Mientras el Gobierno saca, o intenta sacar pecho, con los resultados del plan de pago a proveedores, la situación real de la morosidad pública y privada en España sigue siendo una de las más graves lacras que dificultan la viabilidad y el empleo de las pequeñas y medianas empresas españolas, como demuestra el hecho de que siete de cada diez contratos o acuerdos comerciales que se firman en nuestro país, el 68,1 por ciento para ser exactos, incumplen los plazos de pagos establecidos en la Ley de Morosidad.

Pero también ha despertado el Ejecutivo la indignación en el colectivo de los autónomos y pymes al introducir en el Anteproyecto de Ley de Fomento de la Financiación Empresarial dos disposiciones finales que vuelven a dar vía legal al concepto del pacto entre las partes para vulnerar los plazos de cobro legales (30 días en el sector público y hasta 60 en el privado), que fue derogado en la modificación de la Ley de Morosidad.

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