IVA?

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Un descuido. El Gobierno de Marino Rajoy aprobó en diciembre de 2011 un real decreto por el que elevaba para los ejercicios 2012 y 2013 el IRPF, el IBI o la retención sobre el capital mobiliario para empresas y particulares. Estos incrementos tributarios se prorrogaron en su conjunto para este año, sin embargo, Hacienda se olvidó de renovar el artículo que elevó del 19% al 21% la retención que se aplica sobre los dividendos e intereses en el impuesto sobre sociedades.

Así, a día de hoy, las empresas deberían sufrir una retención del 19% por los dividendos o intereses cobrados frente al 21% que se aplica a las personas físicas. Fuentes de Hacienda reconocen que se trata de un error e indican que en breve se solventará. El Ejecutivo está esperando la aprobación de un real decreto que permita incluir una disposición para subsanar el descuido. Previsiblemente, el Consejo de Ministros del viernes incorporará el incremento del 19% al 21% de las retenciones de capital mobiliario en el impuesto sobre sociedades.

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Se las prometía como una de las medidas estrella de esta legislatura, pero su puesta en práctica está siendo mucho más compleja de lo que inicialmente creían tanto los beneficiados (los pequeños empresarios) como los precursores (el Gobierno). Aunque estaba previsto que el pasado 1 de enero echara a andar el Régimen Especial de Criterio de Caja (RECC) del Impuesto de Valor Añadido (IVA), el Ejecutivo ha prorrogado hasta el 31 de marzo el plazo para que los contribuyentes puedan acogerse a este sistema.

La intención era buena: permitir a las pymes que no tengan que liquidar ante Hacienda el IVA de las facturas emitidas hasta que no hayan cobrado efectivamente ese importe por parte de sus clientes. Así se evita que el empresario anticipe a la Agencia Tributaria un IVA que aún no ha cobrado. Sin embargo, la trasposición de la directiva europea que ha realizado el Gobierno está provocando la falta de adhesión al régimen, a pesar de que muchos empresarios demandaban esta posibilidad desde hace muchos ejercicios. Tal y como está configurado, el IVA de caja «conviene a las pymes que se mueven con sus proveedores en entornos similares», explica Marta González, directora del Servicio de Estudios de Aedaf. «Pero cuando hay muchas diferencias de tamaño entre el emisor y el receptor de la factura, una de las dos partes tiene mucho más que perder», sentencia González.

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