Pocas veces un cambio normativo de naturaleza técnica causó tanto desasosiego con fundamento entre las empresas españolas. Quizá el tan llamado efecto 2000 pudo atraer la atención de la opinión pública, pero sus escasas consecuencias ya fueron previstas entre los profesionales. La puesta en marcha (sí o sí) del nuevo reglamento general de protección de datos (GDPR, por sus siglas en inglés, o RGPD) en solo un año ha obligado o obligará a cualquier empresa a establecer nuevos sistemas de gestión de sus infraestructuras informáticas para garantizar los derechos y la identidad de los usuarios y sus acciones en la red. De sufrir una fuga de datos, las sanciones previstas son las equivalentes al 4% de la facturación de las compañías negligentes, hasta 20 millones de euros (la de mayor cuantía de entre ambos baremos). Cualquier robo de información debe notificarse a la agencia de protección de datos en un máximo de 72 horas.

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