El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, y el presidente del Consejo General del Notariado, José Manuel García Collantes, han firmado este viernes un acuerdo que permitirá la realización de los trámites administrativos a través de apoderados o representantes sin necesidad de presentar una copia del documento en el que se delegan los poderes.

Según datos del Sistema de Información Administrativa, más de 20 millones de tramitaciones de los ciudadanos al año con la Administración General del Estado (AGE), requieren de la aportación de poderes de representación o de escrituras públicas de constitución de sociedades.

Para facilitar estos trámites, el Ministerio de Hacienda ha desarrollado una plataforma tecnológica que permitirá el intercambio telemático de datos entre el Registro Electrónico de Apoderamientos y el Índice Único Notarial.

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Mientras el Gobierno saca, o intenta sacar pecho, con los resultados del plan de pago a proveedores, la situación real de la morosidad pública y privada en España sigue siendo una de las más graves lacras que dificultan la viabilidad y el empleo de las pequeñas y medianas empresas españolas, como demuestra el hecho de que siete de cada diez contratos o acuerdos comerciales que se firman en nuestro país, el 68,1 por ciento para ser exactos, incumplen los plazos de pagos establecidos en la Ley de Morosidad.

Pero también ha despertado el Ejecutivo la indignación en el colectivo de los autónomos y pymes al introducir en el Anteproyecto de Ley de Fomento de la Financiación Empresarial dos disposiciones finales que vuelven a dar vía legal al concepto del pacto entre las partes para vulnerar los plazos de cobro legales (30 días en el sector público y hasta 60 en el privado), que fue derogado en la modificación de la Ley de Morosidad.

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Una de cal y otra de arena. Tras el fiasco del pasado martes, en el que el grupo popular en el Congreso se negó a apoyar una proposición de ley impulsada por CiU que instauraba un régimen sancionador para las empresas que no pagan en plazo a sus proveedores, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se ha pronunciado justamente en sentido contrario en la reunión que mantuvo a primera hora de la tarde con el presidente de la patronal de las pymes en Cataluña (Pimec), Josep González, y el presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad y secretario general de Pimec, Antoni Cañete.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, avanzó a los empresarios que el Gobierno prepara “cambios legislativos” que incluirán sanciones para las “grandes empresas” que incumplan los plazos previstos en la ley de lucha contra la morosidad a la hora de saldar sus deudas con pymes y autónomos. En declaraciones a los periodistas tras el encuentro, el ministro avanzó que la normativa que prepara el Gobierno habilitará un régimen sancionador” para estos casos. “Al igual que en el caso de las Administraciones, el Gobierno no permitirá a las grandes empresas, entre ellas a las cotizadas, que recurran al aplazamiento del pago a proveedores para financiarse”, dijo.

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Antes, al estrés de la mudanza se le sumaba una eternizante batalla con el papeleo administrativo. Ahora, cambiar de domicilio ya no requiere acudir a una infinidad de ventanillas. La propia administración se encarga de informar a todas las entidades que operan con datos domiciliarios. De hecho, las colas frente a un cristal son cosa del pasado. Para comunicar una nueva dirección a los distintos organismos que lo requieren basta con entrar en la web de la Administración General del Estado: https://cambiodomicilio.redsara.es
Así, en un único trámite, la Agencia Tributaria, Tráfico, la Seguridad Social, la Dirección General de la Policía, entre otras, reciben a la vez el cambio de domicilio.
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La Agencia Tributaria (AEAT) ha abierto 27.696 inspecciones a jubilados extranjeros residentes en España y a jubilados retornados por no declarar su pensión de un país extranjero, si bien el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, asegura que «no se les está tratando como defraudadores» y que se está estudiando «caso a caso» para evitar perjuicios innecesarios sobre su patrimonio.

Así lo ha indicado durante la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso al ser preguntado por el portavoz adjunto de Economía del PSOE, Antonio Hurtado, por el número de procedimientos de gestión tributaria que se han abierto a emigrantes retornados por pensiones no declaradas.

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