Las microempresas, aquella que ingresan menos de un millón de euros al año y que suponen el 89% del total de compañías españolas, tributarán este año por primera vez a un tipo inferior que las grandes sociedades.

Las últimas rebajas fiscales para las sociedades de menor tamaño puestas en marcha por el Gobierno de cara al 1 de enero de 2025 lograrán dar un vuelco al mapa tributario de las empresas y hará que las firmas de menos tamaño asuman tipos de entre el 19% y el 21%; frente al tipo medio del 20,8% que afrontan las grandes compañías, según refleja el informe sobre La declaración de Sociedades de 2025 presentado este miércoles por el Registro de Economistas Asesores Fiscales del Consejo General de Economistas (REAF-CGE). Sin embargo, las microempresas afrontaron un tipo medio del 22,37%; las pequeñas firmas, uno del 22,97%, y las medianas, del 22,02%.

Por su parte, las pymes, aquellas que facturan entre 1 millón y 10 millones de euros, tendrán que esperar aún a 2029 para tributar menos que las grandes firmas.

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Novedades para las personas que tienen que presentar la Declaración de la Renta. La Agencia Tributaria ha actualizado algunas casillas de la Renta con las deducciones nuevas y modificadas convalidadas recientemente por la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha.

De esta manera, la nueva versión de Renta Web que incluye los cambios aprobados en materia de deducciones en estas dos comunidades, por lo que los contribuyentes ya se las podrán aplicar.

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Los ciudadanos que estén acogidos al Convenio Especial de la Seguridad Social para seguir cotizando, aunque ya no trabajen, hasta cumplir la edad de jubilación podrán deducirse estas aportaciones en la Renta. La Dirección General de Tributos (DGT), órgano directivo del Ministerio de Hacienda, ha publicado dos recientes consultas en las que aclara el tratamiento en el IRPF de estas cotizaciones.

El órgano indica que aquellos ciudadanos que estén acogidos a este Convenio (habitualmente por causar baja laboral, estar en jornada reducida o porque se les haya agotado el paro) para completar sus cotizaciones de cara a cobrar la pensión de jubilación «están en situación asimilada a la de alta en el Régimen de la Seguridad Social». «Esta Dirección General entiende que las cotizaciones al Convenio Especial se encuentran incluidas entre los gastos deducibles» del IRPF, concluye en su consulta del pasado 9 de febrero.

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El Tribunal Supremo (TS) fija que las empresas de nueva creación no se pueden aplicar el tipo reducido del 15% en el Impuesto de Sociedades si pertenecen a un grupo, aunque realicen una actividad distinta.

El alto tribunal, en una sentencia del 9 de marzo de la que fue ponente la magistrada María Dolores Rivera Frade, aclara que la intención del legislador al introducir este beneficio en el Impuesto de Sociedades es impedir «que los grupos de empresas fragmenten su actividad o sus actividades, iguales o diferentes, creando nuevas sociedades para tributar a un tipo reducido, cuya finalidad es incentivar empresas de nueva creación independientes».

La norma permite que las empresas de nueva creación que realicen una actividad económica puedan tributar a un tipo reducido del 15% los dos primeros años de beneficios. Sin embargo, excluye esta posibilidad en tres escenarios: si una persona o compañía vinculada a la nueva firma ha realizado antes esa misma actividad, si un particular se dedicó al mismo negocio un año antes y luego entró en la firma con más del 50% del control o cuando la empresa forma parte de un grupo.

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El Tribunal Supremo (TS) da carpetazo definitivo a la posibilidad de tumbar la obligación que tienen las empresas de adelantar a Hacienda el pago del impuesto de Sociedades. Las compañías tienen que abonar en abril, octubre y diciembre de cada año un pago mínimo del 23% de sus ganancias y, en la declaración definitiva del impuesto del ejercicio siguiente, el fisco ajusta cuentas (a semejanza de la Renta) y, si corresponde, les devuelve lo ingresado de más.

Esta obligación se aprobó por primera vez en el Real Decreto-ley de 2016, que fue declarado inconstitucional en 2020 por la Corte de Garantías, pero que el legislador, adelantándose al nefasto desenlace, incorporó a la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2018.

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