Hacienda marca el camino para asegurarse el embargo del dinero que tienen los deudores en las cuentas, siempre que exceda las cuantías inembargables por ley de los salarios y las pensiones, y podrá confiscar directamente cualquier saldo que quede fuera de esta protección legal, como las ayudas de familiares para llegar a fin de mes.

El Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) ha fijado en dos resoluciones del 30 de abril el criterio que debe aplicarse para determinar qué saldos pueden o no embargarse, ante la disparidad de interpretaciones de los Tribunales Económico-Administrativos regionales (TEAR) que beneficiaban a los deudores.

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El Gobierno ha aprobado este martes el Real Decreto para implementar la factura electrónica para pymes y autónomos.

No obstante, aún queda tiempo para que la medida entre en marcha. A partir de ahora, la Agencia Tributaria tendrá que desarrollar una plataforma pública y gratuita para que las empresas y autónomos puedan utilizarla de forma voluntaria para emitir sus facturas digitales.

Una vez que se apruebe la Orden Ministerial que regula esta solución pública, las empresas y profesionales que facturen más de ocho millones de euros tendrán un plazo de un año para comenzar a emitir sus facturas en formato digital, mientras que aquellas compañías y autónomos que ingresen menos de ocho millones de euros tendrán dos años.

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La Dirección General de Tributos (DGT), órgano directivo del Ministerio de Hacienda, ha aclarado en una reciente consulta del pasado 11 de noviembre que donar dinero a un hijo que vive en el extranjero, pero cuya cuenta destinataria está situada en un banco en España tributa en nuestro país.

La consulta responde así a un residente en Reino Unido al que su padre le va a realizar una transferencia de dinero en una cuenta que tiene situada en La Rioja.

El órgano concluye que la donación dineraria que va a recibir «estará sujeta a tributación en España por obligación real, ya que el dinero objeto de la donación estará situado en España en el momento de la realización del negocio jurídico». Es decir, cuando se haga el traspaso.

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El Tribunal Supremo (TS) aclara que las empresas no tienen la obligación de aceptar la solicitud de jubilación parcial anticipada de los trabajadores, aunque los empleados cumplan con todos los requisitos que exige la Seguridad Social. Siempre será necesario que haya un acuerdo entre las partes.

No obstante, la sentencia matiza que solo en el caso de que un convenio colectivo imponga a la compañía la obligación de aceptar la solicitud o firmar un nuevo contrato de relevo, los trabajadores podrán exigir entonces su derecho a la jubilación parcial anticipada de forma unilateral.

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Hacienda ha decidido actualizar sus sistemas de control para hacer frente a las nuevas tecnologías y el avance de la digitalización. A partir del 1 de enero, la Agencia Tributaria controlará los pagos realizados por autónomos y pymes a través de plataformas como Bizum, independientemente de su cuantía. La medida no se aplicará a las operaciones entre los particulares, según confirma el ministerio de Hacienda. Su objetivo es combatir el fraude fiscal y aumentar la trazabilidad de las operaciones electrónicas.

“Solo deben declararse los cobros recibidos por empresarios y profesionales establecidos en España, quedan excluidos los cobros entre particulares o C2C (consumidor a consumidor)” como Wallapop, asegura la Agencia Tributaria. En estos casos, la obligación de declaración afectará a “los cobros con tarjetas y los pagos asociados a un número de teléfono móvil, cualquiera que sea su importe”. Hasta ahora, los bancos tenían la obligación de informar sobre las operaciones superiores a 3.000 euros.

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