Pedro Sánchez se está «viendo con empresas discretamente». Ultima la creación de un Comité de Alto Nivel para el asesoramiento estratégico sobre el fondo de 140.000 millones que reúne a grandes empresas y pymes.
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El Juzgado número 26 de Barcelona ha dictado una novedosa sentencia por la que eleva de 4.219 a 60.000 euros la indemnización que una empresa deberá pagar a un empleado por su despido improcedente, producido durante el estado de alarma. Según el juez, la cuantía inicial, fruto de la aplicación de las reglas de cálculo contenidas en la ley, no resulta lo suficientemente «disuasoria» para penalizar la actitud de la compañía, ni compensaba de forma adecuada al trabajador por la pérdida de su ocupación.
El demandante, un trabajador argentino, había migrado a España desde su país en octubre de 2019 con razón de su contratación por la organización, una multinacional dedicada al arrendamiento de oficinas. Sin embargo, en abril de este año, en plena crisis del Covid, la dirección le comunicó su despido sin argumentar más motivo que «un plan de reorganización interna para la mejora de la eficiencia» del departamento del que formaba parte.
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Algo más de cuatro horas ha durado la reunión entre los técnicos de los sindicatos CC OO y UGT y los de las patronales CEOE-Cepyme, junto a los responsables del Ministerio de Trabajo para negociar la nueva regulación legal del teletrabajo. En este encuentro, que era el primero tras el paréntesis veraniego, las partes «han registrado avances», pero han quedado en seguir negociando.
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Los líderes de las patronales, Antonio Garamendi por la CEOE y Gerardo Cuerva por Cepyme, y el de la UGT, Pepe Álvarez, han hecho llegar a la ministra de Trabajo, de manera informal, su deseo de que la prórroga de los Ertes más allá del 30 de septiembre no se limite al finales de año, sino que se establezca un nuevo plazo hasta la primavera del próximo año.
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El presidente de la Asociación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, considera que las ayudas por cese de actividad “están siendo un fracaso”.
El presidente de ATA recuerda que las ayudas por cese de actividad se pusieron en marcha el 1 de julio, pero que no están dando los resultados que se esperaban, ya que aún hay más de 280.000 actividades de autónomos aún cerradas desde el confinamiento. Sin embargo, a pesar de dicha cifra, solo cobrarán la ayuda unos 125.000 autónomos de los más de 3 millones de trabajadores por cuenta propia.
El fracaso a la hora de conseguir las ayudas, insiste el presidente de ATA se debe a los requisitos de acceso a las mismas. Amor señala que hay “mucha rigidez en los requisitos para acceder” y que este tipo de trabajadores tienen dificultades para poder acreditar el periodo mínimo de cotización.
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Respetar la distancia de seguridad entre compañeros. Usar el gel hidroalcohólico con frecuencia. Llevar siempre la mascarilla en los espacios comunes. Estas son algunas de las medidas que se le exigen a los trabajadores dentro del ámbito de la empresa para prevenir los contagios de coronavirus. Sin embargo, la semana pasada, Mediaset iba un paso más allá y despedía a su colaboradora Marta López por su actitud más allá de los platós.
López subió varios vídeos a sus redes sociales en los que estaba en un reservado del festival Starlite de Marbella sin llevar la mascarilla. Tras el revuelo, Mediaset publicó que prescindía de sus colaboraciones por, según reza el comunicado oficial, “la actitud públicamente irresponsable que ha manifestado en su ámbito privado, al no mantener la rigurosa conducta que todo ciudadano debe cumplir para superar la crisis sanitaria provocada por el Covid-19 y que por supuesto exige esta compañía”.
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El inicio del curso escolar, coincidiendo con la crisis de los rebrotes de contagios de Covid-19 ha puesto encima de la mesa la más que factible situación de que se produzcan numerosos cierres de centros escolares, donde se detecte transmisión descontrolada del virus. En esos casos, ¿qué ocurrirá con la asistencia al trabajo de los padres? La ministra de Educación, Isabel Celaá, sugirió el miércoles que el Gobierno estudiaba fórmulas como los permisos o las bajas médicas por Covid-19 para los padres que se vieran imposibilitados a acudir a su trabajo por una hipotética cuarentena de sus hijos.
Si bien, el Gobierno ya adoptó medidas para favorecer que los padres trabajadores se quedaran en casa si les afectaba la pandemia. Y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ya aclaró ayer que esas fórmulas citadas por Celaá, consisten en el mantenimiento y prórroga de las iniciativas que ya se aprobaron en los peores momentos del confinamiento.
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Aquellos trabajadores que lleven desde el mes de marzo, y de manera ininterrumpida, en erte verán reducido el importe de su prestación por desempleo. Una reducción que puede afectar a miles de personas en España, principalmente en el sector de la hostelería y las actividades vinculadas con el turismo que no hayan vuelto a reabrir desde la declaración del estado de alarma. Este descenso en el cobro de la prestación se producirá, si no hay cambio normativo que lo evite, a partir de la nómina del mes de septiembre, que se cobra en octubre, y viene provocada por una de las modificaciones introducidas en la última reforma laboral del PP.
Un trabajador, al darse de alta para cobrar el paro, comienza percibiendo el 70% de su base reguladora, con un límite de entre 1.098,09 y 1.411,83 euros al mes; según el número de hijos. Al cabo de seis meses de cobrar dicha prestación, el importe baja y se reduce al 50% de la base reguladora. Este fue uno de los muchos cambios que introdujo el Gobierno de Mariano Rajoy en la normativa laboral con su reforma. Antes, a los seis meses el descenso era del 70% al 60%.
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La figura del personal indefinido no fijo, de creación jurisprudencial, se originó en el marco de la contratación laboral irregular de las administraciones públicas, de modo que los empleados ilícitamente contratados no son considerados empleados de plantilla, sino contratados por tiempo indefinido, hasta que se proceda a la regular cobertura de la plaza, al estimar que el acceso a la función pública y a la plena estabilidad en el empleo público en propiedad debe sujetarse a convocatorias regidas por principios de mérito y capacidad.
A partir de ahí se había cuestionado si tal doctrina podía aplicarse también a las sociedades mercantiles estatales, es decir aquéllas en las que la actuación pública en la actividad económica se realiza mediante sociedades regidas por el derecho mercantil. De acuerdo con el criterio ahora expuesto por el Pleno de la Sala, aunque con Voto Particular de un magistrado, las sociedades mercantiles estatales, cuando se constate irregularidad en la contratación de un trabajador temporal, tendrán que reconocerle, en lugar de la condición de personal fijo como en las empresas privadas, el mismo régimen aplicable a los contratados en fraude de ley por organismos y administraciones públicas, es decir, esos trabajadores se considerarán indefinidos no fijos y no empleados fijos de plantilla.
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El 11% de las empresas que han presentado un ERTE ya han sido inspeccionadas o han recibido una notificación de que recibirán una visita de la Inspección de Trabajo en los próximos días.
Son datos que ha proporcionado el Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos, al igual que otro dato muy significativo. De todas las empresas que han sido inspeccionadas, un 8% han recibido algún expediente sancionador.
Según esta misma fuente casi la mitad de las organizaciones que realizaron un ERTE por fuerza mayor tienen en mente agotar el plazo que les otorgue el Gobierno. De ahí que los Órganos oficiales estén iniciando procesos de Inspección. Con el objetivo de vigilar que las empresas o los autónomos con empleados a su cargo no estén aprovechando ventajas que no les pertenecen.
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