Solo cuatro de las 15 comunidades de régimen común mantienen una presión fiscal alta en el impuesto de sucesiones de padres a hijos. La aprobación de rebajas por parte de Baleares y Canarias más el compromiso adquirido por parte de los gobiernos regionales de La Rioja y Valencia acrecienta las diferencias de tributación entre comunidades hasta niveles no vistos en España. La lista de fiscalidad alta en sucesiones, en la que se incluye a Asturias, Aragón, Catalunya y Castilla La Mancha, en realidad se podrá reducir a tres comunidades si finalmente el nuevo Gobierno aragonés cumple con lo prometido y bonifica el impuesto al 99%.

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Hasta agosto de 2023, se han registrado 2,988 convenios colectivos con efectos económicos, beneficiando a 9,3 millones de trabajadores para el año en curso. La mayoría de estos convenios aún son aquellos firmados en años anteriores con efectos económicos para 2023, con incrementos salariales más moderados, promediando un 3,08%. En contraste, los acuerdos suscritos en 2023 bajo el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) son menos numerosos, pero presentan un aumento salarial medio más significativo, alcanzando un 4,25% y beneficiando al 26% de trabajadores con convenio. Por otro lado, en 2022, la variación media del Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue del 8,4%, mientras que hasta agosto de 2023 se sitúa en un 3,7% de media, lo que representa una diferencia de 5 décimas en comparación con los nuevos convenios, según informa el servicio de estudios del sindicato CCOO.

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“No es ajustado a Derecho la imposición a los obligados tributarios de relacionarse electrónicamente con la Administración”. Esto es lo que ha declarado el Tribunal Supremo en una reciente sentencia, donde estima parcialmente el recurso de Asociación Española de Asesores Fiscales (en adelante AEDAF) que se opone a la Orden HAC/277/2019 por la que se aprueban los modelos de declaración del IRPF y del Impuesto sobre el Patrimonio, en cuanto impone la obligación de presentación de las autoliquidaciones por medios telemáticos o telefónicos.

Para el tribunal no es ajustado a Derecho imponer a los obligados tributarios relacionarse electrónicamente con la Administración, pues se establece de manera general para todos los obligados tributarios sin tener en cuenta criterios como la capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos, “cuando constituye una excepción al derecho de los ciudadanos a ejercer sus derechos y cumplir con sus obligaciones a través de técnicas y medios electrónicos, informáticos o telemáticos con las garantías y requisitos previstos en cada procedimiento, reconocido en el art. 96.2 LGT”.

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La Agencia Tributaria no puede declarar a un menor de edad sin rentas responsable solidarios de las deudas de sus padres. Así lo ha determinado el Tribunal Supremo en una sentencia, con fecha del pasado 13 de julio, en la que ha descartado esta posibilidad en la modalidad de tributación conjunta del impuesto sobre renta de las personas físicas (IRPF) de la unidad familiar.

De este modo, el Alto Tribunal completa su doctrina sobre la responsabilidad solidaria de los menores de edad en temas de tributación. En abril de 2021, ya declaró que no se puede exigir a los menores que respondan ante Hacienda por la ocultación o transmisión de bienes o derechos realizada por su representante legal para impedir la actuación de la Administración tributaria. El Supremo afirmó que el menor carece de capacidad de obrar en dicha actuación.

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