La zona única de pagos en euros (SEPA, por sus siglas en inglés), que cambia el tradicional código de 20 dígitos de las cuentas corrientes españolas (CCC) por un estándar europeo (IBAN), entró en vigor el pasado 1 de febrero. Sin embargo, las autoridades comunitarias se han visto obligadas a conceder a última hora una prórroga de seis meses para completar la transición entre uno y otro sistema. El motivo es que la sociedad no se ha preparado para ello. El 34% de las empresas europeas no han tomado las medidas necesarias, porcentaje que en España se incrementa hasta el 47%, casi la mitad de las compañías, según un estudio elaborado por la plataforma tecnológica de cambio de divisas Kantox.

El cambio más básico que supone la SEPA, y que todas esas empresas no han abordado, es pedir a sus proveedores su código IBAN para poder realizar los pagos. Esto implica que, de entrar en vigor de forma definitiva ahora, este mes ya no podrían realizar esos pagos en las cuentas de esos proveedores a tiempo. Y en el caso de que las cuentas que no se hayan actualizado sean las de los empleados, estas rechazarían el ingreso de sus nóminas. Del mismo modo, aquellas empresas que no han facilitado su nuevo código a otras que se lo hayan reclamado, no cobrarán, lo que supone un riesgo de tesorería de empresa, pues su liquidez se vería reducida.

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