El Gobierno de Pedro Sánchez se guardaba un as en la manga, del que ni siquiera informó oficialmente a Bruselas, para cuadrar su plan presupuestario del ejercicio 2019. El Ejecutivo prevé elevar las bases máximas de cotización a la Seguridad Social entre un 10% y un 12% el próximo año para lograr un incremento adicional de ingresos de entre 1.000 y 1.100 millones de euros. Así lo reveló este jueves por la tarde el presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), José Luis Escrivá, en su comparecía ante la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados.
Escrivá, convocado a la Cámara Baja para presentar su evaluación del programa económico del Ejecutivo y sus proyecciones fiscales, subrayó que esta medida de última hora le fue comunicada por el Gobierno después de que se remitiese el plan presupuestario oficial a Bruselas, el pasado 15 de octubre. Allí no se incluyó, aunque la UE ha pedido luego datos adicionales. De hecho, Airef tenía previsto publicar su informe el pasado martes pero pospuso sus conclusiones “ante la documentación adicional” que le facilitó el Gobierno. Escrivá subrayó la importancia que tiene la iniciativa para equilibrar las cuentas analizadas.
Las bases de cotización establecen los tramos de salario por los que se debe cotizar a la Seguridad Social. Actualmente, la base máxima del Régimen General se sitúa en 3.803,70 euros al mes, unos 45.644 euros anuales. El sueldo que supere esa cuantía no cotiza. La cifra había sido congelada este año para frenar el alza del gasto en pensiones, pues a mayor cotización más alta es la prestación que se recibe.
Subir la base máxima un 10%, hasta los 50.209 euros, supondría que los empresarios, que deben abonar a la Seguridad Social un 23,6% de la cuantía como cotizaciones, pasarían a pagar 11.849 euros al año por cada empleado que cobre dicho sueldo. Es decir, 1.077 euros más al año que ahora. El propio trabajador, que debe abonar otro 4,7% en cotizaciones, pagaría 2.360 euros, 215 euros más. Si el incremento fuera del 12%, hasta los 51.121 euros, el empleador pagaría 1.293 euros más que en la actualidad y el empleado 257 euros extra, al año.
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