La aceptación de quitas por parte de la Administración Pública no es habitual, pero sí que se produce en el marco de los procesos concursales. Según datos de Hacienda, ha perdonado deudas fiscales por un importe de 73,8 millones desde 2006. Hacienda se ha adherido a 116 convenios, es decir, pactos entre la empresa y los acreedores que pueden incluir quitas. Desde 2012, Hacienda ha autorizado la adhesión a 31 convenios y aceptado quitas por un valor de 32,1 millones.

En principio, la Ley General Tributaria señala que el crédito fiscal es “indisponible”, aunque en 2003 se modificó la legislación y se estableció que “la Hacienda Pública podrá suscribir […] acuerdos o convenios previstos en la legislación concursal”. Así, la condonación de deuda solo es posible en el marco de un concurso de acreedores. Fuentes jurídicas indican que no es frecuente que la Agencia Tributaria acepte quitas y prefiere los aplazamientos. Las condonaciones se conceden cuando Hacienda conoce de primera mano la situación de la empresa.

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El Índice de Precios de Consumo (IPC) se mantuvo sin cambios en mayo respecto al mes de abril, pero redujo dos décimas su tasa interanual, hasta el 0,2%, debido al abaratamiento de alimentos y bebidas no alcohólicas y de los viajes y hoteles tras la celebración de la Semana Santa, según ha informado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE), que confirma así el dato avanzado a finales del mes pasado.

De esta forma, el IPC interanual encadena dos meses en positivo tras la tasa negativa del 0,1% que registró el pasado mes de marzo. Con el dato del quinto mes del año, ya son nueve los meses en los que el IPC interanual se mueve en tasas muy bajas, de apenas unas décimas.

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El Consejo de Ministros dará el visto bueno a la reforma fiscal el viernes de la próxima semana. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, había marcado como posibles fechas el 13 o el 20 de junio y todo indica que finalmente se optará por la segunda. La abdicación del Rey Juan Carlos ha trastocado la agenda del Ejecutivo y ciertos detalles de la reforma fiscal todavía están en el aire.

En cualquier caso, las grandes líneas de la reforma sí que se están marcadas y pivotarán sobre una rebaja de tipos y tramos en el impuesto sobre la renta. Nada más llegar al Gobierno, Rajoy elevó entre 0,75 y siete puntos los gravámenes del impuesto que se aplica sobre los rendimientos del trabajo. Ahora, este incremento se revertirá, aunque de forma desigual. El gravamen para el primer tramo se fijará por debajo del 24% vigente al inicio de la legislatura. En cambio, es previsible que al menos en 2015 el gravamen marginal máximo no se reduzca en los siete puntos que subió en 2012. Hacienda baraja fijar una reducción en varias fases para las rentas más elevadas.

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El Boletín Oficial del Estado ha publicado hoy un real decreto que modifica un reglamento de inspección tributaria por el que se obliga a la banca a identificar a los titulares de cuentas financieras con la intención de luchar contra el fraude fiscal.

Por medio de esa norma se introduce un nuevo artículo 37 del “Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio”.

Con ese cambio se regula “la obligación de las instituciones financieras de suministrar información sobre cuentas financieras y de identificar la residencia o en su caso nacionalidad de las personas que ostenten la titularidad o el control de las mismas conforme a las normas de diligencia debida”.

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La Agencia Tributaria ha renunciado a ingresar deudas pendientes de cobro en periodo ejecutivo inferiores a tres euros, dado que su coste de gestión es mayor que el dinero que finalmente ingresan las arcas públicas, según una resolución conjunta de la Intervención General de la Administración del Estado y de la Dirección General de la Agencia Tributaria publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

En la citada resolución, que entra en vigor mañana, se acuerda la anulación y se dan de baja aquellas deudas de cuantía inferior a tres euros respecto de las que no se va a continuar la gestión recaudatoria por motivos «estrictamente económicos», dado que su cuantía resulta «insuficiente» para la cobertura del coste que representa su recaudación.

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