La Seguridad Social señala que la incapacidad permanente absoluta es aquella que inhabilita por completo al trabajador para toda profesión u oficio. Pese a que hay una serie de enfermedades que habitualmente otorgan el derecho a esta prestación, lo cierto es que no existe una lista cerrada y el enfoque va a depender de la evaluación individual de cada caso.

Una misma enfermedad puede ser incapacitante para una persona y no serlo para otra. Por tanto, habrá que tener en cuenta siempre cómo afecta la misma en la capacidad funcional del trabajador, las secuelas que deja y la posibilidad de mejora en cada situación.

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El Ministerio de Inclusión está negociando con los agentes sociales las modificaciones en el complemento por hijo para las pensiones contributivas para cumplir con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que considera que es aún discriminatorio para los hombres, a quienes se les exigen más requisitos que a las mujeres con descendencia, que lo perciben de manera automática en sus pensiones. El objetivo de la cartera que dirige la ministra Elma Saiz pasa por buscar la manera de contentar judicialmente a Europa pero, a su vez, seguir beneficiando a las mujeres que han visto perjudicada su carrera laboral por el cuidado de los hijos, sin embargo, el acceso a los varones podría derivar en la ‘expulsión’ de algunos de los beneficiarios que ya perciben la ayuda.

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La normativa de pensiones protege con especial ahínco a las mujeres que, por razones de maternidad, sufrieron interrupciones de cotización a lo largo de su carrera laboral, con el evidente perjuicio de cara al futuro cálculo de la pensión de jubilación. De hecho, en algunos casos incluso concede cinco años complementarios de cotización para paliar el impacto de la brecha de género de las pensiones.

La Ley General de la Seguridad Social recoge en su artículo 236 (puede consultarlo en este enlace) lo que denomina como beneficios por cuidado de hijos o menores, dentro del catálogo de medidas de protección a las familias.

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Este martes, 20 de mayo, entra en vigor el nuevo Reglamento de Extranjería en España, aprobado el 19 de noviembre de 2024 y publicado en el BOE un día después. La norma introduce cambios estructurales en los procedimientos de residencia, regularización y reagrupación familiar para personas extranjeras, con el objetivo de modernizar el sistema y adaptarlo a la realidad migratoria actual.

La abogada especializada en extranjería, Elena Abella, destaca que “son muchos los cambios que trae consigo este reglamento, algunos muy positivos, otros preocupantes. Pero habrá que esperar a su aplicación práctica para evaluar su verdadero alcance y eficacia”.

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La literatura económica no es clara sobre las consecuencias que tiene la subida salario mínimo (SMI) en el empleo, pero las estadísticas son reveladoras, y cuando se analiza cómo ha evolucionado la ocupación en sectores tan sensibles a los incrementos del indicador como las empleadas de hogar o los trabajadores del campo los datos no acompañan. El mercado de trabajo no se está comportando de forma lineal y el récord de más de 21 millones de ocupados tiene sus luces y sus sombras.

Desde que en 2019 el Gobierno de Pedro Sánchez comenzara a incrementar el salario mínimo este ha crecido un 60%, y en el mismo periodo las empleadas de hogar han perdido casi 70.000 puestos de trabajo y más 100.000 que se ha dejado por el camino la agricultura, lo que aproxima la pérdida de ocupación conjunta hacia los 200.000 en seis años. Sin olvidar el impacto que ha tenido el alza de costes en el bolsillo de familias y pensionistas, que también ha estado alimentando el declive de las trabajadoras domésticas.

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