El empresario o profesional que tiene intención, confirmada por elementos objetivos, de iniciar con carácter independiente una actividad económica y realiza los primeros gastos de inversión, debe ser considerado sujeto pasivo, y al actuar como tal, tiene derecho a deducir de inmediato el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) devengado o ingresado por los gastos de inversión efectuados por las necesidades de las operaciones que pretende realizar y que tengan derecho a deducción, sin esperar al inicio de la explotación efectiva.

Así, lo establece el Tribunal Supremo, en sentencia de 19 de julio de 2017, que determina que el criterio preferente para proceder a la deducción del IVA soportado antes del inicio efectivo de las operaciones gravadas es la intención de destinar los bienes o servicios adquiridos o recibidos a una determinada actividad empresarial.

Así, señala el ponente, el magistrado Martínez Micó -en línea con la sentencia de la propia Sala- de 7 de marzo de 2014-, que una vez nacido el derecho, sigue existiendo aunque la actividad económica considerada no diera lugar a operaciones sujetas a gravamen o aunque el sujeto pasivo no hubiera podido utilizar los bienes en operaciones sujetas al impuesto a causa de circunstancias ajenas a su voluntad.

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Esta orden ministerial, que entrará en vigor este jueves, se aplicará a las declaraciones correspondientes a los periodos impositivos iniciados a partir del 1 de enero de 2016 en las que se informe «expresamente» de las operaciones con personas o entidades vinculadas.

Según Hacienda, se entiende «más acertado» el hecho de recoger la información en una declaración que solo tendrán que cumplimentar las entidades que estén obligadas a informar de las operaciones realizadas con personas o entidades vinculadas.

Además, entiende que con la eliminación de estos cuadros informativos, «de contenido a veces complejo», de la declaración del Impuesto sobre Sociedades reduce las cargas fiscales indirectas asociadas a la presentación de esta declaración.

Sin embargo, aunque el Impuesto sobre Sociedades no establece ninguna restricción específica en cuanto a las operaciones con personas o entidades vinculadas, la orden establece que se deberá informar sobre este tipo de operaciones cuando el importe de la contraprestación del conjunto de operaciones en el periodo impositivo supere los 250.000 euros.

No obstante, cuando se trata de operaciones específicas, la orden ministerial establece que será obligatorio informar de las mismas siempre que el importe del conjunto de cada tipo de operación en el periodo impositivo supere los 100.000 euros.

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Además del sol y playa, España quiere ser una referencia del turismo de compras. Muestra de ellos son los 77.000 millones de euros que gastaron los 75,3 millones de personas que visitaron el país durante 2016. Para incentivar esto, las empresas dedicadas al Tax Free, la devolución del IVA a los no residentes en la Unión Europea, intentan aprovechar la implantación del sistema DIVA por parte de Hacienda. Así los formularios de compra se pueden sellar de manera electrónica para agilizar los trámites para la recuperación de impuestos. El objetivo es que los visitantes se ahorren las colas en los aeropuertos mediante la realización del proceso en máquinas instaladas en las terminales.

Desde el lanzamiento del proyecto DIVA, en noviembre de 2016, la Agencia Tributaria ha valorado su puesta en marcha “como un gran éxito”, a pesar de que por el momento las empresas de Tax Free no están obligadas a usarlo. No obstante, los turistas tienen, desde el pasado marzo, una nueva herramienta para agilizar aún más el proceso: una aplicación que permite realizar todos los pasos a través del teléfono móvil. Desde el relleno del formulario en la tienda y el sellado electrónico en el aeropuerto, hasta el cobro del IVA de aquellos productos cuyo valor supera los 90,15 euros.

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La entrada en vigor del RD 596/2016 de 2 de diciembre, ha introducido importantes cambios en materia de suministro de información a la AEAT, que afectan a la situación que la empresa consultante, dedicada a la prestación de servicios sanitarios plantea a la Dirección General de Tributos en relación a la llevanza de los libros registros.

La DGT se ha pronunciado por primera vez sobre esta nueva regulación en Consulta Vinculante V1588-17, de 20 de junio de 2017, planteada por una empresa de servicios sanitarios.

Hasta ahora, la Administración Tributaria ha venido sosteniendo que si el empresario o profesional no tiene derecho a deducir las cuotas soportadas del Impuesto, por estar exenta del Impuesto la actividad que desarrolla, tampoco es necesaria la llevanza del Libro registro de facturas recibidas.

Este criterio debe modificarse tras la mencionada reforma en la normativa del IVA efectuada en el año 2016, que exige la llevanza de los Libros registro de facturas expedidas, recibidas, de bienes de inversión y de determinadas operaciones intracomunitarias a través de la Sede Electrónica de la AEAT en el caso de que el período de liquidación coincida con el mes natural o en caso de que opte voluntariamente por la llevanza de los mismos a través del nuevo sistema.

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En los últimos meses, y con el objetivo de aumentar el control tributario, desde el Ministerio de Hacienda y la Agencia Tributaria han aumentado el número de inspecciones a autónomos y pymes. Una situación ante la que estos colectivos tienen determinados derechos.

En primer lugar, según la asesoría e-autónomos, destaca el derecho a la inviolabilidad del domicilio. En este sentido, subrayan que el domicilio de una empresa es igual de inviolable que una residencia particular, por lo que ningún inspector podrá entrar si sus habitantes no lo permiten.

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