Hacienda ha decidido actualizar sus sistemas de control para hacer frente a las nuevas tecnologías y el avance de la digitalización. A partir del 1 de enero, la Agencia Tributaria controlará los pagos realizados por autónomos y pymes a través de plataformas como Bizum, independientemente de su cuantía. La medida no se aplicará a las operaciones entre los particulares, según confirma el ministerio de Hacienda. Su objetivo es combatir el fraude fiscal y aumentar la trazabilidad de las operaciones electrónicas.

“Solo deben declararse los cobros recibidos por empresarios y profesionales establecidos en España, quedan excluidos los cobros entre particulares o C2C (consumidor a consumidor)” como Wallapop, asegura la Agencia Tributaria. En estos casos, la obligación de declaración afectará a “los cobros con tarjetas y los pagos asociados a un número de teléfono móvil, cualquiera que sea su importe”. Hasta ahora, los bancos tenían la obligación de informar sobre las operaciones superiores a 3.000 euros.

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mencionado este martes en la entrevista concedida a la radio catalana Rac1 algunos de los “incumplimientos” que mantiene con Junts y que pretende resolver. Uno de ellos, y que ha trasladado al Consejo de Ministros de este martes, es el aplazamiento de la exigencia de cumplir con el sistema de verificación de facturas Verifactu, un software de la Agencia Tributaria que digitaliza este proceso. Está ideado para facilitar el proceso para pymes y autónomos y, a la vez, para que Hacienda estreche su vigilancia sobre estas facturas. El plazo de obligación de Verifactu estaba previsto para el 1 de enero de 2026 en empresas que paguen el impuesto de sociedades y para el 1 de julio de 2026 para autónomos y pymes. Con este aplazamiento, motivado por la situación política, pero con consecuencias de calado para las empresas en España, las firmas de mayor tamaño no estarán obligadas hasta enero de 2027, según precisa Hacienda, mientras las más pequeñas y los autónomos tendrán hasta julio de 2027. Es decir, un año más tarde del plazo previsto inicialmente.

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La Comisión Europea ha interpuesto una denuncia contra España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por discriminación fiscal a los ciudadanos extranjeros. La UE reprocha a Hacienda que permita a los españoles diferir la tributación de las ganancias obtenidas cuando las cobran en un plazo superior a un año, mientras que a los no residentes les obliga a declararlas en el momento en que se realiza la operación, aunque aún no hayan percibido el dinero.

José Blasi, abogado y asesor fiscal, y presidente de la Sección de Derecho Fiscal y Financiero del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona, quien ha llevado el asunto ante la Comisión Europea, explica a este diario que cuando un ciudadano que reside en España, ya sea empresa o particular, vende, por ejemplo, acciones de una empresa y la contraprestación no la obtiene de forma inmediata sino a plazos, esta persona tiene la opción de tributar en función del criterio de caja, en vez del de devengo. «El criterio de devengo básicamente significa que tienes que tributar en el momento en el que vendes y en el de caja, tributas, en vez de en forma inmediata, en función y proporcionalmente a esos plazos en los que te van pagando los importes correspondientes», señala.

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Para abordar esta cuestión, analizamos la reciente Consulta Vinculante V0286-25 sobre la adquisición de un inmueble por un matrimonio en régimen de separación de bienes y su tratamiento a efectos del ITP.

En el ámbito del ITP, la consulta analiza la adquisición de inmuebles por matrimonios en régimen de separación de bienes y plantea cuestiones específicas sobre la determinación de los hechos imponibles. La consulta proporciona un criterio claro sobre cómo deben considerarse estas adquisiciones a efectos del ITP.

La Dirección General de Tributos (DGT) concluye que, en estos casos, cada cónyuge realiza una adquisición independiente, generándose así dos hechos imponibles distintos. Esto significa que cada cónyuge debe liquidar su parte del ITP de forma separada, en proporción a la parte adquirida por cada uno. Este criterio se basa en la interpretación del artículo 7 del Texto Refundido de la Ley del ITPAJD.

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