La ministra de Empleo, Fátima Báñez, se ha comprometido con Bruselas a impulsar medidas de conciliación de la vida familiar y laboral. Lo ha hecho en un carta remitida el 27 de abril a la comisaria europea de Empleo, Marianne Thyssen, en la que le felicita por las medidas sociales que había presentado un día antes.

La intención del equipo de Báñez es pactar medidas con sindicatos y empresarios en una de las mesas del diálogo social que tiene abiertas, concretamente la de “calidad en el empleo”. Para ello ha pedido a los agentes sociales que hagan sus propuestas, apuntan fuentes del Ejecutivo, y acordarlas con ellos, ya que creen que sin pacto será imposible aplicarlas.
No obstante, en Empleo también tienen elaboradas propuestas que van en la dirección de permitir más flexibilidad horaria en la entrada y salida del trabajo, respetando el número de horas diarias. Es decir, si un empleado tiene que estar en su puesto de trabajo a las ocho de la mañana que pueda hacerlo hasta las nueve y media, retrasando la salida el mismo tiempo o viceversa. Otra de las ideas es ahondar en el derecho a la desconexión digital, en la misma línea que se ha propuesto en Francia (no responder a correos electrónicos o a otros mensajes fuera del horario de trabajo).
La diferencia con el país vecino, apuntan fuentes de Empleo, es que Báñez no pretende imponerlo por ley. Explican en su departamento que su intención es que las medidas sean pactadas para que desde la mesa de diálogo social llegue «a las empresas y los sectores», pues, de lo contrario, no confían en que tenga éxito la iniciativa.
En la carta enviada a Bruselas, Báñez aprovecha [...]

Desde que empezó la crisis en 2007, los controles en el desempleo han causado 3,2 millones de bajas y un ahorro de 19.000 millones.

El programa de lucha contra el fraude en las prestaciones por desempleo contempla expulsar de la protección este año a 220.000 personas, con un ahorro para las arcas públicas de 1.900 millones de euros. Todo ello es el resultado de las operaciones que piensa llevar a cabo el Ministerio de Empleo y Seguridad Social por todos los medios para reducir el fraude en las prestaciones por desempleo. Así se estima en el programa de actuaciones para este año que, en este sentido, se recogen en los Presupuestos Generales del Estado.

La lucha contra el fraude en las prestaciones por desempleo es un capítulo importante de los presupuestos para la contención y reducción del gasto. Tanto es así que 1.900 millones de euros representan un 11% del gasto en la protección del paro, que este año asciende a 18.050 millones de euros. La lucha contra el fraude es incluso más relevante si se tiene en cuenta que, desde que comenzó la crisis económica en 2007, el ahorro para el Estado por menor coste es de 17.356 millones de euros, y de 19.256 millones, si se suman los 1.900 millones de recorte del gasto previsto para este año.

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Los accidentes con baja ‘in itinere’, los que se provocan en el trayecto del trabajo al hogar o viceversa, han aumentado un 6% en 2016, por encima de los causados durante la jornada de trabajo, que no llegaron al 5% Los datos facilitados por Ibermutuamur ponen de manifiesto un nuevo reto para la prevención de riesgos laborales.

Los datos se refieren tanto a los accidentes «in itinere» en general como a los accidentes mortales cuando el trabajador se encuentra en el trayecto hacia o desde el centro de trabajo. A este respecto,los accidentes mortales ‘in itinere’ crecieron un 15% durante el año pasado, mientras que los accidentes laborales que provocaron el fallecimiento del trabajador por distintas causas estuvieron por debajo del 7,5%.

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El Gobierno ha aprobado hoy en el Consejo de Ministros la prórroga del Programa de Activación para el Empleo –conocido como PAE– que consiste en una ayuda de 426 euros mensuales a desempleados de larga duración con cargas familiares que hayan agotado todas las prestaciones y subsidios y que busquen activamente empleo. Esta ayuda tiene una duración de seis meses improrrogables.

Además, tras las negociaciones entre el Ministerio de Empleo y los sindicatos, el Ejecutivo ha suavizado hoy los requisitos de acceso a esta prestación. Estas son las nuevas condiciones que se requieren para poder beneficiarse de esta ayuda:

Tiempo sin cobrar ningún tipo de ayuda: Se reduce de seis meses a un mes, el tiempo que ha pasado el solicitante desde que agotó la última prestación contributiva o ayuda por desempleo.
Plazo de inscripción como demandantes de empleo del solictitante: Se recorta de 360 a 270 días, el tiempo que el beneficiario debe llevar inscrito como demandante para poder recibir esta ayuda.
Búsqueda activa de empleo: Se permitirá justificar que las acciones de búsqueda se realizan a través de una agencia privada de colocación.
Se mantiene el requisito de tener cargas familiares y una duración de cobro de la ayuda de seis meses improrrogables.

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¿Qué ocurre si un trabajador está en la recta final de su vida laboral y pierde su empleo? Lo primero en lo que piensa es en el daño que esto genera en su carrera de cotización y, en consecuencia, en la merma de su pensión futura. Pero, en estos y otros casos, existe la posibilidad de que el trabajador se pague sus propias cotizaciones a la Seguridad Social a través de los denominados convenios especiales y mantenga así sus derechos de pensión.

Si bien, estos convenios no solo sirven para seguir cotizando para recibir una pensión, sino que cubren también otras contingencias, como las prestaciones de invalidez permanente, muerte y supervivencia y las derivadas de una enfermedad común o accidente no laboral. Por eso, aquellos que tengan suscrito uno de estos convenios podrán recibir, además de una pensión de jubilación, una de viudedad o las que se deriven por una enfermedad.

Para poder suscribir un convenio especial existe un requisito común a todos los posibles beneficiarios: tener cubierto un periodo mínimo de cotización de tres años (1.080 días) en los 12 años anteriores a su baja en la Seguridad Social, aunque reglamentariamente hay algunas excepciones, por ejemplo, en el caso de algunos ERE. Y no puede suscribirse un convenio especial mientras se percibe la prestación contributiva de desempleo.

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