Se acerca la campaña de la declaración de la Renta, del 6 de abril al 30 de junio, en la que los contribuyentes tendrán que rendir cuentas con Hacienda por el ejercicio 2021. Es posible reducir la factura fiscal si se incluyen las deducciones del IRPF a las que se tiene derecho. Existen las deducciones estatales para todos los ciudadanos españoles, como por maternidad, familia numerosa o pensiones, pero también hay deducciones autonómicas. Es decir, que hay diferentes conceptos por los que se pueden pagar menos impuestos en función de dónde se tenga fijada la residencia fiscal.

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Este incremento salarial está por debajo de la subida del 3,6% acordada entre el Gobierno y los sindicatos para el salario mínimo interprofesional (SMI) y está algo más en línea con las directrices marcadas en el Acuerdo Interconfederal para el Empleo y Negociación Colectiva (AENC) 2018-2020, que planteaba subidas salariales del entorno del 2% más un punto porcentual ligado a conceptos como la productividad, los resultados empresariales y el absentismo laboral.

Este AENC, que tenía vigencia hasta el año pasado, se encuentra a la espera de que los sindicatos y la patronal renueven y actualicen su contenido.

No obstante, hay que tener en cuenta que la mayor parte de los convenios registrados en enero se firmaron en ejercicios anteriores, aunque tengan efectos en 2022.

En concreto, en enero había registrados un total de 1.554 convenios colectivos con efectos económicos para dicho mes, de los que sólo uno se ha firmado este mismo año, con una subida salarial media del 6%. El resto, 1.553, se firmaron en ejercicios anteriores, y recogen un incremento salarial medio del 2,01%.

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No ha habido sorpresas. Los empresarios van a rechazar la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) de 965 a 1.000 euros (en 14 pagas) de forma retroacitva desde el 1 de enero pasado anunciado por el Gobierno. Así se desprende del rechazo unánime a este incremento mostrado hoy porl comité ejecutivo de las patronales CEOE y Cepyme a este incremento avanzado ayer por la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

La cúpula empresarial justifica esta negativa a aceptar un salario mínimo de 1.000 euros al mes debido a «un contexto económico de incertidumbre, en el que previsiblemente no se recuperarán los niveles de negocio precrisis hasta 2023, con presiones crecientes en los costes de las empresas y una notable caída acumulada de la productividad».

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Más de 100.000 autónomos todavía cobran la prestación por cese de actividad. La situación, en palabras del presidente de la Asociación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, “sigue siendo muy complicada”.

El presidente de ATA ha manifestado, tras conocer los datos del paro del mes de enero, que la mitad de los autónomos y de las empresas “aún no han recuperado los niveles previos a la pandemia”. Así, Amor ha recordado que en enero se perdieron 197.750 empleos, subió el paro en 17.173 personas y se registró una pérdida también de 16.164 autónomos, lo que supone 1.500 profesionales autónomos más que los que se perdieron en enero de 2021.

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