El libro de registro del IVA es un documento oficial que exige la Agencia Tributaria a todo autónomo o Sociedad que realice actividades sujetas a este impuesto. La presentación del IVA es obligatoria para todo aquel que ejerza alguna actividad relacionada con el mismo.

En este sentido, la Agencia Tributaria llevaba tiempo con un problema muy recurrente en cuanto al Libro del IVA, que no es otro que su formato de presentación. “El problema empieza en las oficinas territoriales que, en su obligación de comprobación de estos libros, no daban una garantía a los obligados de presentar estos documentos, de que su libro estuviera acorde a lo demandado. Por supuesto, los asesores de dichos obligados y los desarrolladores de herramientas para la presentación de este documento, también se topaban con esta inseguridad”, aseguran desde la web getquipu, de la gestoría online Quipu.

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La Agencia Tributaria está enviando de manera masiva a pymes y autónomos notificaciones para informarles de ‘fallos tributarios’. Es el tercer año que la Agencia Tributaria ha lanzado una campaña de envío de cartas a pymes y autónomos para comunicarles que dispone de información de las entradas y salidas de todas las cuentas bancarias y les advierte sobre posibles «inconsistencias» tributarias.

El Departamento de Gestión del organismo tributario recuerda que la AEAT dispone desde el año 2016 de información de las entradas y salidas totales de todas las cuentas bancarias de los contribuyentes, tanto de personas físicas como de entidades.

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La declaración de bienes en el extranjero no merece la sanción del 150% de la ganancia patrimonial imputada por Hacienda, por la declaración fuera de plazo de bienes en el extranjero, según establece el Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) en una resolución de 14 de febrero dada a conocer hoy mismo. Por ello, procede a anularla.

Aunque la resolución no tiene un ámbito genérico, puesto que la Sala lo ciñe a este caso por la antigüedad da los bienes y la situación de jubilado del contribuyente, sí que abre una vía para el resto de los casos que se han ido generando por situaciones similares.

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La arrendadora debe hacer frente a ciertas reformas tras los daños que su inquilino provocó en la vivienda alquilada en el año 2017. Así tuvo que comprar electrodomésticos y otros enseres. Y como consecuencia de unas filtraciones de agua que a principios del año 2018, afectaron a la vivienda de abajo, tuvo que realizar obras en el baño y en la cocina.

La Ley reguladora del IRPF exige a efectos de la deducibilidad, una correlación entre los gastos de conservación y reparación y los ingresos derivados del arrendamiento. Por ello, para la DGT, en Consulta Vinculante V0440-19, de 28 de febrero, esos gastos que la arrendadora tiene que afrontar serán deducibles siempre y cuando obtenga rendimientos del capital inmobiliario, pudiendo en su caso, practicarse tal deducción en los cuatro años siguientes.

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Los tribunales económicos administrativos pueden declarar de oficio la prescripción de la deuda tributaria del contribuyente sin necesidad de consultar primero con Hacienda para que revise si olvidó remitir la prueba de que el derecho al cobro aún estaba vivo. Este es el criterio que ha fijado el Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) en una reciente resolución (cuyo texto puede consultar aquí) en la que rechaza el recurso extraordinario interpuesto por el departamento de recaudación de la AEAT (Agencia Estatal de Administración Tributaria) contra una resolución que declaró prescrita la deuda de un contribuyente que había impugnado el embargo de su cuenta.

El organismo recuerda a la AEAT que tiene obligación legal de enviar el expediente completoy que su falta de diligencia no puede tener como única consecuencia la anulación del acto administrativo impugnado (en el caso concreto, la diligencia de embargo). Tal y como se recoge en la resolución, el descuido de Hacienda «no puede intentar verse suplida con el intento de imponer a los tribunales la obligación, no prevista ni por la ley ni por el reglamento, de requerir la remisión de los posibles documentos que puedan integrar el expediente». Obligación que solo se prevé, aclara el organismo, para el caso de un «incumplimiento absoluto de su obligación de remisión por parte de la Administración».

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