Muchos de los profesionales autónomos se ven en la necesidad de ampliar su equipo de trabajo y, por ende, generar un nuevo puesto de empleo. En este artículo vamos a explicar cuáles son las ventajas y cuáles son los inconvenientes en el caso de que la persona contratada sea un hijo menor de 30 años.

Lo primero que hay que aclarar es que esta acción está recogida en el Servicio Público de Empleo Estatal como una posibilidad viable: “El trabajador autónomo puede contratar como trabajador por cuenta ajena a su hijo menor de 30 años, aunque conviva con él”.

El primer inconveniente con el que nos encontramos es que en este caso, el hijo de este autónomo no podrá cotizar por desempleo ni estará protegido frente a dicha contingencia, lo que se traduce en que no podrá cobrar la prestación por desempleo.

Es importante señalar que esto se produce en el caso de que este mejor de 30 años aún conviva con su progenitor. Si está independizado el menor no tendría problemas para solicitar la prestación por desempleo.

No obstante, explica el SEPE, en el caso de que aún conviva con su padre y/o madre contratante el trabajador puede acreditar situación legal de desempleo, y si tuviese cotizaciones anteriores suficientes y cumple el resto de requisitos sí que podría optar a dicha prestación.

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Qué requisitos debe cumplir un autónomo para recibir ayudas cuando quiere contratar a un joven? ¿Y a un familiar? ¿Y si quiere convertir un contrato en prácticas, de jubilación, de sustitución o de relevo en indefinido? En la actualidad, los profesionales por cuenta propia pueden contratar y recibir algunas ayudas por parte del Estado, siempre y cuando se cumplan una serie de circunstancias que desgranamos a continuación.

Contratar a un joven

Un autónomo o una empresa con nueve o menos trabajadores puede contratar a un joven menor de 30 años y obtener ayudas por su contratación. Para ello deberá no tener ningún vínculo laboral con el trabajador. ni haber celebrado previamente un contrato de estas características.

En estos casos se puede contratar a un menor de 30 años o de 35, en caso de que tenga reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%.

Entre las condiciones que debe cumplir, destaca mantener contratado al empleado como mínimo 18 meses desde que empiece la relación laboral. Las condiciones no se consideran incumplidas si se extingue el contrato con causas objetivas o despido disciplinario.

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La Subdirección General de Tributos ha aclarado una duda que se plantea de forma recurrente a las empresas cuando reciben una orden de embargo del sueldo de alguno de sus empleados. En una consulta vinculante publicada recientemente, el organismo responde a la duda planteada de cómo aplicar los límites a la embargabilidad que contiene la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) en el caso de que existan pagas extraordinarias.

La norma determina que no puede embargarse el salario, sueldo, pensión o retribución equivalente que no exceda el salario mínimo interprofesional, fijado actualmente en 707,70 euros por 14 pagas.
Partiendo de este dato, el consultante planteaba si la cantidad inembargable debía estimarse que eran 12 pagas de 825,65 euros (resultado de dividir entre 12 las 14 pagas de 707,70 euros) o si, por el contrario, debía aplicarse el límite de 707,70 euros en cada salario ordinario y dos deducciones más del mismo importe en cada una de las pagas extra.

La Subdirección de Tributos, sin embargo, asevera que los límites de la inembargabilidad contenidos en la LEC “deben aplicarse a la totalidad de las percepciones mensuales acumuladas”. Es decir, en los meses de junio y diciembre se aplicará una única deducción de 707,70 euros y, a partir de ese mínimo exento, deberán seguirse las reglas contenidas en el artículo 607 de la norma: hasta el doble del salario mínimo, solo podrá embargarse el 30%; del doble al triple, el 50%; del triple hasta el cuádruple, el 60%; del cuádruple al quíntuple, el 75%; y, finalmente, de las cantidades que excedan podrá embargarse el 90%.

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El último informe de la Comisión Europea sobre sistemas de pensiones, conocido este mismo mes de mayo, destaca que las reformas llevadas a cabo por la mayoría de los socios comunitarios siguen afectando a los criterios que se usan para calcular la pensión: sobre todo la edad de jubilación, el periodo de cómputo que se tiene en cuenta para fijar las cuantías y las reglas de revalorización de las pensiones.

Pero, fundamentalmente, los expertos europeos destacan que todas estas medidas tienen como objeto “ajustar el tiempo de cobro de la pensión a la esperanza de vida”. Por ello, en los últimos años los Estados europeos han tomado otras medidas de ajuste automático del gasto–la mayoría vinculados a la esperanza de vida–; u otras para incentivar a la prolongación de la vida laboral y dificultar el retiro anticipado.

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