La Seguridad Social puede embargar parte de las pensiones de los pensionistas para que los acreedores de estos vayan cobrando sus deudas. Se trata de una práctica permitida por la ley y que, sin embargo, no siempre se aplica: el pensionista tiene garantizada cierta cantidad de su pensión y existen límites a partir de los cuales no puede haber ningún tipo de embargo con el objetivo de proteger y cubrir al deudor si no tiene más recursos.

Para conocer todo lo referente a los embargos de las pensiones de la Seguridad Social hay que acudir a la Ley de Enjuiciamiento Civil. Esta normativa toma como referencia el Salario Mínimo Interprofesional (SMI): en su artículo 607 deja claro que son inembargables las pensiones que no superen este salario, que para 2021 es de 950 euros en 14 pagas y 1.108,33 euros en 14 pagas.

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El Gobierno echa mano del tiempo de descuento para tratar de salvar la oposición de la patronal y alcanzar al fin un acuerdo sobre la prórroga de los ERTE. Después de que la CEOE se opusiera ayer por la mañana a la oferta de última hora del ministro José Luis Escrivá, el Ejecutivo se ve forzado a aprobar esta semana el esquema de protección del empleo para los próximos cuatro meses mediante un Consejo de Ministros extraordinario, haya o no consenso. “No contemplo la posibilidad de que no haya acuerdo en el marco del diálogo social”, aseguró la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, al tiempo que confió en alcanzar un entendimiento “antes del viernes”.

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La Inspección de Trabajo ha detectado un total de 45.019 trabajadoras del hogar en situación irregular que realizaban una jornada a tiempo completo o equivalente de 40 horas semanales y cuya retribución era inferior al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en 2021, de 950 euros mensuales. 

Así se refleja en una respuesta parlamentaria escrita del Gobierno a la que ha accedido Servimedia, en la que indica que las actuaciones realizadas por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) hasta la fecha se han centrado en todas aquellas trabajadoras del sector del hogar que realizaban este tipo de jornada percibiendo un salario inferior al SMI.

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La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha vuelto a la carga contra las expedientes de regulación de empleo (ERE) de grandes empresas en el acto de clausura del 43 Congreso Confederal de UGT en Valencia. La ministra socialista volvió a mostrar el rechazo del Gobierno a los ajustes emprendidos por algunos bancos, aunque sin citarlos expresamente.

«No es ético ni comprometido que en un momento como el actual en donde mientras que algunas empresas incluso reparten dividendos están presentando expedientes de regulación de empleo que no podemos admitir», señaló Montero ante 800 delegados del sindicato socialista. «No puede ocurrir», remarcó.

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Ante situaciones de crisis, ya sea por motivos internos de la empresa o ajenos a ella, la ley prevé mecanismos que permiten paliar las consecuencias económicas y laborales negativas, es el caso de las regulaciones de empleo colectivas. Estas medidas están sujetas a exigentes requisitos que han de cumplir las compañías que se acojan a ellas.

La omisión de una de estas exigencias es motivo de peso para que un despido colectivo sea considerado nulo. Es el caso de una reciente sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Cataluña (cuyo texto puedes ver aquí), que, en consonancia con la doctrina mayoritaria, ha declarado nulo un despido colectivo de una compañía por no alegar causas objetivas nuevas para acogerse a un ERE, diferentes a las aportadas previamente para la aprobación de un ERTE. Nulidad, que la sentencia acompaña del derecho de reincorporación a los puestos de trabajo en las mismas condiciones previas al despido.

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