Desde el 12 de mayo de 2019, hace dos años, todas las empresas españolas deben contar con un registro diario del horario laboral de sus trabajadores. Así lo señalaba el capítulo tres del real decreto-ley 8/2019, en su artículo 10 ―dentro del bloque Medidas de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo―, con el que se modificaba el Estatuto de los Trabajadores para incorporar esta nueva norma. A pesar de su obligatoriedad, desde que la Inspección de Trabajo comenzó a revisar su implementación ―las primeras investigaciones no se produjeron hasta pasados tres meses, lo que se definió como “periodo de flexibilidad”― ha detectado cerca de 9.000 infracciones y ha impuesto sanciones que superan los 16 millones de euros.

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Ante situaciones de crisis, ya sea por motivos internos de la empresa o ajenos a ella, la ley prevé mecanismos que permiten paliar las consecuencias económicas y laborales negativas, es el caso de las regulaciones de empleo colectivas. Estas medidas están sujetas a exigentes requisitos que han de cumplir las compañías que se acojan a ellas.

La omisión de una de estas exigencias es motivo de peso para que un despido colectivo sea considerado nulo. Es el caso de una reciente sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Cataluña (cuyo texto puedes ver aquí), que, en consonancia con la doctrina mayoritaria, ha declarado nulo un despido colectivo de una compañía por no alegar causas objetivas nuevas para acogerse a un ERE, diferentes a las aportadas previamente para la aprobación de un ERTE. Nulidad, que la sentencia acompaña del derecho de reincorporación a los puestos de trabajo en las mismas condiciones previas al despido.

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El Gobierno aprobó este martes la esperada ley de riders, una norma que fija la condición de asalariados de los repartidores a domicilio que ha tardado en llegar al Consejo de Ministros varios meses desde que el pasado 10 de marzo la cartera de Trabajo, los sindicatos CC OO y UGT y las patronales CEOE y Cepyme alcanzasen un acuerdo. La norma, a grandes rasgos, obligará a las empresas que se nutren del trabajo de los repartidores a contratarlos en el plazo máximo de tres meses. “Un joven que va en bici con una app no es un emprendedor”, resumió la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

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