La utilización masiva de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) en la actual crisis económica causada por la pandemia mundial de Covid-19 ha cambiado la óptica desde la que las empresas abordan sus ajustes de costes. Gracias a esta herramienta, que ha llegado a proteger el empleo de 3,4 millones de asalariados, la destrucción de empleo entre mediados de marzo y finales de abril (cuando desaparecieron casi un millón de empleos casi todos temporales) no fue mucho mayor.

Ante esta evidencia, la vicepresidenta económica y ministra de Economía, Nadia Calviño, ya sugirió en agosto que el diálogo social debería abordar si los ERTE deberían “transformarse desde el instrumento de choque que son ahora a una oportunidad para que los trabajadores reciban formación y se recualifiquen, en línea con lo que hace Alemania”.

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La propuesta que baraja el Gobierno sobre un posible aumento del periodo de 25 años a 35 años cotizados para el cálculo de la pensión que ha trascendido en los últimos días tendrá un impacto heterogéneo entre los futuros jubilados de nuestro país. Si bien los expertos calculan que un trabajador medio, con una carrera de cotización ordinaria -con aumento progresivo de las aportaciones a la Seguridad Social- sufriría un recorte de la pensión inicial de un 5% de media, para otros empleados, la medida supondrá un balón de oxígeno y un incremento de la cuantía de la prestación respecto a lo que cobraría con la legislación actual.

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El Ministerio de Trabajo pilló ayer con el pie cambiado a los representantes de la patronal y los sindicatos. Estos acudieron a una reunión con el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, para conocer la postura del Gobierno en torno a la subida del salario mínimo interprofesional, y sus cifras, pero se encontraron con una oferta de negociación que no esperaban.

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El Gobierno socialista francés de Lionel Jospin fue pionero en el mundo hace ya 20 años aprobando en el año 2000 la semana laboral de 35 horas. Dos décadas después esa normativa se ha ido descafeinando pero se mantiene en su esencia pese a la multitud de críticas que recibe incluso desde el ala más moderada de la izquierda. Pero el ejemplo francés no ha desanimado a otros países como Nueva Zelanda, cuya primera ministra Jacinda Ardern, ha anunciado recientemente que su Gobierno considera apoyar la semana laboral de cuatro días para fomentar el turismo doméstico y como medida para estimular la economía.

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El Gobierno prepara un decreto para elevar el salario mínimo interprofesional (SMI) hasta los 1.000 euros a comienzos del próximo ejercicio, si bien pretende negociar los términos del incremento con los agentes sociales en las próximas semanas, para que este comience a computar ya desde enero de 2021. Esta medida estaba ya en el aire, tal y como avanzó este diario hace unas semanas, si bien el sector empresarial asegura que no es el momento de continuar con la senda de incremento del SMI -cabe recordar que el Gobierno de coalición se ha comprometido a situarlo en el 60% del sueldo medio en España, lo que implicaría su subida hasta los 1.200 euros mensuales- en un periodo de crisis económica azuzada por la pandemia y las restricciones impuestas desde los gobiernos de todos los países del mundo para frenar los contagios y la crisis sanitaria.

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