La Agencia Tributaria eleva la apuesta por las herramientas informáticas como medio para combatir el fraude fiscal. Para ello, ultima un plan especial con el que pretende controlar los programas informáticos que permiten llevar una contabilidad b o paralela e incluso se plantea revisar los software de las cajas registradoras de los pequeños comercios para comprobar que no oculten ventas no declaradas que perjudican sobre todo a la recaudación del IVA.

Hacienda incluirá estas medidas en un nuevo plan especial para luchar contra el dinero negro donde el control de los programas informáticos y las bases de datos tendrán un papel protagonista. El plan pretende luchar contra las ventas en b y limitar los “programas de doble uso” —soluciones informáticas que permiten ocultar parte de los ingresos reales de una empresa—.

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Los últimos datos de la Agencia Tributaria muestran que las rentas brutas del trabajo declaradas en el IRPF, que incluyen salarios, pensiones, prestaciones por desempleo o ingresos de profesionales autónomos, cayeron en 2013 hasta los 503.296 millones, un 1,5% menos que el año anterior y el nivel más bajo desde 2006. La estadística fiscal refleja con contundencia los efectos del elevado desempleo y de las reducciones o moderaciones salariales que se han impuesto en la mayoría de empresas.

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Las reclamaciones y quejas por discrepancias tributarias que presentan los contribuyentes ante los tribunales competentes se han multiplicado desde el comienzo de la crisis, según la Memoria del Tribunal Económico Administrativo Central, que recoge datos de todos los tribunales de este ámbito. En 2012, último año con datos disponibles, se presentaron 223.417 reclamaciones, un nuevo récord y un incremento del 83% respecto a la cifra de recursos presentados en 2007. El ritmo de entrada supera al de resolución de expedientes (190.374 en 2012), lo que evidencia que los casos se están acumulando en los tribunales.

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El pleno de la Eurocámara ha aprobado este martes de forma definitiva – por 603 votos a favor, 21 en contra y 51 abstenciones- una norma que establece el derecho para todos los residentes en la UE a abrir una cuenta bancaria básica, independientemente de su nacionalidad o su lugar de residencia. La nueva legislación establece que las comisiones y las normas que regulan las cuentas básicas deben ser transparentes y comparables y facilita el traslado de cuenta.

Una vez que sea ratificada por los Veintiocho en las próximas semanas, los Estados miembros dispondrán de dos años para incorporar la nueva norma a sus respectivas legislaciones nacionales.

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El consejo de ministros ha aprobado el anteproyecto de reforma de la ley hipotecaria y de la ley del catastro para facilitar el intercambio seguro de datos entre el Registro de la Propiedad y el Catastro y evitar así informaciones “contradictorias e incompletas” sobre un mismo bien inmueble. La modificación de ambas normas tiene también por objeto facilitar la interoperabilidad entre ambos.

Al término de la reunión del Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, indicó que ambas instituciones tienen competencias diferenciadas que, sin embargo, recaen sobre un mismo ámbito: la realidad inmobiliaria. “La coordinación de la información existente entre ambas resulta indispensable para una mejor identificación de los inmuebles y una más adecuada prestación de servicios a ciudadanos y administraciones”, subrayó.

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